¿Riesgo o protección? El polémico proyecto de ley que podría blindar a la policía en Texas

En los últimos años, Estados Unidos ha sido escenario de intensos debates y enfrentamientos sobre el uso de la fuerza por parte de la policía. Desde las protestas a nivel nacional que estallaron en 2020 por el asesinato de George Floyd hasta los juicios recientes contra oficiales por fuerza excesiva, la sociedad estadounidense atraviesa una etapa crítica en la lucha por definir los límites entre autoridad legítima y abuso de poder.

En este contexto, el estado de Texas se encuentra en el centro de una controversia legislativa con profundas implicaciones legales y sociales: la propuesta del Proyecto de Ley HB 2436, recientemente discutida en la cámara baja del Congreso estatal. Esta iniciativa busca convertir en norma una excepción legal que protegería a oficiales de policía de ser acusados de "conducta mortal" en el ejercicio de sus funciones. Aunque presentada como una medida de respaldo a las fuerzas del orden, ha generado fuertes críticas por parte de fiscales, defensores civiles y ciudadanos preocupados por la impunidad policial.

¿Qué es exactamente el delito de "conducta mortal"?

Bajo el Código Penal de Texas, el cargo de "conducta mortal" fue originalmente creado para combatir los actos imprudentes que pusieran en peligro la vida de otros, especialmente frente al auge de la violencia de pandillas, como los tiroteos desde vehículos en movimiento. Este delito implica acciones peligrosas —como disparar un arma de fuego sin justificación— que ponen en riesgo la vida de otros aun si no hay intención explícita de matar.

En teoría, esto incluye también a policías cuyas decisiones en el uso de sus armas no se ajusten a los protocolos o pongan en peligro a civiles de manera irracional. En los últimos años, varios agentes han sido procesados bajo este cargo en Texas, especialmente tras incidentes donde se cuestionó la proporcionalidad del uso de la fuerza.

El caso Mauris DeSilva: ¿imprudencia o respuesta adecuada?

Uno de los casos más notorios es el de Christopher Taylor, un oficial de policía de Austin, quien en 2019 disparó y mató a Mauris DeSilva, un hombre que sufría una crisis de salud mental y sostenía un cuchillo. Taylor fue condenado en 2023 a dos años de prisión por conducta mortal, un caso que despertó conmoción tanto por sus implicaciones legales como por el hecho de que pocos oficiales en la historia reciente han enfrentado condenas similares.

Según los fiscales, DeSilva no representaba un peligro para los oficiales, solo para sí mismo. La familia de la víctima denunció que el uso de fuerza letal era innecesario. Sin embargo, los abogados de Taylor calificaron la acusación como un ejemplo de persecución política.

HB 2436: ¿una carta blanca para el uso de la fuerza?

Redactado por el representante republicano Cole Hefner, el HB 2436 argumenta que los oficiales necesitan protección legal cuando cumplen con su deber. En palabras del legislador: "Queremos proteger a quienes hacen su trabajo oficial de fiscales que pueden tener motivaciones políticas".

La medida busca eximir a los policías de ser acusados penalmente por conducta mortal cuando sus acciones ocurren en el desempeño de funciones oficiales. La versión inicial incluso buscaba aplicar retroactivamente esta exención, lo que habría absuelto casos pasados como el de Taylor, aunque finalmente ese punto fue retirado del texto por presión pública.

Las voces en contra: fiscales, defensores civiles y organizaciones comunitarias

• José Garza, Fiscal del Condado de Travis: "Permitir que policías disparen a personas sin justificación hará que nuestras comunidades sean menos seguras".
• Yasmine Smith, Liga Urbana del Área de Austin: "Eliminar mecanismos de responsabilidad convierte a los 'malos actores' en la policía en amenazas impunes".
• John Creuzot, Fiscal del Condado de Dallas: "Si se elimina la opción de acusar por conducta mortal, solo quedarán cargos más severos como asesinato, lo que introduce una rigidez innecesaria y potencialmente injusta en el sistema".

De forma unánime, los críticos alegan que esta ley elimina una herramienta crucial para hacer justicia sin criminalizar excesivamente a los oficiales. Para ellos, la distinción entre error y mala praxis profesional es importante, pero el HB 2436 borra esa línea.

El trasfondo político: entre "Back the Blue" y la desconfianza popular

La iniciativa se alinea claramente con la agenda del gobernador Greg Abbott y sectores conservadores que han promovido políticas para blindar presupuestos policiales, exigir lealtad a las fuerzas del orden y evitar cualquier movimiento que parezca "anti-policía". En 2021, Texas aprobó una ley que impide a municipios reducir presupuestos policiales, y recientemente algunos candidatos deben firmar juramentos públicos a favor de la policía.

Estas medidas surgen como reacción a las protestas de 2020 y al creciente poder de fiscales progresistas en grandes ciudades como Austin o Dallas, que han demostrado voluntad para juzgar a oficiales. Según los legisladores republicanos, estos fiscales tienen motivaciones ideológicas al acusar a policías de cumplir con su deber.

Impacto en la estructura de enjuiciamiento penal

Aunque en apariencia la ley actúa como una protección institucional, expertos señalan que podría alterar profundamente el equilibrio entre responsabilidad civil y acción penal. Al eliminar el cargo de conducta mortal como opción para fiscales, se verían forzados a elegir entre delitos más graves como asesinato (con penas de 5 a 99 años) o asalto agravado (2 a 20 años), lo que en muchos casos puede ser excesivo incluso para acciones negligentes.

Esto puede tener un efecto contraproducente: en lugar de prevenir juicios contra oficiales, podría llevar a fiscales a imputar cargos más difíciles de probar, u optar por no imputar nada, debilitando la confianza pública en el sistema judicial.

Otras leyes en la misma línea

El HB 2436 no es una isla. Junto a este proyecto se han presentado otras iniciativas en Texas centradas en reforzar la autoridad policial, aumentar penas contra quienes dañen propiedades policiales, y dificultar protestas consideradas "hostiles" contra agentes.

En 2020 en Dallas, varios oficiales fueron acusados de conducta mortal tras lanzar balas de goma de manera imprudente contra manifestantes. En 2022, otro caso en Austin involucró a Daniel Sánchez, un oficial que disparó y mató a Rajan Moonesinghe cuando este estaba en su propia casa, tras una llamada al 911. Ese caso aún sigue en evaluación, pero podría verse directamente afectado por la aprobación del HB 2436.

¿Qué opinan los policías?

Algunos agentes y formadores como Jerry Staton, quien trabajó 25 años en Austin, apoyan la ley. Según Staton: "Un oficial puede violar la ley de conducta mortal solo por sacar un arma. Eso es ilógico. Esto tiene que cambiar". Y añade que las decisiones en escenarios de vida o muerte muchas veces dejan poco margen al policía, quien actúa según el entrenamiento recibido.

Sin embargo, incluso dentro de las propias fuerzas hay debate. Algunos comandantes en otras partes del país han abogado por sistemas que penalicen los abusos, sin criminalizar necesariamente errores humanos que no impliquen malicia. En tiempos donde el escrutinio público de la policía está en niveles récord, eliminar la rendición de cuentas no parece una solución sostenible.

Una visión desde los Derechos Humanos

Organizaciones como ACLU, Human Rights Watch y Black Lives Matter han señalado que ese tipo de medidas erosionan los avances alcanzados tras años de lucha por la reforma policial. Según un informe de HRW de 2023, más de 1.000 personas mueren anualmente en EE. UU. a manos de la policía, y en menos del 2% de los casos los oficiales enfrentan cargos penales. Eliminar herramientas legales para controlar estos casos solo contribuiría a aumentar esa impunidad.

El HB 2436 representa una peligrosa simplificación de un problema complejo. Nadie duda que los policías deban sentirse respaldados en su labor, pero ese respaldo no puede verse como sinónimo de impunidad. La justicia se fortalece cuando actúa de manera equilibrada, justa y transparente.

¿Será Texas el primer estado en blindar completamente a su policía? La respuesta no es trivial. Está en juego el delicado balance entre autoridad y derechos civiles. Una democracia sólida requiere instituciones que operen bajo escrutinio y responsabilidad. Cabe al Congreso de Texas y a su ciudadanía decidir si ese valor aún permanece vigente.