¿Cuánto cuesta llegar tarde? El debate sobre las tarifas por pagos atrasados de tarjetas de crédito

Una batalla silenciosa en los bolsillos estadounidenses

En un país donde más del 70% de los adultos posee al menos una tarjeta de crédito, los cargos por pagos atrasados se han convertido en un peso constante para millones de hogares. A inicios de este mes, un juez federal en Texas desechó una norma federal que buscaba limitar estos cargos a un máximo de $8, decisión que ha incendiado nuevamente una batalla entre los reguladores, consumidores y los poderosos bancos emisores.

El fallo detuvo la implementación de una regla de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) que prometía ahorrar más de $10 mil millones anuales a las familias estadounidenses. Dicha normativa formaba parte de una serie de iniciativas impulsadas por la administración Biden bajo el discurso de eliminar las llamadas junk fees, o tarifas abusivas.

¿Por qué debía limitarse esta tarifa?

Las cifras no mienten. Según la CFPB, el cargo promedio por pago tardío era de $23 en 2010. Para 2022 ya había aumentado a $32, y en 2025 se estimaba en $30.50, alcanzando hasta un máximo de $41 en algunos casos. Estas tarifas superan con creces los costos operativos que le representa a un banco la gestión del impago. De hecho, el propio CFPB determinó que con una tarifa de $8 el banco ya recupera sus costos operativos.

También lo señaló Horacio Méndez, presidente del Woodstock Institute, quien describió la revocación de la norma como un golpe devastador: “El sector de las tarjetas de crédito ha inflado artificialmente estas tarifas convirtiéndolas en una fuente de lucro, afectando a las familias más vulnerables”.

¿Quiénes son los más afectados?

Según un estudio de Consumer Reports publicado en septiembre de 2023, uno de cada cinco adultos estadounidenses —cerca de 52 millones de personas— pagó una tarifa por retraso en el último año. El peso económico recae desproporcionadamente en:

• Personas de ingresos bajos
• Comunidades de color
• Hogares que viven cheque a cheque

Estos grupos suelen tener menos margen para maniobrar financieramente y más exposición a cargos por retrasos, que a su vez afectan su calificación crediticia, perpetuando el ciclo de exclusión financiera.

¿Qué decía la regla del CFPB?

La regla que provocó tanta fricción tiene su origen en la Ley CARD de 2009, una legislación que buscaba frenar los abusos de la industria de tarjetas de crédito. En 2010, el sistema de la Reserva Federal permitió una excepción denominada "cláusula de inmunidad” que permitía cobrar $25 por la primera mora y $35 por las siguientes, cifras que al ajustarse por inflación ascendieron a $30 y $41 respectivamente.

La nueva regla del CFPB proponía simplemente suprimir este ajuste automático por inflación y fijar una tarifa estándar de $8. Un cambio pequeño en apariencia, pero de gran significado económico para los bancos emisores, que según estimaciones recaudan alrededor de $14 mil millones anuales en estas tarifas.

La postura de los bancos

Desde el inicio, grupos como la Asociación Estadounidense de Banqueros y la Cámara de Comercio de EE.UU. se opusieron firmemente al tope. Alegaban que:

• Las tarifas actuales funcionan como incentivo disuasorio contra nuevos retrasos.
• Reducirlas podría aumentar el riesgo crediticio.
• Limitaría su capacidad para mantener el acceso al crédito para ciertos grupos.

Argumentaron además que la nueva regla dañaría la rentabilidad, llevando a una subida en las tasas de interés y restringiendo el acceso al crédito, afectando así a los mismos consumidores que se trataba de proteger.

¿Cómo evitar pagar estos cargos?

Aunque el panorama regulador es incierto, los consumidores pueden adoptar algunas medidas para protegerse:

• Activar pagos automáticos: Configurar tu tarjeta para que pague automáticamente al menos el mínimo mensualmente.
• Elegir productos sin tarifas por mora: Tarjetas como Citi Simplicity o la Apple Card no imponen cargos por retrasos.
• Negociar con el emisor: Es usual que al llamar y explicar la situación, especialmente si es la primera vez, te eximan de la penalidad.
• Hacer pagos parciales antes del corte: Esto reduce el saldo pendiente y puede mejorar tu puntaje crediticio.
• Aplicar a programas de alivio financiero: En situaciones de pérdida de empleo, emergencias médicas o desastres naturales, muchas emisoras ofrecen planes especiales.

Un debate que va más allá del dinero

Lo que está en juego en este debate no solo son cifras. También hay implicaciones sociales y éticas profundas. La industria ha construido un modelo de negocio en torno al castigo por error, que no solo lucra sino que penaliza desproporcionadamente a los más vulnerables.

El concepto de junk fees fue conceptualizado por la administración Biden como tarifas ocultas o excesivas que no reflejan un costo real ni están justificadas desde la perspectiva del consumidor. En ese contexto, las tarifas por pagos atrasados son una de las más discutidas, al representar un castigo financiero incluso cuando no existe intención de impago.

¿Y qué hay del precedente legal?

La decisión del juez texano no ocurrió en el vacío. Se dio justo después de que los grupos bancarios que impulsaron la demanda y el CFPB llegaran a una especie de acuerdo bajo la administración Trump. Más allá de lo económico, esto demuestra cómo la regulación financiera puede fluctuar drásticamente dependiendo de la administración política en el poder.

El caso aún puede ser apelado, pero por ahora, los consumidores seguirán enfrentando tarifas de hasta $41 —una cifra que, acumulada con intereses compuestos, puede convertirse en una verdadera pesadilla financiera.

¿Una nueva oportunidad para repensar el sistema financiero?

Más que limitarse a la tarifa específica, esta controversia invita a repensar la lógica detrás del sistema de tarjetas de crédito. ¿Debe penalizarse el error o promoverse la educación financiera? ¿Es ético lucrar con los errores más frecuentes de los menos informados o económicamente inestables?

En palabras de Méndez: “Los consumidores comprenden que ciertos servicios tienen un precio. Pero ese precio no tiene por qué ser punitivo para que sea efectivo”. Esta perspectiva plantea una discusión mayor sobre el rumbo de la industria financiera en Estados Unidos.

Es momento de preguntarnos si debemos seguir operando bajo un sistema de castigos, o idear uno que promueva la estabilidad, la previsibilidad y la inclusión financiera para todos.