Batallas legales y políticas en EE. UU.: ciudades santuario, diversidad escolar y censura universitaria

En las últimas semanas, varios episodios en tribunales federales evidenciaron las profundas divisiones políticas y legales en Estados Unidos en torno a temas de inmigración, diversidad e inclusión, y libertad de expresión. Las decisiones incluyeron bloquear intentos del expresidente Donald Trump de retirar fondos a ciudades “santuario”, frenar una orden que prohibía esfuerzos de diversidad en las escuelas públicas y la cancelación de un concierto en Cornell University por considerar que la artista era antisemita. Estos eventos no son aislados: reflejan una nación que sigue redefiniendo sus parámetros constitucionales entre seguridad, equidad y libertad.

1. Las ciudades santuario vs. Trump: una batalla que se arrastra desde 2017

Un juez federal de California, William Orrick, emitió una orden que prohíbe a la administración Trump condicionar o negar fondos federales a las llamadas "ciudades santuario". Estas jurisdicciones se caracterizan por su cooperación limitada con las autoridades de inmigración federales, especialmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El fallo de Orrick indica que estas órdenes ejecutivas violaban la Constitución al alterar el balance de poderes entre los gobiernos federales y locales. Ya en 2017, estas órdenes habían sido denunciadas y el Noveno Circuito ratificó la decisión judicial en favor de San Francisco, sosteniendo que el presidente no tenía autoridad para imponer tales condiciones al presupuesto sin la aprobación del Congreso.

Las ciudades demandantes no son pocas: entre ellas figuran San Francisco, San José, Seattle, Portland, Minneapolis, New Haven y Santa Fe. Todas defienden que las políticas santuario protegen la convivencia comunitaria al permitir que inmigrantes colaboren con la policía sin temor a la deportación. Además, alegan que no se trata de "encubrimiento de criminales" como sugiere el discurso conservador, sino de proteger recursos locales y fomentar la integración.

“Los inmigrantes tienen derecho a vivir sin miedo en nuestras comunidades”, declaró en su momento la alcaldesa de San José, respaldando la decisión judicial. Esta postura gira en torno a un dato clave: las ciudades santuario tienden a tener índices de criminalidad más bajos que sus pares.

2. Diversidad en las escuelas: ¿nuevo ataque a las políticas de equidad?

En un segundo fallo destacado, un juez federal en New Hampshire bloqueó temporalmente la orden Trump que prohibía programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas K-12.

Según la administración, estos programas violaban leyes federales al "discriminar" contra estudiantes blancos y asiático-americanos. La orden instaba a los estados a certificar el fin de prácticas DEI o arriesgarse a perder fondos federales. La respuesta fue rápida: la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Asociación Nacional de Educación (NEA) presentaron una demanda argumentando que esta directiva violaba el derecho a la libre expresión y el debido proceso.

La demanda se sustenta en que el memo gubernamental amplía de forma desproporcionada un fallo de la Corte Suprema de 2023 que declaró inconstitucional el uso de la raza como criterio en admisiones universitarias. Ahora, se pretende extender esa lógica a todas las esferas educativas: contratación, becas, eventos y hasta convivencia estudiantil.

“El propósito de un entorno escolar inclusivo no es victimizar, sino educar”, aseguró Becky Pringle, presidenta de la NEA. “Este ataque no es solo legal, es ideológico, y busca eliminar discusiones históricas y culturales cruciales del espacio educativo”.

Algunos estados demócratas ya anunciaron que se negarán a cumplir con estos requerimientos, desafiando abiertamente la amenaza de perder recursos federales. Mientras tanto, los sindicatos de maestros alertan que miles de educadores corren el riesgo de sanciones injustas por enseñar la historia racial o promover espacios seguros para estudiantes de minorías.

3. Cornell cancela a Kehlani: ¿libertad de expresión o apología del odio?

El tercer suceso que cosechó controversia se dio en Cornell University (Ithaca, Nueva York), cuando su presidente decidió cancelar la actuación de la cantante R&B Kehlani tras recibir quejas por supuestos comentarios antisemitas y expresiones pro-palestinas.

El evento, conocido como “Slope Day”, reúne a miles de estudiantes y esperaba contar con Kehlani como cabeza de cartel. Sin embargo, un video musical en el que la artista aparece con una bandera palestina y la frase “long live the intifada” (“larga vida a la intifada”) generó críticas intensas. Algunos vieron ello como una apología a la violencia contra el pueblo judío.

Michael Kotlikoff, presidente de Cornell, justificó su decisión en una carta abierta alegando que “el evento busca unir, no dividir”. Las redes sociales y medios liberales reaccionaron con denuncias de cancel culture aplicada por sectores conservadores, y activistas pro-palestinos acusaron una política de censura cultural disfrazada de neutralidad.

Este episodio se enmarca en un contexto delicado: desde el inicio del conflicto en Gaza, las universidades estadounidenses lidian con presiones de ambos extremos. Por un lado, algunos exigen tolerancia cero con cualquier expresión que pueda interpretarse como antisemitismo. Por otro, estudiantes y profesores claman por el derecho a denunciar la violencia contra los palestinos, incluso desde una postura académica.

La situación se agravó luego de que la administración Trump congelara más de mil millones de dólares en fondos para Cornell, como parte de una investigación por supuestas violaciones a derechos civiles. Una medida que, de confirmarse, sentaría precedente peligroso sobre el rol del poder federativo en la gestión interna de los campus universitarios.

Una nación dividida, una justicia en disputa

Estos tres casos tienen un hilo conductor claro: el choque entre la reciente agenda conservadora impulsada por el expresidente Donald Trump y la resistencia legislativa, judicial y ciudadana que emergió desde gobiernos locales y comunidades progresistas.

El uso de fondos federales como mecanismo de presión política ha sido cuestionado por juristas de todos los sectores. La Constitución estadounidense reserva al Congreso la aprobación del gasto, haciendo que directivas del Ejecutivo que intenten condicionar recursos sin base legal sean consideradas inconstitucionales.

Por otro lado, las decisiones vinculadas a la libertad de expresión (como la anulación de Kehlani) plantean el viejo dilema sobre qué límites existen en el discurso dentro de instituciones públicas sometidas a múltiples sensibilidades sociales.

En el fondo, lo que está en juego no es solo dinero o artistas invitados. Es el modelo mismo de sociedad que los estadounidenses quieren preservar: uno basado en reglas claras, diversidad de perspectivas y respeto mutuo, o uno en el que el poder federal impone una visión unilateral disfrazada de neutralidad constitucional.

Como dijo el juez Orrick en su fallo: “El precedente más claro para estas decisiones viene de nuestros propios errores pasados. Debemos tener cuidado con repetirlos”.