Represión, regulaciones y ruido político: El nuevo rostro del conservadurismo estadounidense

Una guerra cultural con nuevos escenarios: las universidades

En un reciente evento en la exclusiva comunidad de Dataw Island, la representante republicana Nancy Mace dejó al descubierto el creciente uso político de acusaciones de antisemitismo en universidades como Harvard. Mace, aliada de Donald Trump, recibió aplausos y críticas por sus declaraciones en las que condena las manifestaciones pro-palestinas en campus universitarios y asegura estar "100% con los judíos en Israel".

Las acusaciones de antisemitismo universitario se enmarcan dentro de un nuevo esfuerzo del Partido Republicano por enfrentar los centros académicos tradicionales, acusándolos de permitir plataformas para discursos antisemitas y de izquierda radical. Harvard demandó al gobierno federal para detener el congelamiento de 2.2 mil millones en subvenciones, luego de que se negara a acatar ciertas restricciones impuestas por el gobierno de Trump respecto a la libertad de expresión en campus.

“No queremos antisemitismo en sus campus. No deberían recibir fondos federales,” dijo Mace sobre Harvard. Estas declaraciones provocaron que algunos asistentes abandonaran el acto, evidenciando las fracturas ideológicas incluso en un espacio predominantemente conservador.

¿Guerra cultural o cálculo político?

Esta actitud combativa hacia sectores académicos podría tener una doble finalidad. Por un lado, refuerza las credenciales ideológicas de Mace de cara a una posible candidatura a gobernadora de Carolina del Sur en 2026. Y por el otro, sirve para capitalizar un tema que genera intensa emoción entre conservadores: “las universidades están criando lunáticos”, dijo la congresista, insertando el mensaje dentro del discurso más amplio contra las élites progresistas.

En términos políticos, esto marca un giro hacia una estrategia más directa de represalia financiera contra universidades que albergan ideologías contrarias al trumpismo. Desde 2016, Trump y su entorno han señalado a las instituciones académicas como agentes de la “izquierda radical”, y ese discurso, lejos de agotarse, parece reforzarse a medida que se consolidan las campañas de 2024.

Tren de Aragua: política migratoria y terrorismo

En un gesto sin precedentes, el Departamento de Justicia de EE.UU., bajo órdenes del expresidente Trump, acusó a un presunto alto miembro del Tren de Aragua por actos de terrorismo. El venezolano José Enrique Martínez Flores fue procesado por tráfico de drogas y conspiración para ofrecer apoyo a una organización terrorista extranjera: una categoría en la que por primera vez se incluye a esta banda.

Según las autoridades, Martínez Flores forma parte del “círculo interno de liderazgo” del Tren de Aragua, una agrupación criminal originaria de Venezuela, señalada por su rol en el narcotráfico, el secuestro y la violencia transnacional. La novedad aquí no es solo la imputación, sino el marco legal utilizado: se invocó una ley antiterrorista empleada tradicionalmente contra grupos como Al Qaeda o Estado Islámico.

“TdA no es una pandilla callejera – es una organización terrorista altamente estructurada,” dijo la procuradora Pam Bondi. La declaración tiene repercusiones enormes. Supone que, de ahora en más, apoyar al Tren de Aragua es considerado un acto de terrorismo federal.

Un enemigo funcional: inmigración, seguridad y política electoral

Este movimiento no solo responde a motivos de seguridad nacional, sino a una estrategia política electoral. Trump ha centrado su discurso en pintar a los migrantes venezolanos como parte de una “invasión”, y con esta imputación, fundamenta una narrativa que conecta inmigración ilegal con terrorismo.

Para contextualizar, el Tren de Aragua surgió en prisiones venezolanas a principios de los años 2010. Desde ahí, ha extendido sus operaciones a Colombia, Perú, Chile y, más recientemente, a Estados Unidos. Sus métodos han sido descritos como brutales y despiadados, lo que facilita su demonización política. La designación oficial como organización terrorista legitima un aumento en redadas, deportaciones y vigilancia a migrantes latinos, especialmente venezolanos.

En paralelo, se anunció un segundo procesamiento por crimen organizado bajo leyes diseñadas para acabar con la mafia, como la Ley RICO. Este nuevo enfoque marca una era en la cual el crimen organizado transnacional será también gestionado como asunto de “seguridad nacional” y no solo criminal.

La regulación también entra al ring: el caso Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley para establecer la Oficina de Eficiencia Regulatoria, inspirada en el llamado DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) promovido por Elon Musk y republicanos prominentes. El objetivo declarado: reducir el tamaño del estado y controlar el progreso regulatorio.

La ley, sin embargo, fue criticada por gremios de servidores públicos como una “nueva capa de burocracia en lugar de eliminar una”. Myko Gedutis del sindicato de empleados estatales de Texas lo tachó de contradictorio: mientras se busca eficiencia, se crean nuevas oficinas con funciones redundantes.

Abbott no mencionó posibles despidos (una medida ejecutada por DOGE a nivel federal), pero su argumentación giró en torno a la reducción del “estado administrativo”. Esta visión comulga perfectamente con la doctrina conservadora de menos gobierno, menos impuestos, más mercado.

No es un fenómeno aislado. Más de 20 estados han implementado oficinas o comités DOGE, como parte de un movimiento nacional conservador que busca modificar de raíz el rol del Estado en la vida diaria. Desde Montana hasta Florida, estas estructuras empiezan a reformar procesos internos y eliminar regulaciones sobre ecosistemas, protección al consumidor y derechos laborales.

La ofensiva conservadora se diversifica: estrategia o caos disciplinado

Lo que conecta estos tres frentes —antisemitismo universitario, criminalización de inmigrantes y eficiencia regulatoria— es la doctrina del conflicto como herramienta de poder. Bajo el liderazgo de Trump y sus aliados, el Partido Republicano ha abandonado las estrategias tradicionales de gobernabilidad consensuada para abrazar visiones de choque con el “progresismo sistémico”.

A pesar de las divisiones internas —como el caso de Nancy Mace y algunos votantes que la abandonan— el patrón es claro: construir enemigos funcionales (Harvard, el Tren de Aragua, la burocracia estatal) permite justificar medidas excepcionales y reforzar la cohesión ideológica conservadora.

Todo esto apunta hacia 2026 y, más inmediatamente, hacia las elecciones de 2024. Cada ley, cada acusación y cada discurso buscan no solo moldear políticas, sino ofrecer un marco de guerra cultural permanente. Y en ese marco, la eficiencia, el control y el castigo parecen ser los pilares que definen el nuevo conservadurismo estadounidense.

“Hoy marcamos un punto de inflexión en cómo este Departamento de Justicia va a procesar y, en última instancia, desmantelar esta organización maligna”, dijo Bondi sobre TdA. Puede que indirectamente también haya marcado un cambio definitivo en el tono y la dirección de la política republicana en EE.UU.