Las adopciones internacionales de Corea del Sur: un legado de abuso y ocultamiento que exige justicia

Una verdad pospuesta: la suspensión de la Comisión de la Verdad en Corea del Sur

En marzo de 2025, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Corea del Sur anunció la suspensión de una de las investigaciones más significativas sobre violaciones a los derechos humanos del país: el programa de adopciones internacionales gestionado desde los años 50 hasta los 90. Durante este periodo, más de 200,000 niños surcoreanos fueron enviados a hogares en Estados Unidos, Europa, Australia y otros lugares bajo la promesa de un bienestar mayor. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado una realidad muy diferente.

El resultado preliminar de la comisión determinó que solo se habían confirmado 56 casos de abuso grave entre las 367 quejas presentadas por personas adoptadas. Otros 311 casos quedaron en el limbo, debido a que la comisión no logró concluir su evaluación antes de la fecha límite del 26 de mayo, y aún queda por ver si un futuro gobierno reiniciará el proceso. Este desenlace deja a cientos de personas sin justicia, sin verdad y sin un camino claro hacia la reconciliación con su historia personal.

Adopciones forzadas disfrazadas de caridad

Durante décadas, organizaciones privadas encargadas de las adopciones en Corea del Sur, con respaldo gubernamental, manipularon registros, fingieron abandonos y mintieron sobre las condiciones sociales y familiares de los niños. Según el académico Philsik Shin, de la Universidad de Anyang, más del 90% de los niños adoptados entre 1980 y 1987 tenían familiares localizables. Muchos de ellos fueron listados como huérfanos o abandonados sin que los padres biológicos dieran consentimiento informado. El objetivo: facilitar su adopción internacional como parte de una estrategia estatal para reducir costos en asistencia social.

Algunas de estas prácticas fueron documentadas por la investigación de Frontline (PBS) y la agencia Associated Press, que expusieron cómo gobiernos occidentales, agencias y el gobierno surcoreano trabajaron en complicidad para satisfacer la demanda creciente de adopciones, sobre todo en países como Estados Unidos, Francia y Dinamarca. La investigación revelaba historias impactantes: niños entregados sin registro válido, información falsa sobre orígenes y padres adoptivos engañados sobre las circunstancias de los menores.

Una comisión dividida, una población decepcionada

La decisión de suspender las investigaciones no fue unánime. Varias fuentes internas señalaron que los desacuerdos dentro del órgano rector de la comisión, compuesto por nueve miembros, fueron determinantes. Cinco de ellos, con inclinación conservadora y designados por el polémico expresidente Yoon Suk Yeol, votaron en marzo a favor de aplazar decisiones claves en 42 casos. Argumentaban “falta de documentación concluyente”. Este rígido requerimiento desconoce las dificultades sistemáticas para rastrear antecedentes en procesos plagados de falsificaciones y manipulaciones.

La crítica social no se ha hecho esperar. Yooree Kim, una de las adoptadas que testificó frente a la comisión, fue consolada públicamente por la presidenta del organismo, Park Sun Young, durante una conferencia de prensa. “La validez de nuestras historias no debería medirse solo por documentos que nunca deberían haber sido falsificados en primer lugar”, dijo Kim, entre lágrimas.

Un modelo fallido: la comparación con Sudáfrica

El modelo de la Comisión surcoreana se inspiró en el de Sudáfrica, que en los años 90 buscó esclarecer delitos del apartheid. Sin embargo, los resultados han sido muy distintos. Mientras en Sudáfrica se promovió una confesión abierta y una narrativa reconciliatoria, la versión coreana ha estado marcada por trabas políticas y desacuerdos internos. En su segunda etapa (2020-2025), esta comisión pretendía investigar los abusos de los regímenes militares (1960–1980), con fuerte énfasis en adopciones, desapariciones forzadas y los horrores ocurridos en instituciones como el siniestro "Brothers Home" de Busan, donde miles fueron esclavizados y algunos incluso enviados al extranjero como parte del negocio de adopciones.

Los gobiernos democráticos también tienen deudas

Está claro que no solo los gobiernos militares tienen responsabilidad en esta cuestión. Todos los gobiernos democráticos desde 1987 han desatendido sistemáticamente las demandas de verdad de la comunidad adoptada. Ninguno, incluyendo los considerados progresistas, como los de Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun y el hoy acusado Moon Jae-in, ha emitido una disculpa oficial.

Moon, en particular, había sido bien visto internacionalmente por su política de conciliación con Corea del Norte. Sin embargo, ahora enfrenta acusaciones de soborno tras revelarse que su yerno recibió una plaza bien remunerada en una aerolínea tailandesa vinculada con un empresario aliado político. Aunque la fiscalía no encontró pruebas de favores específicos, menciona posibles expectativas de recompensa política.

El trauma perpetuo: sin padres, sin historia

Para las miles de personas adoptadas, esta suspensión deja mucho más que expedientes pendientes: significa el vaciamiento de su identidad. Un gran número de personas ha recorrido el mundo en busca de su origen, solo para chocar contra archivos escamoteados, agencias desaparecidas y gobiernos indiferentes.

Numerosos estudios revelan cómo el trauma de la adopción, sobre todo cuando es forzada o fraudulenta, impacta profundamente en la salud mental. Según un estudio del National Institutes of Health, las personas adoptadas presentan hasta tres veces más probabilidades de enfrentar depresión clínica, comportamiento suicida o autolesiones, particularmente cuando hay negligencia en el contexto de adopción o ruptura con las raíces culturales.

¿Y ahora qué?

El futuro es incierto. La elección presidencial del 3 de junio podría dar un nuevo impulso a la investigación si un nuevo gobierno decide relanzar la comisión. El candidato liberal Lee Jae-myung, quien lidera en encuestas aunque enfrenta sus propios procesos legales, ha dado señales de apoyar instituciones de verdad y reconciliación. Pero nada es seguro.

La comunidad internacional también tiene un papel que jugar. Muchos de los países beneficiarios de estas adopciones podrían presionar a Seúl para facilitar el acceso a documentos, establecer redes de reunificación familiar e incluso compensar a las víctimas. De lo contrario, la historia se enterrará con todos sus errores y heridas intactas.

Como lo expresa la adoptada coreano-americana Jenny Jung, quien aún busca rastros de su madre biológica: “Toda mi vida me dijeron que fui una ‘niña afortunada’. Pero si ser afortunada implica perder a tu familia, tu idioma y tu historia, prefiero elegir la verdad y no la suerte.”