El caso Kilmar Abrego García: una batalla legal que pone a prueba la justicia migratoria en EE. UU.

Una deportación por error: el inicio del conflicto

En Estados Unidos, los errores administrativos pueden tener consecuencias devastadoras, y el caso de Kilmar Abrego García es prueba contundente de ello. Tras haber sido deportado erróneamente a El Salvador, Abrego García se encuentra actualmente encarcelado en ese país, mientras el sistema judicial estadounidense intenta corregir un fallo que ha escalado al más alto nivel de tensión entre la justicia y el poder ejecutivo del gobierno federal.

Este proceso ha sido liderado por la jueza Paula Xinis, quien ha criticado duramente al gobierno por su conducta "de mala fe" en la resolución del caso. La situación, que ha sido tema de análisis ante la Corte Suprema, plantea preguntas sociales y legales profundas sobre los límites del poder del ejecutivo en relación con el judicial, y sobre las garantías que tiene un migrante frente al aparato del Estado.

¿Quién es la jueza Paula Xinis?

La jueza Paula Xinis ha servido en el District Court del estado de Maryland desde su nominación por el presidente Barack Obama en 2015. Con una carrera jurídica enriquecida tanto en el ámbito público como privado, ha sido defensora pública federal y abogada litigante en casos de alta complejidad. Su historial incluye una notable participación en el Office of Police Complaints en Washington D.C., lo que le ha valido el escrutinio de sectores conservadores que la consideran demasiado crítica con las fuerzas del orden.

Durante su proceso de confirmación en el Senado en 2016, fue objeto de críticas por su trabajo en casos como la representación de la familia de Freddie Gray, un joven afroamericano que murió en custodia policial en Baltimore. Sin embargo, Xinis fue confirmada con el respaldo de figuras republicanas como Chuck Grassley y Mitch McConnell, lo que reflejó un voto de confianza bipartidista inusual en ese contexto político.

El caso Abrego García: entre el desamparo y la negligencia

En octubre de 2023, Kilmar Abrego García fue deportado a El Salvador por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a pesar de que no existía ninguna orden judicial que respaldara dicha acción. De acuerdo con sus representantes legales, el argumento de las autoridades consiste en que Abrego es presuntamente miembro de la pandilla MS-13, una acusación que:

• No está respaldada por cargos formales
• No ha derivado en ningún juicio
• Carece de pruebas materiales según sus abogados

El gobierno federal ha reconocido haber cometido un error en la deportación, pero nunca ha hecho esfuerzos concluyentes para revertir los daños causados. Ante esto, la jueza Xinis ordenó en abril de 2025 que el gobierno facilitara el regreso de Abrego García. Al respecto, la Corte Suprema afirmó que dicha orden era válida, aunque matizó que debía aclararse para no interferir con la autoridad del ejecutivo en asuntos de política exterior.

Una administración renuente

La jueza Xinis ha definido la actitud de la administración como "un barco extraviado en la noche" y señaló la falta de coordinación entre la Casa Blanca y el gobierno salvadoreño como una evidencia de que no se ha hecho lo mínimo esperado para cumplir una orden judicial. En una audiencia reciente, la magistrada advirtió que podría solicitar declaraciones juradas de funcionarios de alto nivel si se seguía incumpliendo su mandato.

El hecho de que la situación haya llegado a este punto sugiere que lo que está en juego no es solo la libertad de un hombre atrapado en un limbo legal internacional, sino la defensa del estado de derecho en un contexto donde el poder ejecutivo parece estar ignorando decisiones del poder judicial.

Paula Xinis y sus desafíos con las políticas migratorias

Este no es el primer caso en el que la jueza Xinis se enfrenta a normativa federal sobre inmigración. En 2020, emitió una medida cautelar que bloqueaba ciertas reglas impuestas por la administración Trump que restringían el permiso de trabajo para solicitantes de asilo. Esa decisión fue posteriormente respaldada por otros tribunales, lo que invalidó completamente las medidas en cuestión.

Esto posicionó a Xinis como una figura clave en la defensa de derechos de migrantes, rol por el que también ha sido duramente criticada desde sectores conservadores que consideran que las cortes federales han obstruido el cumplimiento de políticas ultrarrestrictivas sobre inmigración.

Abrego García y las consecuencias humanas del error

Las implicancias del caso no son solo legales o políticas. La esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, ha encabezado peticiones públicas, ruedas de prensa y apelaciones ante legisladores para intentar regresar a su esposo a Estados Unidos. “Estamos hablando de un ser humano privado de su libertad injustamente, separado de su familia sin haber cometido ningún crimen”, declaró ante periodistas en abril de 2025.

Grupos defensores como CASA y la American Immigration Lawyers Association han advertido que si no se soluciona este caso, se establece un precedente peligroso en el que el gobierno puede deportar a individuos sin respaldo legal y posteriormente declararse incapaz de enmendar sus errores.

Una disputa de poderes: el fondo de la cuestión

En el centro de este conflicto se encuentra una pregunta fundamental:

¿Puede el poder ejecutivo desobedecer órdenes judiciales bajo el pretexto de política exterior o seguridad nacional?

Hasta ahora, el curso de los hechos sugiere que algunos funcionarios creen que sí. Pero la jueza Xinis y otros actores del aparato judicial no están dispuestos a permitirlo. Según ella:

“Una orden clara de esta corte, respaldada por la Corte Suprema, no es opcional. Es un mandato legal que debe cumplirse, incluso si el cumplimiento requiere voluntad política y ejecución diplomática.”

Una historia aún en curso

Mientras Abrego García sigue esperando su liberación en una prisión salvadoreña, la presión sobre el gobierno estadounidense aumenta. El destino del migrante podría cambiar radicalmente si los tribunales autorizan nuevas medidas coercitivas contra los funcionarios que, hasta ahora, han evadido su responsabilidad.

Este caso también tiene el efecto de catalizar nuevos debates sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, la necesidad de rendición de cuentas dentro del DHS y los límites de la acción ejecutiva cuando está en juego el respeto a los derechos humanos y el sistema judicial.

Como ha mencionado la organización Human Rights Watch:

“La arbitrariedad en la aplicación de la ley de inmigración no solo amenaza el debido proceso, sino que compromete la integridad del sistema democrático al permitir que decisiones sin base se impongan como actos de Estado.”