Trump, abogados y decretos: la nueva batalla legal que sacude a la democracia estadounidense

Por: Redacción Política / Opinión

Una nueva guerra desde el Despacho Oval

La democracia estadounidense vive una de sus tensiones más preocupantes en los últimos años. No se trata de un choque entre partidos, sino más bien de un conflicto estructural entre el poder ejecutivo y la independencia del ejercicio legal. En el centro de la controversia se encuentran varias de las firmas de abogados más influyentes del país, como Perkins Coie y WilmerHale, cuya existencia podría estar en riesgo tras una serie de órdenes ejecutivas firmadas por el expresidente Donald Trump a partir de marzo de este año.

Estas órdenes, diseñadas presuntamente para castigar a quienes han representado a figuras o causas contrarias al trumpismo, han desatado una tormenta judicial y constitucional que amenaza con erosionar los pilares sobre los que se funda el sistema legal estadounidense. Y las implicaciones no podrían ser más profundas.

¿Qué está en juego?

Los decretos de Trump buscan bloquear —de forma explícita— el acceso de ciertos bufetes a contratos federales, cancelar autorizaciones de seguridad a sus abogados, y restringir su entrada a edificios gubernamentales. Según las firmas afectadas, estas órdenes no son simplemente una muestra de autoritarismo, sino un intento coordinado de represalia política. En palabras de Perkins Coie, “la Constitución no permite que nuestros líderes electos castiguen a abogados por representar clientes que se oponen a sus agendas políticas”.

Semejante acusación ha puesto en marcha una serie de procesos legales simultáneos. Este miércoles, ambas firmas pedirán a jueces distintos que anulen permanentemente los decretos. En la semana siguiente, se sumará Jenner & Block, otra firma que alega haber sido atacada por vínculos con figuras vistas como enemigas de Trump.

Una campaña de represalias

Este ataque frontal contra el sector legal parece formar parte de un plan más vasto de retribución política iniciado desde la administración de Trump, una estrategia que el propio expresidente ha llamado públicamente “la gran limpieza de la élite”. Recordemos que durante su mandato anterior, Trump fue investigado por figuras estrechamente vinculadas con estas firmas legales: Perkins Coie representó a Hillary Clinton durante su campaña de 2016, y Robert Mueller —el fiscal especial que lideró la indagatoria sobre la injerencia rusa— fue durante años socio en WilmerHale.

En febrero, el expresidente dio el primer paso al suspender las credenciales de seguridad de abogados en Covington & Burling, firma que brindó asesoría al fiscal especial Jack Smith, quien lideró dos investigaciones clave contra Trump. Aunque estas investigaciones han sido abandonadas, el asedio contra las firmas continúa.

La táctica del temor

Muchas otras firmas han preferido el camino del apaciguamiento antes que el del litigio. Según registros judiciales y fuentes vinculadas al gobierno federal, al menos ocho firmas han alcanzado acuerdos con la Casa Blanca, comprometiéndose incluso a ofrecer servicios legales pro bono para causas promovidas por la administración Trump.

Entre ellas figuran nombres de peso como Skadden, Arps; Latham & Watkins y Kirkland & Ellis. El mensaje es claro: cooperas o enfrentas el exilio institucional. El caso más visible ha sido el de Paul Weiss, que tras alcanzar un acuerdo, logró que el decreto en su contra fuese anulado.

Una tendencia alarmante

No son solo las firmas de abogados las que se enfrentan a la presión ejecutiva. En otros sectores, como el académico, algunas universidades también han sido objeto de presiones intimidatorias bajo la amenaza de medidas similares. Parece emerger así un patrón: un intento sistemático por condicionar el trabajo de instituciones autónomas, socavando la separación de poderes y violando principios constitucionales básicos.

La American Bar Association ha calificado estas acciones como “una amenaza sin precedentes contra la libertad y la independencia del ejercicio legal”. Según interpretación de diversas organizaciones civiles, permitir estos decretos sentaría un precedente “peligrosamente anticonstitucional”.

Una batalla legal de alto voltaje

Los abogados de Perkins Coie argumentaron ante la corte que no tomaron la decisión de demandar a la ligera. “Se vieron obligados para proteger a sus clientes”, afirmaron. La estrategia de defensa de ambas firmas se basa en defender el principio de no represalia, consagrado por décadas de doctrina legal y decisiones del Tribunal Supremo.

• Si bien los tribunales ya han ordenado suspensiones temporales de ciertas partes de los decretos, la meta esta semana es más ambiciosa: lograr que sean derogadas por completo.
• La Jueza Federal Eleanor Bell, a quien se le ha encomendado el caso de Perkins Coie, ha advertido que el asunto “tiene el potencial de impactar profundamente la relación entre el Estado y el ejercicio profesional del derecho”.

Repercusiones en otras áreas del sistema

Expertos constitucionalistas como Laurence Tribe, profesor emérito de Derecho en Harvard, han señalado que esta ofensiva “representa la erosión de la arquitectura de frenos y contrapesos” que define a la república estadounidense. Si se permite castigar a los abogados que representan a determinados clientes, ¿quién quedará dispuesto a representar causas impopulares o arriesgadas?

Más allá del terreno legal, esta crisis tiene implicaciones sociales. La confianza pública en la imparcialidad del sistema judicial depende de la percepción de que todos tienen derecho a una defensa justa, sin importar cuán impopular sea el cliente. Este principio, piedra angular del debido proceso, podría colapsar si prevalecen los decretos impulsados por motivación política.

Perspectivas futuras

Queda por ver qué decidirán los jueces sobre las demandas presentadas esta semana. Sin embargo, esta batalla tiene ecos que pueden llegar más allá de los juzgados. Si los tribunales fallan a favor de Trump, no solo se sentará un precedente peligroso, sino que se dará carta blanca a cualquier ejecutivo futuro para aplicar la misma lógica de represalia.

Por el contrario, si las cortes actúan conforme a la Constitución y invalidan las órdenes, no solo se apagará una amenaza específica, sino que se reforzará el principio de independencia legal como parte inalienable del estado de derecho.

Una lucha que también es simbólica

Para muchas de estas firmas, la lucha es también por su integridad profesional. No es solo una confrontación con un expresidente, sino un grito de resistencia en defensa del ejercicio de la abogacía como instrumento de justicia, y no como herramienta partidista.

Como dijo un socio de WilmerHale que pidió no ser identificado: “No defendemos a partidos. Defendemos el derecho de todas las personas, organizaciones y causas a tener una representación legal efectiva. Si eso nos convierte en enemigos del poder, entonces algo está muy, pero muy mal”.

Esta historia está lejos de terminar. Por ahora, los ojos de todo el ámbito legal estadounidense —y de la ciudadanía amante de la democracia— estarán puestos esta semana en las salas de audiencias donde se decidirá si el Estado de derecho puede sobrevivir a la presión de un líder con tendencias autocráticas. El veredicto no solo será legal; será histórico.