La amenaza persistente del autoritarismo en América Latina: El caso Bolsonaro y su intento fallido de golpe

Brasil ante el abismo institucional: un juicio histórico

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha comenzado un proceso judicial sin precedentes en la historia democrática del país. Jair Bolsonaro, expresidente brasileño, junto con otros funcionarios de alto rango, militares retirados y personajes cercanos a su administración, son acusados de orquestar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Este no es un caso aislado en América Latina. Representa, más bien, una advertencia latente sobre la fragilidad de las democracias en la región y el modo en que actores populistas y autoritarios socavan las instituciones cuando no les favorece el resultado electoral.

Los cargos: una acusación estructurada en cinco niveles

El Procurador General Paulo Gonet estructuró la acusación dividiendo a los 34 acusados en cinco grupos, dependiendo de sus funciones y grado de participación en el presunto complot. En el núcleo principal —encabezado por Bolsonaro y su entonces candidato a vicepresidente, el general Braga Netto— se hallan quienes tomaron decisiones estratégicas, comunicaciones claves y llevaron a cabo las acciones más delicadas.

La segunda capa—que ahora enfrenta juicio— incluyó a coordinadores de operativos. Figuran aquí nombres como Filipe Martins (exasesor de exteriores), el general retirado Mario Fernandes, y el exdirector de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasques. También están involucrados dos agentes federales: Fernando Oliveira y Marilia Alencar.

Estas personas, asegura Gonet, supervisaron a fuerzas de seguridad, monitorearon a opositores políticos y redactaron documentos dirigidos a justificar un "estado de excepción", todo con el objetivo de impedir el traspaso de poder tras las elecciones.

Bolsonaro: ¿perseguido político o arquitecto del caos?

Bolsonaro ha negado en reiteradas ocasiones cualquier irregularidad. En una reciente entrevista desde su cama en un hospital de Brasilia —donde se recupera de una cirugía intestinal— declaró que “no se trata de un juicio técnico, sino político”.

Sus declaraciones apelan a un discurso que ha marcado múltiples episodios de la política latinoamericana: el líder populista que, tras salir del poder, se presenta como víctima de una caza de brujas judicial. Este método ha sido utilizado también por otras figuras de la región, como Pedro Castillo en Perú o Donald Trump en Estados Unidos.

Según los expertos legales, una condena por tentativa de golpe, en combinación con otros crímenes vinculados, podría significar una pena de más de 20 años en prisión para Bolsonaro.

Un país dividido: legado conservador y resurgir democrático

La presidencia de Bolsonaro (2019-2022) se caracterizó por una retórica incendiaria, ataques a la Corte Suprema, desprecio por la prensa y políticas anticientíficas durante la pandemia. Si bien su gestión encontró eco en sectores conservadores del Brasil profundo —especialmente entre religiosos evangélicos y fuerzas de seguridad— también generó una fuerte polarización social y desgaste institucional.

Esta fractura se hizo evidente el 8 de enero de 2023, días después de la toma de posesión de Lula da Silva, cuando miles de bolsonaristas invadieron los edificios principales del Estado en Brasilia, en una acción equiparada al Capitolio Attack estadounidense del 6 de enero de 2021.

Esta acción simbólica y violenta fue el último coletazo de un movimiento que se negaba a aceptar el resultado electoral y que ahora enfrenta consecuencias penales. Más de mil personas han sido arrestadas hasta la fecha.

El rol de las fuerzas de seguridad: ¿guardianes o cómplices?

Uno de los aspectos más preocupantes que revela la acusación es la participación de miembros activos y retirados de las fuerzas armadas y policiales en la intentona golpista. Históricamente en América Latina, los militares han jugado un papel ambivalente: defensores del orden constitucional... o sus principales verdugos.

Que altos mandos de la policía de carreteras, militares retirados y agentes federales se involucraran en maniobras ilegales para sostener a un presidente en el poder mediante métodos antidemocráticos demuestra la permanencia del autoritarismo en ciertos sectores institucionales. No es una amenaza menor.

¿Puede Brasil dar un ejemplo regional?

La solidez con la que Brasil encare este juicio marcará un precedente no solo para su democracia sino para toda la región. La impunidad ha sido históricamente el talón de Aquiles de las democracias latinoamericanas: dictadores que nunca fueron juzgados, corrupción sin castigo, legisladores implicados en escándalos que siguen en sus cargos.

En este escenario, el sometimiento de un expresidente a juicio por intentar subvertir el orden constitucional puede representar una bisagra histórica.

“No hay democracia sin justicia, y no hay justicia sin memoria. Brasil hoy tiene la oportunidad de mostrarle al mundo que el golpe ya no es una salida aceptable. Nunca más.” —María Hermínia Tavares de Almeida, politóloga brasileña.

Los antecedentes: América Latina y sus fantasmas golpistas

Desde la Guerra Fría, América Latina ha sido escenario de numerosos gobiernos de facto. Brasil vivió una dictadura militar entre 1964 y 1985. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y otros países también padecieron golpes con el apoyo —tácito o directo— de Estados Unidos.

En el siglo XXI, aunque los métodos han cambiado, las intenciones sobreviven: manipulación institucional, justicia cooptada, desinformación masiva y presión militar. Los eventos recientes en Bolivia (2008 y 2019), Venezuela (2002 hasta hoy), Perú (2022) y El Salvador (2021) demuestran que la tentación autoritaria sigue vigente.

En este contexto, lo que sucede con Bolsonaro no es solo un capítulo judicial local, sino parte de una narrativa continental. Una historia que pone a prueba el verdadero compromiso democrático de nuestros pueblos.

La reacción política: entre el silencio, la cautela y el enfrentamiento

La mayoría de los partidos políticos brasileños han mantenido una posición cauta frente al juicio. El centrão, el bloque centrista pragmático con gran influencia parlamentaria, prefiere esperar. La izquierda apoya abiertamente el proceso, mientras que los bolsonaristas radicales lo denuncian como una persecución política.

El Partido Liberal (PL), al que pertenece Bolsonaro, sigue apostando a que el expresidente pueda competir electoralmente si logra evitar la inhabilitación, aunque ya arrastra una condena que lo excluye de cargos públicos hasta 2030.

Desde fuera, líderes de la extrema derecha internacional como Donald Trump, Javier Milei en Argentina o Santiago Abascal del partido VOX, han expresado su “solidaridad” con Bolsonaro, lo que revela las alianzas internacionales de este arco ideológico.

¿Qué pasará ahora?

El Supremo Tribunal Federal decidirá en los próximos meses si acepta todos los cargos y avanza al juicio penal. De ser así, Bolsonaro será el primer presidente electo de Brasil que enfrenta un proceso de este tipo por intento de golpe.

De prosperar una condena severa y ejemplar, podría consolidarse un nuevo estándar democrático en América Latina. Pero también es posible que polarice aún más un país profundamente dividido, con el riesgo de nuevos estallidos sociales o acciones de sabotaje por parte de segmentos radicalizados.

Brasil está escribiendo una página fundamental de su historia contemporánea. Y con ella, está contribuyendo al debate sobre hasta dónde una democracia puede o debe una vez más soportar a quienes intentan destruirla desde adentro.