El costo invisible de la salud en Texas: ¿inmigración o crisis del sistema?

Una orden polémica desde la oficina del gobernador

En noviembre de 2024, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a los hospitales del estado comenzar a preguntar a cada paciente si se encontraban "legalmente" en los Estados Unidos. Aunque la respuesta no era un requisito obligatorio ni afectaría el acceso a la atención médica, la medida fue vista por muchos sectores como un paso hacia la criminalización del estatus migratorio dentro del sistema de salud.

Esta directiva sentó las bases para el proyecto de ley propuesto recientemente por el Representante estatal Mike Olcott (R-Fort Worth), el cual busca institucionalizar esta iniciativa a través de un informe anual obligatorio sobre la atención brindada a inmigrantes en situación irregular. Según testimonios durante una audiencia del House Public Health Committee, los primeros datos recopilados revelan que “decenas de miles” de pacientes sin estatus legal han sido atendidos y los costos acumulados ascienden a millones de dólares.

¿Una carga financiera insostenible?

Victoria Grady, directora de finanzas para proveedores de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés), mencionó que las cifras eran sustanciales. Aunque el informe completo aún no ha sido publicado (se espera en breve), la inquietud entre algunos legisladores conservadores ya está alimentando discursos sobre el peso que esto representa sobre el sistema hospitalario, especialmente en áreas rurales.

“Desde 2005, hemos visto cerrar 181 hospitales pequeños en zonas rurales, principalmente debido a atención no compensada”, expresó Olcott. Su inquietud: ¿hasta qué punto esa atención recae en personas inmigrantes sin documentos?

El contexto real: Texas y su crisis de no asegurados

Sin embargo, el análisis necesita más que números aislados. Texas se ubica entre los peores estados del país en cobertura de salud: más de 4 millones de texanos —la mayoría ciudadanos estadounidenses— carecen de seguro médico. Esto representa aproximadamente el 16% de la población estatal, una cifra alarmante comparada con el promedio nacional del 8% (Kaiser Family Foundation, 2024).

La Texas Hospital Association estima que los centros hospitalarios destinan 3.100 millones de dólares anuales a la atención que no es reembolsada, pero como enfatizó Lynn Cowles, gerente de programas de salud en Every Texan: “Una gran parte de esa atención no compensada es para ciudadanos estadounidenses sin seguro, no para personas en situación irregular”.

En efecto, al centrar la narrativa solamente en los inmigrantes sin documentos, se corre el riesgo de ocultar el verdadero problema estructural: un sistema de salud que excluye a millones por falta de cobertura obligatoria o accesible.

La experiencia de Florida: ¿un modelo replicable?

Texas no está solo en estas iniciativas. En 2023, Florida aprobó una ley similar que exige a los hospitales recopilar el estatus migratorio de los pacientes. Ese estado también enfrenta altos niveles de personas sin seguro, y el impacto práctico de la medida ha sido sumamente limitado, excepto para generar datos que han servido como munición política en debates migratorios.

La inclusión del estatus migratorio en los formularios hospitalarios ha provocado miedo entre comunidades inmigrantes, generando incluso casos de abstención de atención médica por temor a la estigmatización o consecuencias legales, aun si no eran reales. Esto, según críticos, podría empeorar crisis de salud pública, al dejar enfermedades sin tratamiento o aumentar los contagios.

La paradoja de la salud pública: compasión vs. fiscalidad

¿Debe importar si una persona que acude a urgencias tiene papeles o no? Para quienes defienden la salud como un derecho universal, la respuesta es sencilla: toda persona merece atención médica, sin importar su estatus migratorio.

Pero bajo esta premisa coexiste otra realidad: los hospitales, muchos en dificultades financieras, enfrentan una presión cada vez mayor. La falta de una solución federal integral —ya sea mediante una reforma migratoria o una expansión del acceso universal a la salud— deja a los estados batallando con parches legislativos que fragmentan aún más el sistema.

¿Qué dicen los datos reales sobre inmigrantes y uso del sistema de salud?

Estudios independientes contradicen la percepción común de que los inmigrantes indocumentados abusan del sistema de salud. Según un informe del Journal of General Internal Medicine (2018), este grupo utiliza menos recursos médicos que los ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

Además, la mayoría de los inmigrantes indocumentados son adultos jóvenes y saludables, por lo general con tasas más bajas de hospitalización. Esto desmonta el argumento de que son una “carga” sobre el sistema.

“Las políticas basadas únicamente en el estatus migratorio exageran su impacto en el presupuesto estatal”, comentó el economista de salud Paul Fronstin, del Employee Benefit Research Institute. “Los datos sugieren que el alto costo de la atención no compensada proviene de la falta de cobertura de la población en general, no de la inmigración irregular”.

¿Una señal de alarma o un símbolo político?

En este contexto, es inevitable preguntarse si las órdenes como la de Abbott son realmente esfuerzos racionales para mejorar la gestión fiscal del sistema de salud o sencillamente jugadas políticas dirigidas a ganar legitimidad entre votantes conservadores de cara a elecciones futuras.

Mientras avanzan propuestas como la de Mike Olcott, es importante recordar que los hospitales tienen la obligación ética y legal (según la ley federal de 1986 EMTALA) de atender a todos los pacientes en urgencias médicas, sin consideración de estatus migratorio o capacidad de pago.

Lo que realmente necesitamos: reforma del seguro de salud

La pregunta difícil que pocos se atreven a enfrentar es esta: ¿cómo espera Texas resolver su crisis de salud si no expande Medicaid ni ofrece caminos universales hacia la cobertura médica?

Texas es uno de los once estados que aún no han expandido Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), dejando fuera de cobertura a cientos de miles de personas que, aunque trabajan, no alcanzan los umbrales económicos necesarios.

Expandir Medicaid podría reducir significativamente la atención no compensada. Por ejemplo, Louisiana —que sí expandió Medicaid— redujo sus costos por atención no reembolsada en un 55% en sólo dos años tras la implementación de la medida (Health Affairs, 2020).

El verdadero problema de los hospitales rurales

La clausura de hospitales rurales tiene más que ver con recortes presupuestarios, fosas en la cobertura de seguros y costos administrativos cada vez más altos que con la atención a inmigrantes sin documentos. Simplificar el debate al factor migratorio no solo es falaz, sino potencialmente dañino.

Los expertos recomiendan políticas integrales que fortalezcan el sistema de salud, en lugar de medidas que dividen y generan estigmas. Según un informe de la National Rural Health Association, factores como falta de personal médico, escasez de infraestructura digital y baja compensación por servicios son las verdaderas causas del colapso hospitalario rural.

Un llamado a la responsabilidad institucional

Si realmente se quiere proteger la viabilidad económica de los hospitales, es momento de poner sobre la mesa soluciones estructurales: sistemas de pago justos, expansión de Medicaid, cobertura para asegurados crónicos y programas preventivos en zonas de alta vulnerabilidad. Señalar con el dedo únicamente a la inmigración no resuelve nada.

Mientras tanto, los hospitales harán lo que siempre han hecho: trabajar en silencio para salvar vidas, sin preguntar de qué país vienes, sino qué enfermedad padeces. Porque al final del día, la salud no tiene fronteras, ni banderas.