¿Puede un presidente invocar una ley de 1798 para deportar migrantes? El inquietante uso del 'Alien Enemies Act'

El resurgimiento de una ley olvidada

El Alien Enemies Act de 1798 es una de esas leyes que parecen más una reliquia histórica que un instrumento legal útil en tiempos modernos. Sin embargo, esa percepción cambió radicalmente cuando la administración del expresidente Donald Trump intentó usarla para justificar la deportación de migrantes venezolanos acusados de vínculos con pandillas criminales, como el Tren de Aragua. Esta situación ha provocado una reacción legal explosiva y ha generado un fuerte debate sobre los límites del poder presidencial, el debido proceso y la xenofobia disfrazada de legalidad.

¿Qué es el Alien Enemies Act?

Promulgado en 1798, en el marco de los conflictos entre Estados Unidos y Francia, el Alien Enemies Act forma parte de las Leyes de Extranjería y Sedición. Este conjunto de leyes fue creado bajo la presidencia de John Adams y autorizaba al gobierno a detener o deportar a ciudadanos extranjeros de países enemigos durante tiempos de guerra.

Lo inquietante de esta ley es que, aunque solo se ha invocado tres veces en la historia -la última durante la Segunda Guerra Mundial contra ciudadanos japoneses, alemanes e italianos-, sigue vigente y nunca ha sido derogada. Su redacción vaga y su potencial para abuso han generado preocupación cada vez que se menciona su uso.

La cruzada de Trump y el Tren de Aragua

Durante su campaña presidencial y posteriormente como presidente, Donald Trump no escatimó palabras al calificar a algunos inmigrantes como "criminales", "violadores" o "miembros de pandillas". Esta narrativa encontró eco en la figura del Tren de Aragua, una peligrosa banda criminal originaria de Venezuela que ha ganado presencia internacional.

En 2024, la administración de Trump —en un intento por demostrar una actitud firme frente a la inmigración irregular— argumentó que miembros del Tren de Aragua estaban “infiltrándose” en Estados Unidos e implementó medidas para deportar a venezolanos bajo el Alien Enemies Act.

Lo alarmante fue que estos procedimientos se llevaban a cabo sin haber cumplido con los requisitos mínimos de debido proceso: ni notificación clara en un idioma entendible ni oportunidad de apelar ante una corte. Fue en este contexto donde la jueza federal Charlotte N. Sweeney intervino.

El fallo decisivo en Colorado

La jueza Sweeney dictaminó detener temporalmente la deportación desde Colorado mientras la Corte Suprema evaluaba los criterios de aplicación justa de la ley de 1798. Sweeney citó la orden de la Corte Suprema del 7 de abril de 2024, donde se bloqueó temporalmente la deportación de inmigrantes desde un centro de detención en North Texas bajo las mismas condiciones.

“Como mínimo —escribió— una ‘invasión’ implica más que una simple infiltración. Usar esa palabra para justificar una acción tan extrema es un uso retorcido del lenguaje legal”.

Además, exigió al gobierno dar un aviso de 21 días a cualquier persona que fuera deportada bajo esta ley, permitiéndole impugnar legalmente su expulsión. Su fallo no solo fue valiente, sino que también mostró cómo el poder judicial puede frenar excesos del Ejecutivo.

¿Qué dice la Corte Suprema?

La Corte Suprema aún no se ha pronunciado en profundidad sobre si el Alien Enemies Act puede usarse en este caso particular. Aunque permitió que el gobierno proceda con deportaciones, dejó en claro que se debe garantizar una “oportunidad razonable para impugnar” la remoción judicialmente.

El hecho de que el acta haya sido utilizada solo tres veces en más de 225 años indica cuán extraordinario debe ser su uso. En contextos bélicos como la Segunda Guerra Mundial, fue un instrumento de discriminación masiva (como en el caso de los campos de internamiento para ciudadanos japoneses en EE. UU.), por lo cual su uso hoy genera ecos alarmantes del pasado.

La legalidad en juego: ¿es esto constitucional?

Desde el punto de vista constitucional, el uso del Alien Enemies Act genera interrogantes fundamentales:

• ¿Estados Unidos está en guerra con Venezuela? No. Legalmente, este acta solo debería utilizarse contra ciudadanos de “países enemigos” en contextos bélicos. Venezuela no está en guerra con EE. UU.
• ¿Se puede calificar a una pandilla como una fuerza hostil extranjera? Aquí es donde la lógica se distorsiona. Las pandillas son organizaciones criminales, no gobiernos reconocidos por el derecho internacional. Usar esta ley contra migrantes por supuestos vínculos es, para muchos académicos, una extrapolación ilegítima.

Según el abogado Timothy Macdonald de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), el gobierno estaba jugando “un juego de espejos” legal, intentando deportar a personas antes de que los tribunales pudieran ejercer jurisdicción.

Precedentes históricos: el uso del miedo para avanzar políticas antiinmigrantes

Desde 1798 hasta ahora, el Alien Enemies Act representa el temor institucional a lo extranjero. Fue usado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial mientras se detenía y deportaba a alemanes, italianos y japoneses solo por su nacionalidad.

En 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, usando la misma línea lógica que resucita Trump — el miedo justificado en tiempos de tensión geopolítica. Más de 120,000 japoneses-estadounidenses fueron internados sin juicio. Décadas después, el país se disculpó oficialmente. ¿Estamos condenados a repetirlo?

Cabe recordar que la Corte Suprema en el caso Korematsu vs. United States (1944) validó inicialmente estas acciones bajo el criterio de “seguridad nacional”, aunque el fallo fue ampliamente repudiado más adelante.

Impacto humano: el caso de los venezolanos

El contexto no puede soslayarse. Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes: más de 7.7 millones de personas han abandonado el país desde 2015. Deportar sin el debido proceso a ciudadanos que huyen de dictaduras y violencia erosiona los valores humanitarios que EE. UU. predica defender.

Las denuncias refieren que a los migrantes se les daba documentos en inglés —idioma que en muchos casos no comprenden— y que no eran informados de su derecho a defensa legal. Muchos de ellos enfrentaban deportaciones inminentes pese a tener solicitudes de asilo pendientes.

¿A qué nos enfrentamos realmente?

Este caso es una encrucijada que plantea preguntas esenciales para el futuro político del país:

• ¿Puede una ley con orígenes racistas y bélicos ser usada hoy con fines políticos?
• ¿Hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo en tiempos de “no guerra” bajo el disfraz de emergencia?
• ¿Está la Corte Suprema cumpliendo con proteger los derechos civiles de todos, incluso migrantes?

Mientras tanto, los jueces federales como Sweeney actúan como el último bastión de defensa constitucional en un entorno cada vez más hostil hacia lo extranjero.

La política detrás del derecho

La campaña de Trump para 2024 deja entrever su voluntad de endurecer aún más las políticas migratorias si regresa al poder. Recurre a una retórica de “invasión” que, aunque popular en ciertos sectores conservadores, ignora la complejidad humana y legal del proceso migratorio.

El politólogo Samuel Huntington advertía que las civilizaciones fracasan cuando su legalismo se transforma en herramienta política. Usar una ley de 1798 que ha quedado desfasada en un mundo moderno con derechos humanos, tratados internacionales de refugiados y legislación de amparo es un movimiento legalmente cuestionable, éticamente reprisable y democráticamente alarmante.

Una advertencia para el futuro

El uso del Alien Enemies Act como pretexto para deportar migrantes no es solo un tecnicismo jurídico. Es un recordatorio feroz de la fragilidad de los derechos cuando el miedo toma el timón. Es la demostración de cómo una ley silenciosa durante siglos puede resurgir con fuerza devastadora en manos de mandatarios con agendas extremas.

A medida que avanzamos hacia las elecciones de 2024 y posteriores, el electorado debe preguntarse qué tipo de país quiere ser: ¿uno que actúa con justicia incluso en tiempos de incertidumbre o uno que resucita las sombras del pasado para justificar decisiones inmediatas?

Porque como dijo el jurista Louis Brandeis: “Los peores peligros para la libertad se esconden bajo la armadura del exceso de celo benévolo”.

Fuentes:
- Congressional Research Service, “Alien and Sedition Acts: Summary and Analysis”
- ACLU: Declaraciones oficiales y argumentos judiciales del caso de Texas y Colorado
- Pew Research Center: Estadísticas migratorias de venezolanos
- SCOTUS Blog: Opiniones preliminares de la Corte sobre el Alien Enemies Act