Tennessee y Harvard en pie de guerra: cuando la política desafía la educación

La educación, históricamente considerada una piedra angular de la democracia estadounidense, está viviendo en 2025 una profunda crisis de identidad entre presiones políticas, recortes de fondos y choques ideológicos. Desde Tennessee hasta Massachussets, dos dramas se desarrollan con implicaciones nacionales: la paulatina suspensión de un proyecto de ley para restringir el acceso escolar a niños indocumentados, y una demanda de Harvard contra el gobierno federal por la congelación de $2.2 mil millones en subvenciones. Ambos casos confrontan directamente los límites de la intervención gubernamental en materia educativa y plantean preguntas ineludibles sobre el futuro del sistema educativo estadounidense.

Tennessee vs. Plyler v. Doe: ¿Una cruzada contra el derecho a la educación?

Desde hace más de 40 años, la sentencia de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe (1982) protege el derecho de cualquier niño, sin importar su estatus migratorio, a recibir una educación pública gratuita desde kínder hasta el 12.º grado. Esta decisión histórica invalidó una ley de Texas que buscaba excluir a estudiantes “no admitidos legalmente” en Estados Unidos.

Sin embargo, legisladores republicanos en Tennessee han tratado este año de desafiar aquel fallo mediante el proyecto de ley HB 793/SB 836. Este proponía imponer a las escuelas públicas del estado la potestad —y en versiones anteriores, la obligación— de verificar la residencia legal de los estudiantes.

La medida fue aprobada previamente en el Senado estatal controlado por republicanos, pero su versión en la Cámara se estancó en subcomité. Según el líder de la mayoría en la Cámara, William Lamberth, uno de los patrocinadores, la prioridad ahora es solicitar guía del gobierno federal para asegurarse de que el proyecto no ponga en peligro los $1.100 millones en fondos federales anuales destinados a la educación en Tennessee.

“Confiamos en que una administración de Trump no retendría los fondos federales por este proyecto. Pero por precaución, queremos actuar con extremo cuidado”, dijo Lamberth.

La posición ha provocado un amplio rechazo social. Decenas de estudiantes acudieron al Capitolio estatal con lágrimas en los ojos, defendiendo a sus compañeros y exigiendo una educación igualitaria.

A favor, varios conservadores han argumentado que el proyecto apenas busca aliviar el gasto público, cuestionando cuánto le cuesta al estado educar a niños indocumentados —aunque no han proporcionado pruebas sólidas de ese supuesto impacto fiscal.

El Heritage Foundation, influyente centro de pensamiento conservador, ha abogado activamente por reconsiderar Plyler v. Doe, apostando a que una Corte Suprema compuesta actualmente por mayoría conservadora revise su jurisprudencia como hizo con Roe v Wade en 2022.

Harvard desafía la autoridad federal: la rebelión de la Ivy League

Mientras Tennessee reevalúa la aplicación de una ley, en el noreste del país otro encontronazo sacude los pilares de la educación superior: Harvard University ha denunciado al gobierno federal tras la congelación de $2.200 millones en fondos para investigación. La sanción gubernamental se originó después de que la universidad rechazara una serie de exigencias impuestas por la administración Trump.

Estas demandas incluían:

• Reforma de sus políticas de admisión
• Supresión del reconocimiento a ciertos clubes estudiantiles
• Screening ideológico de estudiantes internacionales
• Revisión general de la composición de su cuerpo docente y alumnado

Alan Garber, presidente de Harvard, fue tajante:

“Nos negamos a ceder ante una intromisión gubernamental que vulnera nuestra autonomía académica y viola la Primera Enmienda”.

La demanda, interpuesta en una corte federal de Boston, subraya que no existe relación lógica entre las preocupaciones del gobierno por el antisemitismo y los fondos destinados a investigación biomédica, tecnológica o científica. Añaden que bloquear las subvenciones pone en peligro:

• El liderazgo global de EE.UU. en innovación
• Proyectos que salvan vidas
• Iniciativas de seguridad nacional

El trasfondo de la disputa se relaciona con el auge de movimientos estudiantiles propalestinos en varios campus desde 2023. El gobierno ha acusado a algunas universidades, incluyendo Harvard, de albergar un clima de antisemitismo. Esto ha sido usado como argumento central para aplicar medidas disciplinarias a alumnos, limitar la libertad de expresión y reformar estructuras administrativas completas.

La reacción de Donald Trump en su red Truth Social fue contundente:

“¿Debería Harvard perder su estatus de exención fiscal si continúa promoviendo ideologías políticas y 'apoyando el terrorismo'?”

Una amenaza que ha encendido el debate en el país sobre hasta dónde puede llegar el Estado para moldear los valores ideológicos de las instituciones que reciben fondos públicos.

La lucha por el alma del sistema educativo

Ambos casos ponen bajo el microscopio la delicada simbiosis entre el Estado y la educación en un país donde los derechos constitucionales —como la igualdad educativa, la libertad de expresión y la autonomía universitaria— colisionan crecientemente con agendas políticas.

Por un lado, proyectos como el de Tennessee reflejan cómo la inmigración se ha convertido en campo de batalla ideológica. Pretender condicionar el acceso a la educación con base en el estatus migratorio es una movida que muchos juristas consideran claramente inconstitucional, aunque sectores conservadores estén tratando de erosionar esos precedentes.

Por otro, el caso Harvard evidencia cómo el gobierno está dispuesto a usar los fondos federales como instrumento de presión ideológica, atacando la noción de neutralidad académica. El riesgo aquí no solo afecta a una universidad de Ivy League, sino a todo el ecosistema científico y de innovación que depende de fondos federales para continuar funcionando.

Según datos del National Science Foundation, más del 60% de los fondos de investigación de las universidades estadounidenses proviene del gobierno federal. Congelar esos recursos por razones políticas podría tener un efecto devastador en investigaciones relacionadas con medicina, cambio climático o defensa nacional.

Ambas tensiones también podrían sentar precedentes legales significativos. Si la Corte Suprema acepta revisar Plyler v. Doe, o si se establece que el gobierno puede condicionar subvenciones a cambios ideológicos, nos encontraríamos ante una redefinición estructural del pacto federal en materia educativa.

Un espejo de la América polarizada

En última instancia, Tennessee y Harvard no son solo escenarios de disputas localizadas. Revelan una nación profundamente fracturada en torno al rol del Estado, la identidad nacional, el deber educativo y la libertad ideológica.

Por un lado, estados como Tennessee canalizan frustraciones populistas contra la inmigración y buscan reforzar su soberanía legislativa. Del otro, instituciones como Harvard batallan por defender principios ilustrados de autonomía y pensamiento crítico en un entorno crecientemente hostil.

Se avecinan meses determinantes. El desenlace no solo influirá en las vidas de cientos de miles de estudiantes inmigrantes o en los cientos de proyectos de investigación científica en pausa. También definirá qué tipo de país desea ser Estados Unidos en la segunda mitad de la década: uno que recorta derechos y castiga la disensión, o uno que fortalece sus pilares fundacionales ante las tormentas políticas.