Kilmar Abrego García: el caso que enfrenta a la democracia de EE.UU. con sus propias leyes
La deportación errónea de Abrego García pone a prueba el respeto del gobierno estadounidense por el estado de derecho y el proceso judicial
Por qué el caso de Kilmar Abrego García refleja mucho más que una historia de inmigración.
Un regreso que no llega
La historia de Kilmar Abrego García ha irrumpido en el debate político de Estados Unidos y se ha convertido en un símbolo de las tensiones crecientes entre el poder ejecutivo y el judicial. Abrego García, quien vivió en Estados Unidos por más de una década con su esposa e hijos —todos ciudadanos estadounidenses— fue deportado por la administración Trump a El Salvador en marzo de 2020, una acción que el propio gobierno luego reconoció como errónea. Desde entonces, su caso ha pasado de ser un “error administrativo” a convertirse en una señal de alerta para el futuro del estado de derecho en el país.
Incluso después de que la Corte Suprema de EE.UU. ordenara que se facilitara su retorno, el gobierno ha declarado que no tiene autoridad para traerlo de vuelta porque ahora se encuentra bajo custodia de otro país. Esta negativa ha derivado en acusaciones de desacato judicial potencial y una crisis constitucional inminente, en palabras del senador demócrata Chris Van Hollen.
¿Quién es Kilmar Abrego García?
Nacido en El Salvador, Abrego García llegó a Estados Unidos hace más de diez años. Durante su estancia en Maryland, formó una familia con su esposa estadounidense y sus tres hijos. Contaba con un estatus legal que le prohibía ser deportado. A pesar de ello, fue incluido en un vuelo con presuntos miembros de pandillas migrantes y enviado a El Salvador. Su inclusión en ese vuelo no solo puso en peligro su integridad, sino que violó los principios del debido proceso.
Desde su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad del Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, grupos de derechos humanos y congresistas estadounidenses han denunciado el trato que recibe, y el hecho de que su detención se basa en acusaciones no comprobadas de tráfico humano y terrorismo, sin acceso a un juicio justo en EE.UU.
El viaje de los congresistas
El pasado domingo, cuatro congresistas demócratas —Yassamin Ansari (Arizona), Maxine Dexter (Oregón), Maxwell Frost (Florida) y Robert Garcia (California)— viajaron a El Salvador para visitar a Abrego García y constatar su estado. Su objetivo: ejercer presión política y exponer una situación que, según ellos, pone en tela de juicio el respeto al sistema legal de su país.
“Ver a un expresidente como Trump ignorar de manera tan flagrante una orden de la Corte Suprema es alarmante”, declaró Yassamin Ansari en una entrevista. “Este caso representa una amenaza directa al futuro de nuestra democracia”.
Los hechos: qué dijo la Corte Suprema
En una decisión contundente, la jueza Sonia Sotomayor escribió: “El argumento del gobierno implica que podría deportar e incluso encarcelar a cualquier persona, incluso ciudadanos estadounidenses, sin consecuencia legal, siempre que lo haga antes de que una corte pueda intervenir”.
El fallo del máximo tribunal no fue una petición, sino una orden judicial: devolver a Abrego García. Sin embargo, décadas después del caso Marbury v. Madison, que estableció el principio de revisión judicial, este caso podría convertirse en un desafío aún mayor si el poder ejecutivo decide ignorar la autoridad de la Corte Suprema.
Una familia dividida
Mientras tanto, la familia de Abrego García continúa en Maryland. Su esposa e hijos, todos ciudadanos estadounidenses, viven con incertidumbre y miedo. “Sabemos que está vivo, pero no está en casa”, dijo Robert Garcia, uno de los congresistas presentes en El Salvador. “No podemos dejar este caso en el olvido”.
Organizaciones como el American Immigration Council y el National Immigrant Justice Center han señalado que el debido proceso no puede ser un privilegio selectivo, sino un derecho garantizado por la Constitución para todos los individuos dentro de la jurisdicción estadounidense.
¿Una crisis constitucional?
El senador Chris Van Hollen, quien visitó a Abrego García la semana anterior, fue todavía más directo: si el Ejecutivo no acata una orden directa de la Corte Suprema, “entonces estamos enfrentando una crisis constitucional sin precedentes”.
Mientras tanto, funcionarios del Departamento de Justicia declaran que no tienen herramientas para facilitar el regreso de Abrego García porque está en manos de una autoridad extranjera. Esta es una afirmación que muchos abogados constitucionalistas consideran una evasión del deber legal.
“Se está creando un precedente peligroso”, opinó la profesora de derecho constitucional Martha Jones de la Universidad de Johns Hopkins. “Está en juego mucho más que una vida individual. Está en juego el equilibrio de poderes.”
El ángulo republicano
Por otro lado, algunos legisladores republicanos respaldan la decisión de mantener a Abrego García en el penal salvadoreño. Muchos han viajado también a El Salvador, pero para alabar las medidas de mano dura del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
Durante su visita a la Casa Blanca, Trump sostuvo una reunión bilateral con Bukele en la que afirmó que los “delincuentes locales” deben ser enviados a cárceles centroamericanas. “Construyan cinco más de estas prisiones”, le dijo, refiriéndose al penal donde se mantiene a Abrego García.
Sin embargo, no todos los republicanos están alineados. El senador John Kennedy (Luisiana) admitió esta semana en NBC que la deportación de Abrego García “fue un error” y lamentó que la administración “no quiera admitirlo”.
El poder en manos del Congreso
Actualmente, los demócratas están en minoría en ambas cámaras del Congreso, limitando sus herramientas para obligar a la Casa Blanca a actuar. A pesar de ello, su estrategia se ha centrado en utilizar el caso como una bandera política y jurídica para poner en evidencia una administración que actúa, según ellos, al margen de la ley.
“No venimos a defender acciones individuales. Todos merecen debido proceso. Punto”, declaró el congresista Robert Garcia. Ese concepto —debido proceso— es lo que une a legisladores, jueces y defensores de derechos humanos en torno al caso.
¿Qué significa esta lucha para el futuro?
Este caso podría tener consecuencias que lleguen más allá de la esfera migratoria. Si una administración puede ignorar impunemente una orden del poder judicial, ¿qué significa eso para el equilibrio de poderes en EE.UU.? ¿Qué impide entonces que otros ciudadanos sean sujetos a arbitrariedad política o administrativa?
“Lo que hizo o no hizo Abrego García debe determinarlo un juez, no un funcionario de inmigración ni un político”, insiste Ansari. Este principio básico es lo que está ahora en cuestión.
Mientras más congresistas demócratas planifican su viaje a El Salvador en los próximos días, el caso sigue ganando atención mediática y política. Tal como expresó la congresista Ansari: “Esto no trata solo de la inmigración ni de un ciudadano salvadoreño. Se trata del alma misma de nuestra democracia.”
Foto cortesía de Murray Osorio PLLC
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