Batallas políticas, salud pública y derechos reproductivos: Wyoming frente a la presión legal y la vigilancia estatal

Wyoming: una clínica en pie de guerra

En Casper, Wyoming, la única clínica que proporciona abortos quirúrgicos, Wellspring Health Access, ha recuperado por ahora su capacidad de operación después de haber suspendido sus servicios en febrero debido a nuevas leyes estatales restrictivas. El juez de distrito Thomas Campbell suspendió temporalmente dos leyes estatales controvertidas que buscaban limitar el acceso al aborto de maneras indirectas.

Leyes restrictivas: el juego político del aborto

Una de las leyes exigía que las clínicas que ofrecieran abortos quirúrgicos obtuvieran una licencia como centros quirúrgicos ambulatorios, lo que implicaría costosas remodelaciones y nuevas adecuaciones. Otra ley, más específica sobre el aborto con medicamentos, exigía que las pacientes se sometieran a un ultrasonido al menos 48 horas antes de recibir píldoras abortivas. Aunque el gobernador republicano Mark Gordon vetó esta última norma por considerarla "onerosa" en casos de abuso y riesgo para la salud de la mujer, la legislatura anuló su veto.

Los opositores consideran que estas leyes son restricciones dirigidas a los proveedores de aborto (TRAP laws, en inglés). Estas normativas no prohíben directamente el aborto, pero complican tanto la operación de las clínicas que, en la práctica, limitan o eliminan el acceso al procedimiento.

Hormonas para personas trans y resiliencia tras un incendio

A pesar de la suspensión parcial, la clínica no detuvo por completo sus servicios: continuó ofreciendo terapia hormonal para pacientes transgénero. Wellspring abrió sus puertas en 2023, casi un año después de lo planeado, debido a los destrozos provocados por un ataque incendiario deliberado, considerado por muchos un crimen de odio.

La legalidad del aborto sigue siendo vigente en Wyoming, pero constantemente se enfrenta a nuevas leyes que buscan limitar la práctica. La Corte Suprema del estado escuchó argumentos clave el 16 de abril en un caso que podría marcar un precedente importante, centrado en si estas prohibiciones infringen la Constitución estatal y su enmienda de 2012 que garantiza a los adultos competentes el derecho a tomar sus propias decisiones sobre atención médica.

California y la lucha contra el dinero corporativo

Cambiando de panorama, al otro extremo del espectro político, California sigue librando su propia guerra por la salud pública y contra el poder corporativo. En 2024, los grupos de presión invirtieron más de $540 millones en cabildeo en este estado, la mayor cifra registrada, según un análisis de CalMatters.

Este gasto refleja tanto el peso de la economía californiana —que representa aproximadamente el 14% del PIB de EE. UU.— como el creciente impacto de sus políticas públicas a nivel nacional. Google, PacifiCorp, PG&E y la Western States Petroleum Association estuvieron entre los protagonistas de este gasto masivo.

¿Qué está en juego con tanto cabildeo?

Algunas de las batallas clave involucraron regulaciones energéticas, tasas de servicios públicos, legislación sobre medios, y normativas sobre inteligencia artificial. Google, por ejemplo, gastó más en 2024 que en los últimos 20 años combinados, buscando frenar una legislación sobre IA y otro proyecto de ley que afectaba medios digitales.

La Western States Petroleum Association duplicó su gasto por las nuevas propuestas regulatorias sobre el gas y el petróleo, especialmente durante sesiones extraordinarias enfocadas en los precios del gas. Esta organización tomó posición pública sobre 18 proyectos de ley, saliendo victoriosa en dos tercios de los casos.

La tendencia también demuestra la dificultad de medir exactamente hasta qué punto estas inversiones representan éxito: muchas veces la aprobación de un proyecto puede tardar años. De hecho, los legisladores y especialistas como Kevin Micheli afirman que puede tomar más de dos ciclos legislativos alcanzar una meta.

Narcan y la democratización de los medicamentos

A la par de su batalla contra el cabildeo corporativo, California también ha lanzado iniciativas de gran calado. Una de las más recientes es la venta directa de naloxona (Narcan) por parte del estado a través de su programa CalRx. Ahora, cualquier residente puede comprar este medicamento, que revierte las sobredosis por opioides, por tan solo $24 el paquete doble, un precio significativamente inferior al que se encuentra en farmacias comerciales, donde puede costar hasta $70.

La naloxona ha sido aprobada para venta sin receta desde marzo de 2023, y este año, California va más allá al ofrecer su propia versión del medicamento. Es un paso adicional en la estrategia del gobernador Gavin Newsom para presionar a las farmacéuticas y reducir el precio de medicamentos esenciales como la insulina y Narcan.

“Los medicamentos que salvan vidas no deberían tener precios que cambien vidas,” declaró Newsom. A través de CalRx, el gobierno estatal también busca lanzar una alternativa más barata de insulina, en colaboración con la organización sin fines de lucro Civica.

Muertes por opioides en cifras

California registró aproximadamente 7,847 muertes por sobredosis de opioides en 2023. Si bien la cifra es alarmante, las autoridades indican que, gracias a programas como CalRx y la mayor disponibilidad de naloxona, los casos están comenzando a descender.

La perspectiva de Newsom es clara: Garantizar el acceso igualitario a tratamientos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, California sigue siendo uno de los estados líderes en iniciativas de energía renovable, justicia social y salud pública.

Dos caras de América

Lo que sucede en Wyoming y California refleja las tensiones políticas y sociales que atraviesan a los Estados Unidos: el conflicto entre derechos individuales y políticas estatales; el peso del dinero corporativo frente al activismo comunitario; y la lucha por democratizar la salud en una nación todavía profundamente dividida.

En Wyoming, las clínicas luchan por no desaparecer ante una burocracia diseñada para desmoralizar. En California, el estado utiliza su músculo económico para doblegar a las farmacéuticas y enfrentar al lobby corporativo. Ambas batallas forman parte del mismo tablero.

Una pregunta abierta

¿Puede el activismo judicial en Wyoming mantener el acceso legal al aborto funcional frente a restricciones cada vez más sigilosas? ¿Puede California, con su economía y visión progresista, liderar un nuevo modelo ético para la relación entre gobierno, salud y empresas?

El tiempo dirá. Pero lo cierto es que los próximos años definirán mucho más que políticas estatales. Serán el termómetro de la voluntad de resistencia o avance de los derechos civiles y sociales en el corazón de Estados Unidos.