La ley de 1798 revive: polémica y urgencia por deportaciones de venezolanos en Texas

Cuando la historia regresa con toda su fuerza, muchas veces lo hace de formas inesperadas. Así fue como la Alien Enemies Act de 1798, una ley de más de 220 años de antigüedad, volvió al centro del debate migratorio en Estados Unidos, impulsada por la administración del expresidente Donald Trump para justificar la deportación inmediata de algunos ciudadanos venezolanos detenidos en Texas. En una acción sin precedentes, el Tribunal Supremo bloqueó las deportaciones, en una decisión urgente y cargada de tensiones políticas, legales e incluso morales.

¿Qué es la Alien Enemies Act?

La Ley de Extranjeros Enemigos fue parte de un paquete de legislaciones conocido como las Leyes de Extranjería y Sedición, aprobado en 1798 durante la presidencia de John Adams. Su propósito era otorgar al Ejecutivo poderes extraordinarios para detener o expulsar a ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra. Desde entonces, se ha usado solo en tres ocasiones:

• Durante la Primera Guerra Mundial
• Durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la internación de japoneses-estadounidenses
• Y ahora, en 2024, contra inmigrantes venezolanos bajo sospecha de pertenecer a bandas criminales

La ley permite detener y deportar, sin juicio penal, a ciudadanos de países enemigos si el presidente declara que representan una amenaza.

Los venezolanos señalados como "enemigos"

El detonante de esta tensión legal y política fue la orden de deportar a un grupo de venezolanos detenidos en el Bluebonnet Detention Center, una prisión privada ubicada en el norte de Texas. La administración Trump argumentó que muchos de ellos formaban parte de la organización criminal Tren de Aragua, una banda venezolana con presencia internacional.

Según abogados de la American Civil Liberties Union (ACLU), no se aportaron pruebas reales, y la única base para estas deportaciones era la nacionalidad de los detenidos y “acusaciones vagas y sin fundamento”. En un recurso legal de emergencia presentado ante el Tribunal Supremo se advertía que había un uso abusivo de la Alien Enemies Act, sin un debido proceso legal para los implicados.

Una intervención judicial urgente y dividida

En una orden emitida en la madrugada del sábado 13 de abril, el Tribunal Supremo bloqueó las deportaciones hasta nuevo aviso. No ofreció explicación detallada, lo cual es habitual en procesos de emergencia, pero el efecto fue inmediato: ningún venezolano detenido en Bluebonnet podía ser enviado fuera del país de manera inmediata.

El juez Samuel Alito, acompañado por el juez Clarence Thomas, emitió una disidencia feroz, criticando lo que calificó como una acción “sin precedentes y legalmente cuestionable”. Según Alito, la Corte no debió intervenir de forma tan acelerada sin haber escuchado la versión oficial del gobierno ni agotar los caminos procesales en tribunales inferiores.

“Literalmente en medio de la noche, la Corte emitió una medida sin precedentes y cuestionable sin escuchar la otra parte ni ofrecer una explicación”, escribió Alito en su opinión disidente.

El papel de la ACLU y el temor a las deportaciones masivas

La ACLU fue clave en el proceso, denunciando lo que consideran una amenaza al debido proceso judicial. En su demanda, argumentaron que la ley de 1798 no puede usarse como excusa para expulsar inmigrantes sin que puedan defenderse ante un juez.

Además, advirtieron que los detenidos estaban siendo acusados falsamente de ser parte de organizaciones criminales para justificar su expulsión. Algunos ya habían sido enviados a El Salvador, a detenerse en la infame prisión de Tecoluca, conocida por albergar a miembros de pandillas extremadamente peligrosas bajo condiciones severas.

¿Justicia o arbitrariedad? Las voces encontradas

La orden del Tribunal Supremo fue celebrada por algunas organizaciones de derechos humanos como una victoria temporaria de la legalidad sobre la retórica de la seguridad nacional. Pero también generó tensiones dentro del propio sistema judicial.

Para Alito, la Corte se excedió y desestabilizó el esquema legal. Según su opinión, no había pruebas sólidas de que las deportaciones fueran inminentes y, por tanto, no se justificaba intervenir tan rápidamente.

“No había evidencia concreta de que fueran a ser deportados inmediatamente. Emitir un bloqueo basado en meras sospechas es irresponsable”, aseguró Alito.

Trump y la política de la seguridad por encima del proceso

Donald Trump ha usado reiteradamente el argumento de seguridad nacional como prioridad sobre derechos civiles o humanitarios. El intento de utilizar la Alien Enemies Act forma parte de un patrón que ya se vio en su intento de prohibir el ingreso de ciudadanos musulmanes en 2017 o su política de "tolerancia cero" en la frontera con México.

En este caso, la narrativa que justifica las expulsiones inmediatas reposa en la caracterización de los acusados como miembros de una superpandilla internacional, algo que, hasta ahora, no ha sido probado judicialmente.

Un precedente riesgoso para los inmigrantes

Más allá del caso puntual, este uso de la Alien Enemies Act podría abrir la puerta a nuevas formas de represión contra inmigrantes. Como advirtió la abogada de la ACLU, Cecillia Wang:

“Si permitimos al gobierno etiquetar a personas como 'enemigos' solo por su nacionalidad, sin evidencia y sin proceso, corremos el riesgo de repetir capítulos oscuros de nuestra historia”.

Esta historia remueve memorias de los campos de internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ciudadanos estadounidenses fueron privados de su libertad por el simple hecho de tener raíces niponas.

¿Una Corte politizada?

El hecho de que la mayoría del Tribunal Supremo —incluyendo jueces designados por gobiernos anteriores— haya bloqueado la medida del Ejecutivo, podría reflejar una creciente preocupación por utilizar la seguridad nacional como excusa para quebrar derechos fundamentales.

Para sectores más conservadores, esta decisión refleja un Tribunal activista. Para otros sectores, es una muestra de que el sistema judicial aún puede frenar excesos del poder Ejecutivo.

¿Qué sigue ahora?

• Los inmigrantes venezolanos no pueden ser deportados sin antes tener oportunidad de alegar su caso ante un juez.
• El Tribunal Supremo decidirá próximamente si revisará el uso de la Alien Enemies Act a fondo.
• Organizaciones internacionales están observando de cerca el uso de leyes de siglos pasados para justificar actos que podrían constituir violaciones de derechos humanos.

Mientras tanto, la vida de los venezolanos detenidos en Texas sigue pendiendo de un fino hilo legal. Y el sistema judicial estadounidense enfrenta nuevamente una prueba decisiva sobre su integridad, independencia y capacidad para hacer valer el debido proceso, incluso en tiempos turbulentos.

Como advirtió un académico del Centro Brennan para la Justicia en NYU: “La historia no se repite, pero a veces rima. Estamos viendo resonancias peligrosas de otras épocas donde el miedo justificó lo injustificable”.

Esta batalla legal apenas comienza. Y lo que ocurra en las próximas semanas podría afectar no solo a los detenidos en Texas, sino también el futuro del control migratorio y los derechos civiles en Estados Unidos.