El tiroteo racista en El Paso: heridas que nunca sanan

Era un sábado cualquiera, 3 de agosto de 2019. Las familias llenaban los pasillos del Walmart en El Paso, Texas, buscando útiles escolares, víveres o simplemente aprovechando algún descuento. De pronto, el horror irrumpió con violencia y odio: Patrick Crusius, entonces con 21 años, abrió fuego con un fusil semiautomático AK-47. El resultado: 23 personas muertas en un acto de odio racial dirigido específicamente contra la comunidad hispana.

Hoy, tras casi seis años de procesos judiciales, aplazamientos y sufrimiento para las víctimas, Crusius ha aceptado un acuerdo de culpabilidad que lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No enfrentará la pena de muerte en el estado de Texas. Este artículo ofrece una mirada de análisis sobre el caso, sus implicancias sociales, políticas y emocionales.

Un crimen premeditado con motivaciones racistas

Antes de iniciar el tiroteo, Crusius manejó por más de diez horas desde Allen, un suburbio de Dallas, hasta El Paso, armado con un fusil semiautomático. En una publicación en línea previa al ataque, afirmó que su objetivo era detener la “invasión hispana de Texas”. Declaraciones claras, sin ambigüedad, que apuntaban al odio como principal motor de su accionar.

En su manifiesto, justificó el ataque como una respuesta a la inmigración, y expresó temores infundados sobre una supuesta “reemplazo cultural y económico” por parte de latinos. Sus ideas estaban alimentadas por teorías de conspiración racistas como el “Gran Reemplazo”, una narrativa común en círculos de extrema derecha a nivel mundial.

“Quiero dejar en claro que no me inspiré por nadie, yo mismo decidí hacerlo”, escribió Crusius, aunque anteriormente había retuiteado mensajes alineados con políticas migratorias extremas y el lema “#BuildTheWall”.

Las víctimas: vidas sesgadas por el odio

Las 23 víctimas de la masacre eran personas con historias, familias, sueños. Desde un adolescente deportista hasta abuelos que cruzaban la frontera desde Ciudad Juárez para hacer compras, reflejaban la mixtura cultural de una ciudad como El Paso.

• Jordan y Andre Anchondo fallecieron protegiendo a su hijo recién nacido del tiroteo. Paul, con apenas dos meses, sobrevivió gracias al sacrificio de sus padres.
• Guillermo ‘Memo’ García estaba recaudando fondos para el equipo de fútbol de su hija. Murió meses después debido a las heridas recibidas.
• Jessica Coca García, su esposa, sobrevivió y dio uno de los discursos más conmovedores en memoria de las víctimas. “El racismo es algo que siempre quise pensar que no existía. Obviamente, sí existe”, dijo mientras se apoyaba en su silla de ruedas.

Cada historia es una herida abierta para una comunidad profundamente golpeada.

Un proceso judicial tortuoso

En los casi seis años posteriores al tiroteo, el proceso judicial ha sido caótico. Crusius fue sometido a un juicio federal en 2023, donde recibió 90 sentencias de cadena perpetua consecutivas tras declararse culpable de delitos de odio y otros cargos. Ahora, el acuerdo alcanzado en Texas lo condena por asesinato capital pero lo libra de la pena de muerte.

El fiscal del condado de El Paso, James Montoya, explicó que se ofreció el acuerdo de culpabilidad porque la mayoría de las familias deseaban concluir con el proceso y evitar que el juicio se prolongara hasta 2028. “Estábamos reabriendo heridas cada vez que avanzábamos”, dijo el fiscal.

Este es el cuarto fiscal en liderar la causa desde 2019. Su predecesora fue duramente criticada por la lentitud e ineficiencia con la que manejó el proceso. La pandemia empeoró aún más los tiempos y dejó la causa en un limbo emocional para las familias.

La salud mental del atacante

Uno de los aspectos más complejos del caso ha sido abordar el estado mental de Crusius. Su defensa alegó que padecía de trastorno esquizoafectivo, condición que puede generar alucinaciones, delirio y alteraciones del estado de ánimo.

Joe Spencer, uno de sus abogados, declaró que Crusius era “un individuo con un cerebro roto”. Sin embargo, muchos defensores de los derechos civiles y familiares de las víctimas remarcan que su ataque fue meticulosamente planeado y motivado por una ideología extremista, no por desequilibrios mentales fortuitos.

El trasfondo político y social

El ataque en Walmart debe ser contextualizado en una atmósfera política cargada. En 2019, el expresidente Donald Trump lideraba el país con un discurso abiertamente hostil hacia comunidades inmigrantes, particularmente la latina. Crusius se sentía identificado con esas posturas y replicaba mensajes que reforzaban sus prejuicios.

El Paso ha sido tradicionalmente una ciudad donde la convivencia binacional es parte del día a día. Ciudad Juárez y El Paso están separadas por pocos kilómetros y millones de personas cruzan la frontera para trabajar, estudiar o comprar. No se trataba sólo de un ataque a personas, sino a una comunidad entera y su forma de vida.

“Fue un acto de terrorismo doméstico con motivación racial”, declararon autoridades federales al momento del juicio.

¿Por qué no la pena de muerte?

Texas es uno de los estados con mayor número de ejecuciones en Estados Unidos. Entonces, muchos se preguntan: ¿por qué Crusius no recibió esa condena?

En el juicio federal, bajo la administración de Biden, se retiró la posibilidad de pena capital. Y en el proceso estatal, Montoya determinó que un juicio prolongado podría revictimizar a las familias. Además, las garantías procesales en casos de pena de muerte suelen extender el camino judicial por muchos años más. En un contexto donde la fatiga emocional de los afectados era evidente, pesó más la necesidad de cerrar un ciclo.

Las consecuencias culturales: racismo e impunidad

Más allá de lo jurídico, la masacre de El Paso dejó un saldo social difícil de reparar. La comunidad latina en Estados Unidos, que representa el 19.1% de la población total según el Censo de EE. UU., se sintió directamente atacada. No fue sólo violencia al azar: fue un crimen motivado por intolerancia y xenofobia.

La espiral de discursos de odio y teorías conspirativas en plataformas digitales continúa expandiéndose, sin límites claros para su difusión. Y pese a que grandes tecnológicas afirman combatirlos, el caso de Crusius demuestra cómo una ideología racista puede incubarse al amparo del anonimato en foros online y evolucionar hacia actos horrendos.

La voz de los familiares

Una de las voces más potentes ha sido la de Stephanie Meléndez, cuyo padre, David Johnson, murió protegiendo a su esposa y nieta dentro del Walmart.

“Al principio quería la pena de muerte, pero después de tanto tiempo sólo quería que todo terminara. Estaba cansada de revivir el trauma una y otra vez”, expresó Meléndez tras confirmarse el acuerdo judicial.

Ese sentimiento se repite en muchas familias: alivio por cerrar un capítulo. Pero no porque el dolor haya desaparecido, sino porque necesitan espacio para sanar fuera del sistema judicial.

Lecciones que no se pueden olvidar

El ataque en El Paso es un triste recordatorio de las consecuencias letales del racismo sistemático y de la desinformación en internet. Políticos, medios de comunicación y plataformas digitales tienen una responsabilidad directa en crear entornos que no legitimen ni amplifiquen discursos de odio.

También subraya la necesidad de una reforma profunda en la legislación de armas. En Texas, el acceso a armas de asalto como la utilizada por Crusius es relativamente fácil. Si un individuo con antecedentes de odio y desorden mental puede obtenerlas legalmente, el sistema claramente ha fallado.

Quizás el cierre judicial ofrezca un pequeño oasis de justicia, pero el verdadero reto será trabajar para que una tragedia así no vuelva a repetirse.