El desmantelamiento de AmeriCorps: un golpe a los valores del servicio público en EE.UU.

Una orden judicial que expone injusticias laborales

El juez federal William Alsup, del distrito de San Francisco, emitió el pasado viernes una orden contundente: el gobierno federal debe entregar por escrito a miles de empleados en período de prueba despedidos una declaración aclarando que su salida no se debió a su rendimiento, sino a una decisión administrativa sistemática impuesta desde la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés). Este acontecimiento marca un punto crítico en una serie de recortes y despidos que han puesto en entredicho los valores tradicionales del servicio civil estadounidense.

Estos trabajadores, muchos de ellos jóvenes e iniciando sus carreras en el sector público, fueron víctimas de despidos masivos en febrero bajo la administración del expresidente Donald Trump. Según el juez Alsup, el uso de formularios estandarizados que atribuían despidos a un presunto bajo rendimiento constituye una injusticia perdurable que puede marcar negativamente sus trayectorias profesionales durante años.

La lucha legal: ¿despidos ilegales?

La decisión judicial surge de una demanda interpuesta por sindicatos y organizaciones sin fines de lucro que cuestionan la legalidad de estos despidos. En marzo, Alsup ya había ordenado la reincorporación de los trabajadores, al considerar que la OPM no tenía autoridad para ordenar despidos en agencias distintas a la suya. Sin embargo, la Corte Suprema bloqueó temporalmente esa orden sin pronunciarse sobre la legalidad de las acciones de la administración.

Además, un juez federal en Maryland que lleva una demanda similar, presentada por 19 estados, concluyó que la administración no cumplió con las leyes laborales que exigen, entre otras cosas, un aviso con 60 días de anticipación para despidos masivos. No obstante, su fallo también fue revocado por la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

AmeriCorps: víctimas colaterales de un programa ideológico

Mientras la batalla legal continúa, se ha desencadenado una crisis humanitaria e institucional dentro de AmeriCorps, una entidad federal que gestiona programas de voluntariado destinados a educación, vivienda, conservación ambiental y atención en desastres naturales.

En una decisión abrupta, la directiva interina de AmeriCorps anunció esta semana que la mayoría del personal había sido colocado en licencia administrativa con goce de sueldo. También se informó a los miembros del Cuerpo Nacional de la Comunidad Civil (NCCC) —jóvenes entre 18 y 26 años que prestan servicio durante diez meses— que serían dados de baja anticipadamente, terminando su servicio bruscamente.

¿Qué es AmeriCorps NCCC y por qué importa?

Con más de 30 años de historia, el programa AmeriCorps NCCC es uno de los pilares del voluntariado en Estados Unidos. Sus más de 2,000 participantes anuales realizan labores esenciales en comunidades rurales y urbanas, apoyando a veteranos, niños y adultos mayores, y asistiendo en catástrofes como incendios o huracanes.

AmeriCorps ofrece a sus miembros alojamiento, alimentación, seguro básico y una pequeña asignación mensual. Al completar las 1,700 horas de servicio, los voluntarios reciben un subsidio de aproximadamente $7,300 que puede ser utilizado para gastos educativos o para pagar préstamos estudiantiles.

Según datos oficiales del programa, desde 1999 los equipos han contribuido con más de 8 millones de horas de servicio en más de 3,400 proyectos asociados a desastres en todo el país.

Un legado bajo amenaza

La eliminación parcial de AmeriCorps no es una ocurrencia repentina. Tanto el programa como su financiamiento han estado bajo amenaza en múltiples ocasiones. En el último año fiscal, NCCC recibió apenas $38 millones, un monto insignificante comparado con su impacto social. Sin embargo, jamás se había realizado un recorte tan drástico y repentino como el llevado a cabo esta semana.

Jade Marshalek, una exmiembro de AmeriCorps NCCC que servía en Seattle ayudando a ciudadanos a preparar sus declaraciones de impuestos, expresó su frustración: “Este recorte masivo destruirá décadas de experiencia y coordinación institucional. Hay muchas más organizaciones y comunidades vulnerables que necesitarán ayuda en el corto plazo.”

La reacción de los estados

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció su intención de presentar una demanda para detener lo que calificó como “el desmantelamiento de los valores del servicio americano”. En un comunicado contundente, afirmó: “Hemos pasado del New Deal, al New Frontier y la Gran Sociedad, a un gobierno federal que le da el dedo medio a los voluntarios que sirven a sus conciudadanos.”

Aunque al cierre del viernes la demanda no había sido ingresada formalmente, se espera que en los próximos días California, posiblemente junto con otros estados, lleven el caso a tribunales en defensa de los voluntarios y empleados públicos afectados.

Una visión ideológica del servicio público

Las acciones de la administración Trump reflejan una visión sobre el aparato estatal basada en la eficiencia presupuestaria y la reducción del tamaño del gobierno, incluso a costa de sacrificar programas con alto valor social. Bajo esta óptica, los programas de voluntariado como AmeriCorps —y específicamente NCCC— son vistos como prescindibles a pesar de su historial comprobado de servicio.

La reactivación de la temida “Schedule F”, una orden ejecutiva que permite despedir empleados federales considerados “innecesarios” o “ideológicos”, fue solo un paso más en una cruzada que busca reestructurar completamente el servicio civil estadounidense tal como se conoce.

Voces desde el Congreso y los medios

Este tema ha generado un debate candente en los principales programas informativos del país. El senador Chris Van Hollen (D-Md.), presente en varios talk shows este fin de semana, se refirió al asunto como “una violación flagrante tanto del proceso como del propósito mismo del empleo público”, y llamó a sus colegas a legislar para proteger a los trabajadores del futuro de reiteradas purgas ideológicas.

Simultáneamente, figuras republicanas defendieron la medida argumentando que se trata de una “necesaria limpieza estructural” para garantizar la neutralidad y eficacia del servicio civil.

¿Qué está en juego?

La continuidad de AmeriCorps NCCC y la restitución del buen nombre a miles de trabajadores podrían parecer detalles administrativos menores, pero representan un conflicto de fondo mucho más profundo: el tipo de gobierno que Estados Unidos quiere representar.
Recortes como estos, aunque maquillados con discursos de eficiencia administrativa, plantean un precedente peligroso donde decisiones sin evaluación individual pueden marcar el ocaso de instituciones que han servido de red de seguridad ante situaciones como pandemias, incendios, huracanes y crisis sociales.

En un país que solía celebrar el espíritu del “servicio al prójimo” como un valor inherente a su identidad nacional, el ataque sistemático a AmeriCorps y a empleados civiles jóvenes genera una pregunta desconcertante: ¿está el gobierno estadounidense abandonando a su propia gente en nombre del costo y la ideología?