¿Protección a jueces o licencia para pescadores? La justicia federal y el mar como campo de batalla política

Una creciente amenaza contra los jueces federales

El sistema judicial de EE.UU. ha levantado una bandera roja que no puede ser ignorada: los jueces federales enfrentan niveles sin precedentes de amenazas, acoso e intimidación. Desde órdenes de pizzas a nombre de víctimas de tiroteos hasta amenazas directas a familiares, los riesgos han escalado a tal punto que más de 60 jueces —una cifra sin precedentes— cuentan hoy con protección digital reforzada.

En una carta al Congreso, los jueces federales Amy J. St. Eve y Robert J. Conrad Jr., ambos designados por presidentes republicanos, reclamaron que los fondos asignados para seguridad judicial resultan “insostenibles” ante el clima actual de riesgo, estando $50 millones por debajo de lo que la judicatura considera necesario.

“En casos extremos, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. ha tenido que tomar medidas extraordinarias para proteger a los jueces”, subrayaron los magistrados.

La jueza Esther Salas, quien en 2020 sufrió el asesinato de su hijo durante un ataque dirigido a su domicilio, confirmó que sigue recibiendo amenazas veladas: falsas entregas de pizza enviadas con el nombre de Daniel Anderl —su hijo fallecido— llegan a domicilios de jueces y sus familias. El mensaje es claro: “Sé dónde vives, sé dónde viven tus hijos, ¿quieres terminar como el hijo de Salas?”.

La retórica política aumenta el riesgo

Una de las principales fuentes de tensión proviene de la arena política. Líderes como el expresidente Donald Trump y el magnate Elon Musk no han escatimado en ataques personales hacia jueces que se interponen a sus intereses.

Trump llamó públicamente a destituir al juez que suspendió las deportaciones usando una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. Este tipo de declaraciones provocaron incluso una respuesta inmediata —algo infrecuente— del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Hasta la fecha, se ha acusado a cerca de 50 personas por delitos relacionados con amenazas a jueces, según los informes del poder judicial.

Jueces versus Trump: una guerra de largo aliento

La tensión entre el poder judicial y el ejecutivo no se limita a amenazas. En recientes semanas, la comidilla política se ha concentrado en la decisión de un juez federal que dio la razón a la agencia de noticias Associated Press (AP), al dictaminar que el bloqueo por parte de la Casa Blanca de los reporteros de AP por negarse a cambiar el nombre del Golfo de México en sus informes era una violación a la libertad de prensa.

En respuesta, el juez Trevor N. McFadden ordenó la reincorporación inmediata de AP a los eventos presidenciales. Aunque parcialmente cumplida, se siguen reportando restricciones, lo que ha llevado a nuevas comparecencias judiciales.

Mientras tanto, en el mar: más permisividad, menos regulación

Simultáneamente a esta crisis en la seguridad judicial, el expresidente Trump firmó una orden ejecutiva que apunta a desregular drásticamente la industria pesquera en EE.UU., en un intento declarado de potenciar la supremacía estadounidense en la producción de mariscos.

“Estados Unidos debería ser el líder mundial en mariscos,” declaró Trump, al señalar un déficit comercial en ese sector que supera los $20 mil millones.

El decreto habilita pesca comercial en áreas protegidas, y reduce las regulaciones que, según conservacionistas y algunos órganos científicos, han sido claves para recuperar hábitats marinos y poblaciones de peces en peligro.

Conservacionistas en pie de guerra

Los activistas ambientales no se quedaron de brazos cruzados. Beth Lowell, vicepresidenta de Oceana, fue contundente: “Estas órdenes ejecutivas no eliminan burocracia: desmantelan la red de seguridad que protege nuestros océanos, nuestra economía y nuestras cenas”.

El fundamento legal que ha guiado por décadas la gestión pesquera —la ley Magnuson-Stevens— también se ve cuestionado. Desde 2013 a 2023, la cantidad de especies en la lista de sobrepesca subió de 40 a 47, y con la nueva orden podrían incrementarse, pronostican expertos.

Pescadores celebran la decisión

Pero no todos están en contra. La presidenta del National Fisheries Institute, Lisa Wallenda Picard, elogió la orden como “una estrategia pensada y necesaria”. Muchos pescadores vieron la decisión como un salvavidas ante una industria duramente golpeada por el cambio climático y la competencia importada.

Según Picard, “el decreto beneficia cada eslabón de la cadena —desde el pescador hasta los consumidores que sirven proteínas sostenibles en sus hogares”.

El dilema: corte suprema bajo ataque y océanos sin guardián

El contraste no podría ser más notorio: mientras la industria pesquera celebra la disminución de regulación, el sistema judicial clama por mayor protección física y digital. Se trata de dos campos de batalla simbólicos donde se disputa un debate esencial: ¿quién protege qué valores estadounidenses: la seguridad institucional, la producción económica o el medio ambiente?

En medio de la controversia, otra señal de alarma se hizo presente: la hermana de la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett fue víctima de una amenaza de bomba en Charleston, Carolina del Sur. Aunque el artefacto no fue encontrado, el mensaje intimidatorio incrementó las preocupaciones.

“Estamos en un punto donde el principio de separación de poderes se está viendo minado violentamente —tanto en el Congreso como en la opinión pública”, sostuvo el juez McFadden durante su argumentación en el caso de AP.

Una mirada al futuro...

• El presupuesto para seguridad judicial deberá ser revisado en el Congreso. De acuerdo con la judicatura, se requieren más de $50 millones adicionales para proteger adecuadamente a jueces bajo amenaza.
• La industria pesquera de EE.UU. enfrenta una nueva etapa de expansión; su sostenibilidad dependerá del equilibrio entre la desregulación y la protección de especies vulnerables.
• Las tensiones entre prensa y poder ejecutivo continuarán marcando la pauta en un año electoral, aunque instancias judiciales ya han establecido precedentes claves.

La democracia estadounidense parece debatirse entre tribunales sitiados e industrias liberadas, en un paisaje político cada vez más polarizante. ¿Logrará el país balancear estos intereses contrapuestos? La respuesta, como siempre, estará en la voluntad política, la legislación futura y el escrutinio de una ciudadanía cada vez más vigilante.