Un país dividido en las aulas y los tribunales: cómo el legado de Trump redefine la educación y los derechos civiles en EE.UU.

Un caso que estremece los cimientos del derecho: Kilmar Abrego García y el rechazo del gobierno a reparar un error

Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos realizó una de las declaraciones más contundentes de los últimos tiempos al criticar al gobierno de Donald Trump por no asumir responsabilidad en la deportación errónea de Kilmar Abrego García, un residente legal de Maryland que fue enviado por error a El Salvador.

"Una afirmación que debería estremecer, no sólo a jueces, sino a todos los ciudadanos que aún conservan una intuición natural por la libertad", escribió con firmeza un panel de tres jueces del Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones.

El caso, más allá de ser un drama humano, revela una colisión grave entre ramas del gobierno y los principios constitucionales. El Poder Ejecutivo, bajo el liderazgo de Trump, argumentó que ya no tenía jurisdicción sobre Abrego García dado que había sido deportado. Es decir, una vez que fue "desocupado" del país, se desentendieron de su destino. "Afirma, esencialmente, que no se puede hacer nada porque ya se libraron de su custodia", denunció el tribunal.

Justicia bajo microscopio: la orden para interrogar a funcionarios federales

La jueza de distrito Paula Xinis ordenó que por lo menos cuatro funcionarios de agencias clave —ICE, Departamento de Seguridad Nacional y Departamento de Estado— presten declaración jurada sobre si realmente acataron sus instrucciones para facilitar el regreso del ciudadano afectado.

El Departamento de Justicia pidió suspender esta orden mientras se apelaba, pero el tribunal de apelaciones negó rotundamente la solicitud. En su decisión, los magistrados señalaron el peligroso precedente que sentaría permitir que el ejecutivo "guarde ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en prisiones extranjeras, escapando al debido proceso".

Este no es un asunto técnico o burocrático. Lo que está en juego es el corazón de una democracia: la separación de poderes y la obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción.

Una comunidad movilizada: la familia y activistas exigen justicia

En una conferencia de prensa emotiva en el Centro Multicultural CASA en Hyattsville (Maryland), la esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, alzó la voz por los derechos de su esposo y de quienes comparten historias parecidas.

"Lo abandonaron. Lo dejaron a su suerte en un país que no es el suyo, sin juicio, sin defensa. Sólo porque podían".

El caso ha sido respaldado por organizaciones como ACLU y asociaciones pro migrantes que denuncian una creciente normalización del atropello a los debidos procesos bajo políticas migratorias agresivas.

Universidades bajo asedio presupuestario: el impacto de la política federal en el sistema público de educación superior

No sólo los tribunales enfrentan las consecuencias de las decisiones del gobierno de Trump. La Universidad de Hawái (UH), con su complejo sistema de 10 campus, ha sido una de las principales afectadas por recortes a programas financiados con fondos federales.

Para el año fiscal 2026, UH solicitó $37.9 millones adicionales para seguir operando con mínimos estándares de calidad. Sin embargo, el Senado estatal planteó un presupuesto de apenas $5 millones. Una cifra que ni siquiera compensa la inflación.

Kalbert Young, vicepresidente de finanzas de UH, alertó que cerca de 44 programas ya han sido eliminados, paralizados o están en proceso de cierre, con la pérdida de más de $23.5 millones y al menos 39 puestos de trabajo.

"Este patrón de erosión financiera no puede entenderse fuera del contexto político. La universidad está sacrificando no sólo investigación, sino servicios esenciales para el bienestar del estado y sus estudiantes" — declaró Young.

La presidenta de UH, Wendy Hensel, ha enviado alertas a la comunidad universitaria sobre un panorama cada vez más incierto si los fondos federales continúan desapareciendo.

¿Autonomía universitaria o víctima política?

Los recortes parecen responder también a críticas persistentes de legisladores estatales, particularmente Donovan Dela Cruz y Donna Kim. Ambos han cuestionado la gestión financiera de la universidad, pese a su estatus como entidad autónoma.

A lo largo del tiempo, estas tensiones han minado la confianza institucional. Si bien el gobernador Josh Green y la Cámara de Representantes han demostrado mayor empatía con las prioridades presupuestarias de UH, el Senado insiste en recortar profundamente tanto en el presupuesto operativo como en el destinado a mejoras de infraestructura.

Para el año fiscal 2026, UH solicitó $381 millones para proyectos de infraestructura. La Cámara propuso reducirlo a $229 millones, y el Senado lo ajustó apenas hasta $252 millones, destinando casi la mitad a un solo proyecto en Kauaʻi, hogar de los líderes legislativos.

La guerra contra la diversidad en las aulas: el nuevo blanco del Departamento de Educación

El asalto a los derechos civiles no se detiene en tribunales o presupuestos: también llega a las aulas. En febrero de 2025, el Departamento de Educación emitió una polémica directiva, conocida como "Dear Colleague Letter", exigiendo eliminar toda práctica educativa basada en políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

La orden advierte de sanciones severas si no se cumple: desde cancelación de fondos federales hasta litigios del Departamento de Justicia.

La Asociación Nacional de Educación (NEA) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandaron esta guía en un tribunal de New Hampshire. Alegan que viola la Primera Enmienda y el derecho al debido proceso, además de ser una amenaza directa a la libertad académica.

¿A quién perjudica realmente esta medida?

El gobierno defendió la medida diciendo que va dirigida a escuelas, no a docentes particulares, y que nadie está obligado a autocensurarse por temor. "No se puede fabricar un daño imponiéndose voluntariamente restricciones", insistió el abogado federal Abishek Kambli.

Pero la jueza del caso, Landya McCafferty, señalo las contradicciones entre los argumentos del gobierno y los propios comunicados del Departamento, que han anunciado la cancelación inmediata de fondos a instituciones como la Universidad de Columbia.

Además, educadores en varios estados liderados por demócratas han declarado que no acatarán la orden. "Se está formando una resistencia académica rara vez vista antes", afirmó la abogada de ACLU, Sarah Hinger.

La batalla por el alma de la educación estadounidense

Docentes, activistas y universidades coinciden en algo: esta lucha no es simplemente por ideologías educativas. Es la defensa de derechos civiles conquistados tras décadas de lucha y el mantenimiento de un espacio donde pensar diferente, enseñar historia inclusiva y promover diversidad no sea castigado desde el poder central.

La jurisprudencia, los recursos económicos y la expresión libre en las instituciones educativas están siendo, poco a poco, configuradas por un Estado que busca centralizar el control en áreas tradicionalmente autónomas.

¿Es esto un intento de reconfigurar la identidad nacional estadounidense a partir de una narrativa exclusiva? ¿O es simplemente una medida contra políticas identitarias excesivas? Lo cierto es que la comunidad educativa enfrenta hoy un reto histórico.

Sin importar el desenlace final de estas batallas legales y presupuestarias, el presente ya se siente como una encrucijada entre la libertad y la obediencia ciega.