Kilmar Abrego García y los peligros de ignorar el debido proceso en EE.UU.

Por décadas, Estados Unidos se ha definido como una nación de leyes, derechos civiles y justicia imparcial. Pero el caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado equivocadamente bajo la administración de Donald Trump, amenaza con desmantelar esa imagen al poner en jaque valores fundamentales como el debido proceso y la separación de poderes.

Una deportación que desafía la ley

En 2019, Kilmar Abrego García vivía en Maryland cuando comenzaron los procedimientos para su deportación. Tras años de batallas legales, un tribunal federal determinó que no debía ser deportado. A pesar de esa decisión, agentes de inmigración lo sacaron del país en lo que el propio gobierno de Trump describió como un “error administrativo”. Lo peor vendría después: Abrego fue encarcelado en El Salvador sin que su familia pudiera contactarlo.

Para los demócratas, el caso no trata solo de inmigración, sino de principios constitucionales. “Sin debido proceso para todos, estamos todos en peligro”, afirmó el representante Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Republicanos: seguridad y amenaza

Pero del otro lado del espectro político, el mensaje es muy distinto. Donald Trump y varios funcionarios de su administración lo han pintado como un “terrorista” relacionado con la MS-13, a pesar de no haber sido acusado formalmente de ningún crimen en Estados Unidos. Más aún, su esposa —quien ahora lucha por traerlo de vuelta— admitió haber solicitado una orden de protección contra él en el pasado.

“No va a regresar a nuestro país”, sentenció Pam Bondi, Fiscal General y aliada de Trump, a pesar de una orden de la Corte Suprema que exige su regreso. Para Trump, este caso es una oportunidad política más que un debate legal. “Fui elegido para deshacerme de estos criminales”, afirmó.

¿Qué dicen las encuestas?

Una encuesta de marzo de 2024 realizada por AP-NORC reveló que cerca del 50% de los adultos estadounidenses aprueban el enfoque de Trump sobre inmigración, una cifra que pone de relieve la polarización que el tema genera. Sin embargo, cuando se trata de deportar inmigrantes sin historial criminal, el apoyo se diluye considerablemente: solo 4 de cada 10 lo respaldan completamente.

Una encuesta de Pew Research Center en febrero encontró que, aunque aproximadamente la mitad de los estadounidenses cree que algunos inmigrantes indocumentados deberían ser deportados, muy pocos apoyan deportar a aquellos que trabajan o están casados con ciudadanos estadounidenses.

Un conflicto constitucional de gran escala

El congresista Glenn Ivey, quien representa el distrito donde vivía Abrego García, dejó claro que este caso ya dejó de ser exclusivamente migratorio: “Se está convirtiendo rápidamente en un conflicto de separación de poderes que podría adquirir proporciones históricas”.

Y la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito fue aún más tajante al reprochar al gobierno de Trump: “El gobierno está reclamando el derecho a esconder residentes del país en prisiones extranjeras sin el más mínimo indicio de debido proceso, que es la base de nuestro orden constitucional”.

¿Por qué importa este caso?

El caso de Kilmar Abrego García se ha convertido en un símbolo dentro del debate migratorio estadounidense y ha expuesto grietas profundas tanto jurídicas como políticas. Para los republicanos, se trata de evitar que “criminales violentos” vivan libremente en Estados Unidos. Para los demócratas, el caso revela una administración dispuesta a saltar por encima de las estructuras legales para imponer una agenda política.

En palabras de Gavin Newsom, gobernador de California y potencial candidato presidencial demócrata en 2028: “Estos no son tiempos normales. Tenemos que ser claros y con convicción. Si no, Trump gana cada ciclo de noticias desviando nuestra atención”.

El papel del poder judicial

Una crisis institucional se gesta cuando el Poder Ejecutivo desobedece abiertamente órdenes judiciales. Según una encuesta de The Washington Post/Ipsos en febrero de 2024, 8 de cada 10 estadounidenses creen que el gobierno federal debe acatar fallos si un tribunal determina que se ha cometido un acto ilegal.

No cumplir con una orden de la Corte Suprema no solo amenaza la estabilidad democrática, sino que también erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia, especialmente cuando se hace en nombre de una cruzada ideológica.

Los demócratas se reagrupan

Después de iniciar el año con posturas fragmentadas sobre inmigración, los demócratas han encontrado en este caso un punto de unidad —y de ataque— frente a Trump. Varios congresistas han viajado a El Salvador para visitar a Abrego en la cárcel, mientras figuras de alto perfil como Hillary Clinton y Bernie Sanders denuncian el caso como un abuso de poder.

“Esto es lo que ocurre cuando permitimos al gobierno actuar sin supervisión legal”, dijo Sanders en una entrevista reciente. “No se trata solo de un hombre, se trata de lo que somos como país”.

Un precedente peligroso

Más allá del debate inmediato, el caso de Abrego establece un precedente preocupante: ¿Puede el presidente ignorar un mandato judicial simplemente porque considera que sabe lo que es mejor para el país?

El sistema de pesos y contrapesos de Estados Unidos está diseñado para evitar excesos del poder. Ignorar una orden judicial —especialmente en un caso tan claro de violación al debido proceso— puede desencadenar una crisis constitucional sin precedentes en la historia reciente del país.

Lo que está en juego

Podemos debatir eternamente si Kilmar Abrego García representa o no una amenaza. Pero lo que está en juego en esta historia va mucho más allá de su figura. Se trata de decidir si los derechos fundamentales son aplicables solo a los ciudadanos perfectos o si, como dice la Constitución, aplican para todos por igual.

En el contexto migratorio actual, donde millones viven con miedo a ser expulsados del país, casos como este podrían marcar la diferencia entre la seguridad jurídica y el caos institucional.

¿Queremos vivir en un país donde el Poder Ejecutivo puede hacer caso omiso de las órdenes judiciales y deportar a personas con orden de permanencia legal? ¿O queremos un estado donde el debido proceso, aunque imperfecto, sea inviolable?

La respuesta no solo determinará el destino de Kilmar Abrego García, sino también el futuro del orden constitucional estadounidense. Y eso no debe tomarse a la ligera.