¿El principio del fin de la Corte Penal Internacional en Europa?

¿Qué sucedió en Budapest y por qué es importante?

La reciente visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Hungría ha sacudido al sistema internacional de justicia. Aunque sobre Netanyahu pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con la guerra en Gaza, fue recibido en Budapest con todos los honores. No solo eso: su estadía derivó en una respuesta inmediata de la CPI hacia el país anfitrión.

El 3 de abril de 2025, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ofreció un encuentro público con Netanyahu en el Monasterio Carmelita del Castillo de Buda, donde ignoró por completo la orden emitida por la CPI. Esta acción desencadenó procedimientos de incumplimiento por parte de la Corte contra Hungría, aludiendo a su deber como país firmante del Estatuto de Roma que establece la jurisdicción de la Corte.

¿Por qué Hungría no arrestó a Netanyahu?

Orbán defendió su accionar alegando que, aunque Hungría firmó el Estatuto de Roma, nunca lo implementó completamente en su legislación nacional. En otras palabras, afirma que la CPI no tiene efecto vinculante dentro del sistema legal húngaro porque el parlamento nunca ratificó adecuadamente su ejecución.

Durante su intervención en la radio estatal, Viktor Orbán fue incluso más allá, acusando a la CPI de haber perdido su imparcialidad, al convertirse —según él— en una herramienta política al servicio de ciertas potencias internacionales. Esta declaración fue acompañada del anuncio de que Hungría se retirará de la CPI, un proceso que tardará al menos un año en completarse.

Una decisión sin precedentes en la Unión Europea

La Unión Europea (UE) está constituida por 27 miembros, todos ellos firmantes y, supuestamente, comprometidos con las directrices de la Corte Penal Internacional. La salida de Hungría convertiría al país en el único miembro de la UE en abandonar la CPI. Hasta ahora, solo Burundi (2017) y Filipinas (2019) han formalizado su retiro.

Esta decisión aumenta el aislamiento diplomático de Orbán dentro del bloque comunitario. Su figura, ya conocida por ser la más insurgente e intransigente dentro del Consejo Europeo, ahora suma una nueva controversia de proporciones geopolíticas.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales?

La CPI ha citado a Hungría para que presente pruebas de su defensa sobre el caso antes del 23 de mayo de 2025. No es la primera vez que la Corte enfrenta desobediencia: anteriormente ha solicitado explicaciones a Italia por no arrestar a un criminal libio acusado de tortura y a Mongolia por permitir la entrada del presidente ruso Vladimir Putin sin cumplir con la orden de captura que pesa sobre él.

En esos casos, como en el actual, los jueces han rechazado argumentos similares al de Orbán, reafirmando que no promulgar el Estatuto de Roma a nivel nacional no exime a los países de su cumplimiento, al haberlo firmado como parte de sus compromisos internacionales.

El conflicto entre justicia universal y soberanía nacional

Este impasse entre Hungría y la CPI pone en el centro un debate milenario con nuevo ropaje: ¿hasta qué punto debe una nación subordinar sus leyes a una entidad supranacional como un tribunal internacional?

Para Orbán y sus seguidores, la respuesta es clara: la soberanía está por encima de cualquier organismo multinacional. Para los defensores del derecho internacional, la Corte Penal Internacional es una herramienta vital para evitar la impunidad en casos de crímenes de guerra, genocidio y otros delitos de gravedad global.

Este dilema no es nuevo. La Corte Internacional de Justicia y otros organismos similares han enfrentado resistencias históricas, sobre todo de parte de potencias que temen perder autonomía judicial. Estados Unidos, por ejemplo, no ha ratificado el Estatuto de Roma y ha establecido acuerdos bilaterales con numerosos países para evitar la entrega de ciudadanos estadounidenses a la CPI.

¿Qué tan firme es la CPI frente a estos desafíos?

Aunque la Corte Penal Internacional enfrenta repetidas negativas a ejecutar sus órdenes, sus decisiones tienen peso político y simbólico. El caso más célebre fue el del presidente sudanés Omar al-Bashir, quien pese a una orden de arresto salió del país y visitó otras naciones firmantes donde no fue detenido. No obstante, años después fue derrocado y encarcelado, lo que reforzó la idea de que la presión diplomática e institucional puede rendir frutos a largo plazo.

El proceso contra Vladimir Putin por crímenes en Ucrania también ha reavivado la relevancia de la CPI. Aunque Rusia no reconoce su jurisdicción, la orden ha limitado significativamente la movilidad del mandatario. La visita de Netanyahu a Budapest reabre este tipo de discusiones, con la diferencia de que esta vez se trata de un líder de un país aliado estratégico de Occidente.

Una Corte atrapada entre la diplomacia y la justicia

La CPI enfrenta el reto constante de no contar con brazo ejecutor ni fuerzas policiales. Su única arma es la voluntad de los estados miembros. Lo que pone en una situación delicada a sus jurisdicciones más sensibles. La presión internacional recae entonces sobre las alianzas diplomáticas, los acuerdos multilaterales y la exposición mediática.

La intención de Hungría de salirse de la Corte repercutirá en su relación con otros Estados miembros. Al haber abrazado una agenda abiertamente iliberal desde principios de la década pasada, Orbán ha tensado la cuerda con Bruselas en reiteradas ocasiones, ya sea por su postura frente a migrantes, su relación con Rusia o su deriva autoritaria.

Para los defensores de los derechos humanos, este nuevo episodio es un ejemplo más de cómo líderes en el poder evitan responsabilidades bajo el paraguas de la soberanía nacional, lo que erosiona los principios fundamentales de la justicia transnacional.

¿Qué opinan los expertos?

Según declaraciones recogidas por medios como The Guardian y The New York Times, académicos de derecho internacional han expresado alarma:

"Hungría está cruzando líneas que antes ningún miembro de la UE se atrevía a cruzar," dijo Philippe Sands, profesor de Derecho Internacional en University College London. "Esto mina directamente el espíritu de cooperación judicial comunitaria".

Por otro lado, algunos constitucionalistas húngaros reconocen que, efectivamente, la CPI nunca fue aplicada en la práctica en su país. Pero eso no exime la responsabilidad moral y política asumida al momento de firmar el tratado.

Las implicaciones para Israel y Palestina

El verdadero trasfondo de este caso es el contexto del conflicto palestino-israelí. Desde hace décadas, la comunidad internacional ha acusado a ambos actores de abusos y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, Israel —que no reconoce la CPI ni es parte de su jurisdicción— ha evitado hasta ahora que sus altos mandos enfrenten juicios en La Haya.

El esfuerzo de la CPI por investigar abusos en Gaza y Cisjordania es parte de una tendencia más amplia hacia una mayor accountability global. Pero si los líderes con influencia geopolítica pueden seguir evadiendo las consecuencias legales por medio de aliados como Hungría, el futuro de esta iniciativa estará bajo amenaza.

¿Estamos ante una crisis histórica del sistema legal internacional?

La salida de Hungría de la CPI podría sentar un precedente negativo. Otros países bloqueados políticamente o enfrentados a investigaciones internacionales podrían seguir su ejemplo. Esto incluye naciones con líderes sospechosos de crímenes de guerra.

La Corte Penal Internacional ha enfrentado críticas legítimas a lo largo de los años —entre ellas, la acusación de centrarse excesivamente en África o la lentitud de sus procedimientos—, pero sigue siendo el único tribunal permanente con competencia penal universal. Su debilitamiento abriría una peligrosa era de impunidad, sobre todo en un mundo donde resurgen los autoritarismos y las guerras aumentan.

¿Qué viene ahora?

La respuesta de Hungría a la Corte, prevista para el 23 de mayo, será clave. Si el país se reafirma en su ruptura, enfrentará sanciones diplomáticas de la CPI y probablemente el rechazo de la mayoría de sus socios europeos.

Este conflicto, más allá de lo jurídico, representa el pulso entre dos visiones de mundo: una que cree en la justicia por encima de las fronteras y otra que prioriza los intereses nacionales incluso a costa de los derechos humanos. El caso de Netanyahu y Hungría, lejos de ser anecdótico, podría marcar uno de los momentos definitorios en la evolución del sistema internacional de justicia penal.