Una crisis constitucional en desarrollo: la administración Trump y el desprecio al poder judicial

Por qué este artículo importa: El respeto al Estado de Derecho es un pilar fundamental de cualquier democracia. Cuando el poder Ejecutivo ignora deliberadamente las órdenes del poder Judicial, no solo se genera una crisis legal, sino que se comprometen los derechos humanos y el equilibrio institucional de todo el país.

El origen del conflicto: un fallo ignorado

El juez federal James Boasberg dictaminó que la administración de Donald Trump violó de forma voluntaria una orden judicial que prohibía la deportación de migrantes retenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 invocada por Trump—originalmente pensada para tiempos de guerra. La administración envió estos migrantes a una prisión notoriamente violenta en El Salvador, pese a que el juez había ordenado detener tal acción y devolver a los aviones en vuelo.

No sólo no se cumplió la orden; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se burló del juez publicando en redes sociales: “Oopsie… too late”, lo cual aumentó la tensión diplomática y judicial. La administración estadounidense argumentó que los aviones ya habían salido del espacio aéreo norteamericano cuando se emitió el fallo, pero Boasberg lo calificó como un claro “desprecio intencional” a su autoridad.

¿Contempt of court?: las consecuencias judiciales

Boasberg advirtió que si el gobierno no retoma la custodia de los migrantes deportados, iniciará un proceso por “criminal contempt of court”, lo que podría llevar a sanciones penales contra funcionarios directamente responsables. Aunque ofreció la opción de remediar el incumplimiento—sin exigir repatriación—la gravedad de la situación es evidente: se trata de un desafío abierto al sistema judicial.

Según explicó el profesor Robert Weisberg de Stanford, la firme postura del juez fue impecable desde el punto de vista jurídico, aunque advirtió que podría llevar al país a “una crisis constitucional”, algo que los expertos temen desde hace tiempo.

El precedente legal y una historia de desobediencia oficial

• Desde la Segunda Guerra Mundial, federal courts han realizado solo 82 condenas por desacato a agencias o funcionarios del gobierno estadounidense, señala un estudio publicado en la Harvard Law Review por el profesor Nicholas Parrillo.
• Entre los casos más sonados, el juez Royce Lamberth declaró en desacato a dos secretarios del Interior (Gale Norton y Bruce Babbitt) en relación con la administración de fondos fiduciarios de tribus indígenas.
• Pese a las condenas, la mayoría fueron revertidas por cortes superiores, e incluso Lamberth fue apartado de sus casos en 2006.

Todo esto demuestra que los fallos por desacato tienen un efecto más simbólico que sancionador, pero son lo suficientemente fuertes como para generar una “vergüenza pública profunda” hacia las instituciones afectadas.

La exclusión de personas vulnerables: el caso de Kilmar Abrego García

El caso de injusticia se amplía con otro caso mediático: Kilmar Abrego García, un migrante de Maryland que fue enviado al mismo centro penitenciario salvadoreño pese a una decisión de la Corte Suprema—que ordenaba facilitar su regreso. La jueza a cargo de ese expediente también está considerando procesos por desacato contra la administración.

Ambos incidentes reflejan una práctica inquietante: la política migratoria ha dejado de centrarse en la aplicación justa de la ley y se ha convertido en un ejercicio de poder sin control constitucional.

El segundo frente: la administración Trump y el ataque a las especies en peligro

Como si el desafío judicial no bastara, la administración propuso esta semana redefinir “daño” según la Ley de Especies en Peligro, limitando su alcance a actos directos, excluyendo la destrucción del hábitat como una forma de daño. Según defensores ambientales, esto podría llevar a la extinción masiva de especies vulnerables.

“Este reglamento destruye el corazón de la Ley de Especies en Peligro”, afirmó Noah Greenwald, director del Center for Biological Diversity. Según él, especies como el búho manchado o los panteras de Florida aún existen gracias a la actual definición de daño, que incluye la degradación del hábitat.

El cambio permitiría, por ejemplo, que empresas madereras destruyan bosques sin consecuencias legales, siempre que declaren que no tenían intención de dañar la fauna. La propuesta deberá superar un período de comentario público de 30 días, pero ya genera promesas de litigio: Earthjustice y otras organizaciones ambientales dicen que lo llevarán a juicio si se implementa.

El abogado Drew Caputo sostuvo que cambiar el reglamento va en contra de precedentes de la Corte Suprema y amenaza 50 años de avances en conservación: “Destruir un bosque o humedal vital es lo mismo que dañar directamente a una especie que depende de él”, sentenció.

El caso Hawái: alerta roja en biodiversidad

Hawái, el estado con mayor cantidad de especies en peligro (alberga el 40% del total nacional), podría ser uno de los más perjudicados por estos cambios. Según fuentes del Departamento de Recursos Naturales del estado, 71 especies de aves han desaparecido desde la colonización humana, y otras 31 están severamente amenazadas.

A nivel nacional, también podrían verse afectadas especies como:

• El manatí de Florida
• El águila calva, símbolo nacional
• La ballena jorobada

Todo esto en aras de habilitar más desarrollo, minería, tala y construcción sin restricciones ambientales.

¿Hacia dónde vamos?: señales de una ruptura institucional

El choque entre la administración ejecutiva y el poder judicial parece acercarse a un punto de no retorno. Boasberg, al ofrecer a la administración la posibilidad de enmendar su infracción, intenta evitar un enfrentamiento directo. Pero como señaló el constitucionalista Rory Little, “No creemos que Trump lo vaya a hacer”.

En ambos frentes—inmigración y medioambiente—la administración muestra una tendencia a ignorar no solo las reglas, sino las instituciones que las sustentan. Ya no se trata de diferencias políticas, sino de una erosión directa de la estructura republicana.

Y como bien advirtió el profesor Weisberg: “Lo que algunos esperaban, quizá con morbo, es una negativa frontal del Ejecutivo a obedecer un fallo judicial. Esto ya está a punto de suceder”.

¿Crónica de una crisis anunciada?

¿Es este el momento en que se confirma lo que muchos han temido: que el sistema estadounidense ya no es capaz de frenar por sí solo el auge de un Ejecutivo autoritario? ¿Serán las cortes federales suficientes para restaurar el equilibrio institucional o estamos asistiendo a una transformación profunda del régimen democrático?

Lo que sí sabemos es que la amenaza ya no es abstracta. Se manifiesta en operaciones reales: deportaciones ilegales, destrucción ambiental y desobediencia constitucional. Y todo ello merece nuestra más profunda atención.

En palabras del abogado Patrick Parenteau: “Gracias a la definición actual de daño, millones de hectáreas fueron protegidas. Si quitamos eso, árboles caen, especies mueren… y el sistema también se tambalea.”