La justicia más allá de las fronteras: el juicio histórico al torturador gambiano en EE. UU.

En un caso que ha capturado la atención mundial por su alcance internacional y sus implicaciones legales, un tribunal federal en Denver encontró culpable a Michael Sang Correa, exmilitar de Gambia, por cargos de tortura y conspiración por actos cometidos hace casi dos décadas en el país africano durante la férrea dictadura de Yahya Jammeh.

¿Quién es Michael Sang Correa?

Correa formó parte de una unidad de elite dentro del ejército gambiano conocida como los "Junglers", un escuadrón paramilitar temido en todo el país por su brutalidad y su lealtad absoluta al entonces presidente Jammeh. El dictador, que gobernó Gambia entre 1994 y 2017, es ampliamente acusado de administrar un régimen represivo caracterizado por torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

El acusado llegó a Estados Unidos en 2016 después de la derrota electoral de Jammeh e inicialmente trabajó como escolta. Luego se estableció en Denver, Colorado, como jornalero. Fue arrestado en 2020 y acusado formalmente bajo una ley poco utilizada del sistema judicial estadounidense: el Estatuto de Jurisdicción Universal, que permite procesar en EE. UU. crímenes internacionales como la tortura incluso si no ocurrieron dentro del país.

El juicio: testigos, pruebas y el peso del pasado

Durante el juicio, que duró varias semanas, viajaron sobrevivientes desde Gambia, Europa y otras partes de EE. UU. para testificar. Relataron horrendas prácticas de tortura: desde descargas eléctricas, palizas mientras colgaban boca abajo, quemaduras con cigarrillos encendidos hasta asfixia con bolsas de plástico. Muchos presentaron ante el jurado fotografías de sus cicatrices y marcaron las zonas afectadas, explicando en detalle su origen.

Una de las víctimas relató que fue obligado a confesar su participación en un intento fallido de golpe de Estado en 2006, administrado por oponentes al régimen. Otra víctima sostuvo en el estrado: "Cuando entraban los Junglers, nadie sabía si saldrías vivo".

La fiscalía argumentó que Correa fue partícipe activo en los abusos, rechazando la defensa de que era un simple soldado raso que actuaba bajo coacción. En cambio, se presentaron testimonios que indicaban que algunos integrantes de los Junglers sí se negaron a participar en las torturas sin represalias inmediatas, lo que refutó el argumento del miedo insuperable como excusa.

La dictadura de Jammeh: 22 años de represión

Yahya Jammeh llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1994, derrocando al primer presidente electo de Gambia. Gobernó hasta 2017, cuando fue obligado a exiliarse en Guinea Ecuatorial tras perder las elecciones ante Adama Barrow y resistirse inicialmente a abandonar el poder.

El régimen de Jammeh es recordado por haber violado sistemáticamente los derechos humanos. Según informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, miles de personas fueron arrestadas arbitrariamente, torturadas o asesinadas por motivos políticos, religiosos o personales. En 2021, la Comisión de la Verdad, Reconciliación y Reparaciones de Gambia recomendó la enjuiciamiento de Jammeh y sus colaboradores.

El juicio contra Correa se enmarca en esta oleada de justicia. Este no es el primer exmiembro del régimen de Jammeh juzgado en el extranjero. En 2023, un tribunal alemán condenó a un ciudadano gambiano exjungler por crímenes contra la humanidad, y en 2022, un tribunal en Suiza dictó una condena de 20 años a Osman Sonko, exministro del Interior de Gambia, por crímenes similares.

Implicaciones legales: un precedente poco habitual

Lo más notable de este caso es la aplicación del Estatuto de Jurisdicción Universal de EE. UU., que permite perseguir delitos de lesa humanidad cometidos fuera del país cuando el acusado se encuentra en territorio estadounidense. La ley fue incluida en la Ley de Tortura de 1994 (18 U.S. Code § 2340A) y ha sido usada escasamente.

Este precedente ofrece una advertencia clara a los perpetradores de crímenes internacionales que buscan refugio en Estados Unidos. Según Elinor Fry, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Ámsterdam: “El uso de tribunales nacionales para perseguir crímenes de tortura es un complemento esencial para llenar los vacíos que deja la justicia internacional”.

EE. UU. no es parte de la Corte Penal Internacional, pero este tipo de enjuiciamientos fortalece el sistema “híbrido” internacional que permite sostener los principios de rendición de cuentas y no impunidad.

La voz de las víctimas y el rol de la diáspora

Este juicio fue posible en parte gracias a organizaciones como Center for Justice and Accountability (CJA) y Lawyers for Human Rights, que ayudaron a reunir evidencia y facilitar el viaje de los testigos. La comunidad gambiana en la diáspora, especialmente en ciudades como Atlanta, Minneapolis y Nueva York, también jugó un rol crucial al mantener viva la memoria de los crímenes.

Para las víctimas, la sentencia representa mucho más que justicia legal. Según el testimonio de uno de ellos: “Después de años en el exilio, pensé que nadie se preocuparía por lo que sufrimos. Hoy siento que el mundo finalmente escucha”.

¿Qué sigue para Yahya Jammeh?

Jammeh se encuentra en exilio en Guinea Ecuatorial. Aunque no existen actualmente órdenes de arresto internacionales activas por parte de la Interpol, los mecanismos de presión aumentan. La Unión Africana ha debatido la posibilidad de establecer un tribunal híbrido regional para juzgar a Jammeh, pero la falta de cooperación del país anfitrión ha frenado el proceso.

Mientras tanto, los procesos nacionales e internacionales contra sus cómplices continúan movilizando a defensores de derechos humanos. En palabras de Reed Brody, apodado el “Cazador de dictadores”, quien ha trabajado en múltiples casos contra figuras como Hissène Habré: “Cada juicio es un ladrillo en el muro de la rendición de cuentas”.

El poder de la justicia extraterritorial

Más allá de sus implicaciones en Gambia, el caso de Michael Sang Correa manda un mensaje poderoso: no existe refugio seguro para los perpetradores de crímenes atroces. El uso coordinado de leyes internacionales, la cooperación entre víctimas y la sociedad civil, junto con el compromiso de fiscales locales, puede abrir ventanas de justicia donde antes sólo había puertas cerradas.

Como expresó la fiscal federal del distrito de Colorado tras recibir el veredicto: “Hoy, la justicia internacional se ha hecho presente en Estados Unidos. Y no será la última vez”.