La guerra del carbón: ¿Seguridad energética o licencia para contaminar?

En un giro controvertido en la política ambiental de Estados Unidos, el gobierno del expresidente Donald Trump aprobó una serie de exenciones para casi 70 plantas generadoras de electricidad a carbón, liberándolas temporalmente del cumplimiento de regulaciones medioambientales claves, incluyendo los límites de emisiones para mercurio, arsénico y benceno.

Esta decisión, tomada con poca publicidad y reflejada en una lista publicada en el sitio web de la Environmental Protection Agency (EPA), ha generado indignación por parte de grupos ambientalistas y defensores de la salud pública. Mientras tanto, los sectores industriales y defensores del carbón la celebran como una victoria para la seguridad energética y la economía.

El regreso del "carbón hermoso": ¿visión energética o retroceso ambiental?

Durante su mandato, Trump convirtió al carbón en un símbolo de su enfoque hacia una independencia energética nacional. Lo calificó como “beautiful coal” (carbón hermoso), y prometió revitalizar esta industria, que llevaba años en declive debido al auge del gas natural y la energía renovable.

Con estas nuevas exenciones, justo al cierre de su gobierno, las plantas beneficiadas podrán operar sin cumplir regulaciones críticas que limitaban la emisión de elementos tóxicos ampliamente vinculados a daños neurológicos, defectos de nacimiento y problemas respiratorios. Entre las más destacadas se encuentran la Colstrip Generating Station en Montana, considerada una de las mayores emisoras de contaminantes tóxicos del país, y Coal Creek Station en Dakota del Norte, famosa por sus niveles de mercurio.

¿Cuáles son las reglas que se están evadiendo?

Las exenciones afectan regulaciones derivadas de la Clean Air Act, una de las leyes medioambientales más antiguas y estrictas de Estados Unidos. En especial, se permite a las plantas no acatar límites de emisiones establecidos por la regla del mercurio y otros contaminantes tóxicos del aire (MATS, por sus siglas en inglés), norma impulsada originalmente por la administración de Obama y fortalecida durante el mandato de Biden.

El mercurio, por ejemplo, es una neurotoxina que puede causar daño cerebral, pérdida de memoria e incluso defectos en el desarrollo fetal cuando es inhalado o consumido, principalmente a través del pescado contaminado. Según estudios de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, la exposición al mercurio ha estado directamente relacionada con la pérdida de coeficiente intelectual en niños.

Empresas beneficiadas: los gigantes de la energía

Entre las compañías que operan las plantas exonertas figuran algunas de las corporaciones eléctricas más grandes del país:

• Talen Energy
• Dominion Energy
• NRG Energy
• Southern Co.

Para ellas, las exenciones representan la posibilidad de extender la vida útil de sus instalaciones más antiguas sin necesidad de realizar costosos ajustes tecnológicos. Pero para críticos, también significa una sentencia de más contaminación para las comunidades cercanas.

El discurso de seguridad nacional

La EPA justificó las exenciones señalando que estas “respaldan la generación de electricidad a carbón asegurando una red energética nacional confiable y asequible”. El argumento central apunta a que la estabilidad energética del país podría verse comprometida ante el aumento de la demanda energética ocasionada por el crecimiento de centros de datos, inteligencia artificial y adopción de vehículos eléctricos.

Michelle Bloodworth, presidenta de la America's Power, una organización de cabildeo pro-carbón, declaró que las normas impuestas bajo Biden “eran inconsistentes con la Clean Air Act y se basaban en un análisis incorrecto de los datos”.

Las reacciones: entre indignación y preocupación por la salud pública

Ambientalistas y expertos en salud han estallado en críticas. Maya Golden-Krasner, abogada del Center for Biological Diversity, lo resumió así:

“Estas licencias para contaminar abren un agujero en el corazón de las protecciones federales para el aire que respiramos”.

El Natural Resources Defense Council (NRDC) ha advertido que el impacto podría afectar a hasta 80 millones de personas que viven en radios de 30 millas de estas plantas.

Un precedente peligroso

Estas exenciones, basadas en el argumento de “seguridad nacional” en ausencia de tecnologías supuestamente ampliamente disponibles, sientan lo que muchos consideran un precedente preocupante. Especialmente porque también se crearon canales para solicitar más exenciones a otras ocho normativas de la EPA, incluyendo regulaciones sobre óxido de etileno, benceno y otros contaminantes altamente peligrosos.

Los críticos también han señalado que la EPA habilitó silenciosamente un email llamado por muchos como el “portal de los contaminadores”, mediante el cual más compañías pueden intentar acogerse a las nuevas exenciones.

¿Estamos priorizando la energía o regresando al pasado?

En paralelo, el expresidente Trump emitió órdenes ejecutivas para identificar recursos de carbón en tierras federales, eliminar barreras a la minería de carbón y priorizar el arrendamiento de terrenos para ese uso. Estas medidas coinciden con su estrategia de revitalizar industrias fósiles tradicionales frente a las inversiones aceleradas en energía renovable promovidas por la administración Biden.

Según datos del gobierno, el carbón sigue proporcionando cerca del 20% de la electricidad de EE.UU., aunque esa cifra ha caído significativamente desde el 50% que representaba a principio de siglo.

Impacto en las comunidades

Los mayores impactos, sin embargo, los sienten las comunidades cercanas. En Colstrip, Montana, por ejemplo, los residentes conviven diariamente con emisiones documentadas de arsénico, plomo y otras sustancias altamente tóxicas.

En 2022, un estudio del Environmental Integrity Project encontró que más del 90% de las plantas a carbón del país tenían niveles de contaminación subterránea en sus alrededores superiores a lo permitido legalmente, principalmente por filtraciones de depósitos de cenizas industriales.

El legado político del carbón

La historia del carbón en Estados Unidos no es nueva. Fue central en la Revolución Industrial, impulsó el crecimiento de ciudades y empleó a generaciones de trabajadores. Pero también fue responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero durante más de un siglo.

Hoy, ante el calentamiento global, la transición energética y crisis de salud asociadas a la contaminación, los países debatieron en la Conferencia COP28 sobre el fin progresivo del carbón. Incluso China —el mayor consumidor global de este recurso— ha comenzado a diversificar su matriz energética.

¿Qué sigue?

Si bien muchas de estas decisiones podrían ser revertidas por futuras administraciones o enfrentarse a disputas legales, dejan una marca en la conducta regulatoria del país.

Organizaciones como Sierra Club y Earthjustice ya han anunciado litigios para impedir que estas exenciones se mantengan, alegando que violan principios fundamentales de la Clean Air Act y no cumplen con estándares científicos ni procesos regulatorios adecuados.

¿Una cuestión de prioridades?

No es sólo un debate técnico o económico. Es un tema profundamente político y social sobre quiénes pagan los costos de las decisiones energéticas en Estados Unidos. ¿Estamos dispuestos a subvencionar una industria contaminante en nombre de la seguridad energética, aunque ello implique más enfermedades, desigualdades medioambientales y retrocesos en la lucha climática?

Como dijo la activista Greta Thunberg en una ocasión: “Nunca estamos demasiado pequeños para marcar la diferencia, pero sí demasiado tarde para ignorar lo que contaminamos ayer”.