Crisis de seguros en California: ¿quién paga por los desastres naturales?
Una batalla legal enfrenta a aseguradoras, consumidores y el Estado de California por los costos tras los incendios de Los Ángeles
El estado de California, conocido por su belleza natural e innovación, ahora también es sinónimo de crisis climática persistente y colapso del mercado de seguros. La reciente disputa jurídica liderada por el grupo de defensa del consumidor Consumer Watchdog pone en evidencia una batalla mayor: ¿quién debería asumir los costos millonarios de los desastres naturales provocados por el cambio climático?
La raíz del problema: incendios catastróficos
Desde 2015, California ha registrado 15 de los 20 incendios forestales más destructivos de su historia, según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire). Solo los incendios de Eaton y Palisades en enero de 2024 dejaron más de 17,000 estructuras destruidas y al menos 30 muertos. Las pérdidas totales se estiman en $4 mil millones. Estos eventos se han intensificado por el cambio climático, con temperaturas más extremas y sequías prolongadas que crean condiciones ideales para incendios.
¿Qué es el Plan FAIR y por qué está al límite?
El Plan FAIR fue creado como el "último recurso" para propietarios que no pueden adquirir seguros tradicionales debido a que sus propiedades son consideradas de alto riesgo. Sin embargo, con cada vez más aseguradoras retirándose del mercado debido a los costos elevados de los siniestros, muchos californianos han migrado hacia este plan. Según datos oficiales, en marzo de 2024 había más de 555,000 pólizas bajo el Plan FAIR, más del doble respecto a 2020.
Pero el Plan también enfrenta una crisis. Ya ha desembolsado más de $914 millones por los recientes incendios y se ve obligado a buscar apoyo financiero para mantenerse a flote.
El rol de las aseguradoras y el comisionado de seguros
En febrero de 2024, el comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, ordenó a las aseguradoras aportar $1,000 millones al Plan FAIR. Sin embargo, la orden incluía una cláusula que está generando gran controversia: las aseguradoras pueden recuperar la mitad de ese monto a través de un recargo único a sus clientes.
Este movimiento generó la respuesta inmediata de Consumer Watchdog, una organización de defensa del consumidor que presentó una demanda para bloquear esta medida. El argumento es que el comisionado excedió su autoridad al permitir esta carga sin pasar por los procedimientos legislativos y agencias de supervisión pertinentes.
“Estamos defendiendo los derechos y bolsillos de los californianos y deteniendo esta socialización de las pérdidas del Plan FAIR a expensas del público”, expresó Ryan Mellino, abogado de Consumer Watchdog.
El delicado equilibrio del mercado
Del otro lado, las aseguradoras argumentan que la demanda podría desencadenar un colapso aún más grave del mercado. La Asociación Americana de Seguro de Bienes y Accidentes (APCIA), la principal asociación nacional del sector, emitió una dura declaración:
“Bloquear la recuperación de estos costos pondría en peligro la opción de cobertura de último recurso y empujaría nuestro frágil mercado de seguros más cerca del colapso total”, sostuvo Denni Ritter, representante de la organización.
Las aseguradoras ya han contribuido más de $500 millones para sostener el FAIR Plan y han pagado decenas de miles de millones en reclamaciones relacionadas con desastres naturales en California en la última década. Para ellas, repartir los costos entre todos los asegurados es una estrategia de sostenibilidad frente a un riesgo creciente y cada vez menos predecible.
¿Quién debe pagar por el cambio climático?
El conflicto pone en tela de juicio una cuestión fundamental: ¿deben ser los consumidores quienes paguen directamente por los costos del cambio climático? ¿O deberían las grandes aseguradoras, que obtienen beneficios multimillonarios, absorber esas pérdidas? Algunos también cuestionan por qué el Estado no crea un fondo independiente financiado por impuestos a la industria de combustibles fósiles o subvenciones federales para hacer frente a estos eventos extremos.
Mientras se resuelve en la Corte, la demanda de Consumer Watchdog podría cambiar el rumbo de las políticas de seguros en todo el estado. Por ahora, los consumidores están atrapados en medio de estas decisiones, enfrentando recargos, incertidumbre sobre la cobertura y primas cada vez más elevadas.
Lo que se viene: regulaciones con sabor a urgencia
Ante esta nueva realidad, California ha comenzado a cambiar su marco regulatorio. Ahora permite a las aseguradoras tener en cuenta el cambio climático en sus cálculos y pasar los costos del reaseguro (una “póliza para las aseguradoras”) directamente a los consumidores.
También se están evaluando nuevas fórmulas para garantizar más cobertura en zonas de alto riesgo, sin vaciar los bolsillos de los ciudadanos. La solución quizá esté en un enfoque multilateral: participación estatal, supervisión legislativa, solidaridad del consumidor y responsabilidad empresarial.
¿Una tendencia nacional?
Lo que sucede en California podría ser el primer capítulo de una saga nacional. Florida, Colorado y Luisiana enfrentan desafíos similares en sus mercados de seguros, también presionados por climas extremos. Si el sistema de California colapsa o logra reinventarse, podría marcar el camino para otros estados en la era del cambio climático.
La definición de “riesgo asegurable” está cambiando. Y con ello, las reglas del juego. Lo que está en juego no solo es el dinero. Es la seguridad y estabilidad económica de millones de personas.
