Haití en llamas: violencia, abandono estatal y una 'presión de guerra' que no alcanza

La situación en Haití ha alcanzado niveles alarmantes. Las calles de Puerto Príncipe y muchas zonas aledañas están dominadas por bandas criminales que no sólo siembran el terror, sino que además desafían abiertamente al Estado. La respuesta gubernamental ha sido el anuncio de un “presupuesto de guerra” de 275 mil dólares, una cifra que muchos expertos consideran ínfima frente a la magnitud del conflicto.

Un presupuesto de emergencia: ¿curita para una herida abierta?

El llamado “presupuesto de guerra” anunciado por el Consejo Presidencial Transitorio de Haití destina el 40% de los fondos —alrededor de 110 mil dólares— para potenciar a la policía y el ejército con el objetivo de combatir a las pandillas que tienen en jaque a la población.

Un 20% irá a reforzar la frontera con República Dominicana, mientras que el 16% está destinado a programas sociales centrados en educación, salud y asistencia humanitaria. Aunque el anuncio fue presentado como una acción decidida del Estado, lo cierto es que la situación en el terreno muestra una realidad agudamente desigual.

Pandillas con poder paramilitar

El control territorial por parte de las pandillas ha alcanzado niveles sin precedentes. De acuerdo con datos de organizaciones como la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), al menos el 85% de Puerto Príncipe está bajo control de grupos armados, notablemente la coalición Viv Ansanm.

Una de sus últimas acciones fue la toma de las localidades de Mirebalais y Saut-d’Eau en la región central, actos violentos en los que al menos 60 personas perdieron la vida, incluidos varios agentes de policía, dos monjas y civiles inocentes. En Mirebalais, los pandilleros incendiaron la estación policial, liberaron a 533 presos de la cárcel local y tomaron el control absoluto de la región.

“La falta de una respuesta estructural revela que las autoridades transitorias no tienen un plan real para restaurar la seguridad ni los derechos fundamentales de los ciudadanos”, apuntó un informe reciente de la RNDDH. En palabras de sus analistas: “la policía se ha convertido en un cuerpo reactivo y sin dirección estratégica”.

¿Dónde está la comunidad internacional?

Desde 2023, se venía gestando el despliegue de una misión internacional de seguridad en Haití liderada por la policía de Kenia y respaldada por la ONU. Sin embargo, la misión ha enfrentado múltiples obstáculos: desde impugnaciones judiciales hasta falta de fondos logísticos y operativos.

El anuncio del presupuesto especial no parece aliviar esa escasez de recursos. Aunque la misión de la ONU ha denunciado enérgicamente los múltiples crímenes de las bandas, sus acciones aún no han logrado impactar de forma efectiva en el terreno.

Entre enero y marzo de 2024, más de 1,500 personas han sido asesinadas según cifras de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). En ese mismo periodo, otras 572 resultaron heridas, y se estima que más de 1 millón de haitianos se encuentran actualmente desplazados como consecuencia directa del conflicto armado urbano.

Despliegue policial contra fuego bien organizado

Las múltiples evasiones de prisiones, ataques coordinados que involucran proyectiles y ataques incendiarios, y el dominio territorial altamente estructurado de bandas como G9 an Fanmi e Alye, liderado por el ex policía Jimmy “Barbecue” Chérizier, son señales claras de que las pandillas actúan con recursos, planificación y, en muchos casos, vínculos dentro de las fuerzas estatales.

Además, estas bandas suelen proveer seguridad, alimentos y mecanismos de “justicia popular” en los barrios pobres que controlan, supliendo funciones tradicionalmente asignadas al Estado. Esto ha hecho que, pese al terror, muchos sectores marginados les vean como entidades más efectivas que el propio gobierno haitiano.

¿Por qué Haití está atrapado en este ciclo violento?

El colapso del aparato estatal en Haití no es reciente. La crisis se profundizó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, dejando a un país sin liderato claro, sumido en luchas internas de poder, con una policía mal equipada y debilitada por la corrupción.

A esto se suma una cadena casi infinita de calamidades: desde desastres naturales como el terremoto de 2010 que dejó más de 300,000 muertos, pasando por huracanes catastróficos hasta una crisis alimentaria y sanitaria prácticamente inabordable.

“Estamos viendo una combinación fatal de desesperanza, abandono político e institucional y empoderamiento criminal”, señaló en 2023 Brian Concannon, fundador del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití. “Haití ha sido dejado a su suerte por sus élites y por buena parte de la comunidad internacional”.

La frontera con República Dominicana: otro frente de tensión

Importante también es la creciente tensión en la frontera entre Haití y República Dominicana. Con partes del presupuesto dirigiéndose a reforzar esta frontera, se corre el riesgo de que esa acción sea más simbólica que efectiva.

Desde 2023, el gobierno dominicano ha reforzado controles fronterizos y deportado a decenas de miles de haitianos, lo cual ha generado señalamientos de abuso e innumerables violaciones a derechos humanos, muchas veces sin coordinar con organismos internacionales ni respetar procesos de asilo.

Cuando la población toma la justicia por mano propia

Ante la ausencia del Estado, muchos ciudadanos han recurrido a grupos de autodefensa, armados con palos, machetes y armas caseras. Estos cuerpos improvisados han sido eficaces en algunos casos puntuales, pero también han derivado en linchamientos colectivos, tensiones internas y venganzas ciegas.

“Los civiles y policías desplazados habían levantado la voz hace meses alertando la situación en Mirebalais y Saut-d’Eau. Nadie les escuchó”, recalcó la RNDDH.

¿Hay alguna salida?

La esperanza está en encontrar una fórmula que logre contener la violencia sin depender únicamente de la fuerza militar. Esto incluye:

• Reestructurar y equipar adecuadamente a la policía nacional.
• Enfrentar la corrupción endémica que carcome el aparato estatal.
• Invertir realmente en educación y salud pública.
• Promover acuerdos sociales de convivencia entre comunidades.
• Un sólido acompañamiento internacional basado en derechos humanos.

Pero incluso si todo esto se pusiera en marcha hoy, los resultados tomarían años en concretarse. Mientras tanto, millones de haitianos siguen atrapados en medio de un fuego cruzado de crisis tras crisis sin que nadie parezca escuchar sus gritos.

En palabras de una activista comunitaria en Cité Soleil: “No necesitamos promesas ni discursos. Necesitamos seguridad para salir de casa. Necesitamos comida para nuestros hijos. Necesitamos que el país vuelva a ser nuestro, no de los bandidos”.

Y esa, quizá, sea la mayor urgencia: devolver Haití a los haitianos.