Trump y Bukele: una alianza polémica forjada en cárceles y deportaciones
La relación entre el expresidente estadounidense y el mandatario salvadoreño pone en jaque principios legales y derechos humanos en nombre del control migratorio
Por qué Nayib Bukele se ha convertido en pieza clave de la estrategia migratoria de Donald Trump
Desde marzo de este año, más de 200 inmigrantes venezolanos han sido deportados por la administración Trump y enviados a El Salvador. Sin embargo, estos no son migrantes comunes: el gobierno estadounidense los ha señalado como presuntos miembros de organizaciones criminales, particularmente de las violentas pandillas MS-13 y Tren de Aragua. A pesar de ello, poco o nada de evidencia ha sido presentada públicamente para justificar esta afirmación. Ahora, los deportados están recluidos en el temido penal de máxima seguridad en Tecoluca, el emblema de la política de mano dura de Bukele.
Un acuerdo a cambio de dólares
El acuerdo entre ambos gobiernos incluye una cifra significativa: Estados Unidos pagará a El Salvador aproximadamente 6 millones de dólares para encarcelar a estos reos durante un año. El gesto no ha sido bien recibido por organismos de derechos humanos ni por el poder judicial estadounidense, que en múltiples ocasiones ha fallado en contra de estas deportaciones. Aun así, la Corte Suprema habilitó al expresidente Trump a utilizar la Alien Enemies Act, una ley de tiempos de guerra del siglo XIX, como base jurídica para continuar con este tipo de operaciones, siempre y cuando los individuos deportados tengan derecho a una audiencia.
En medios de comunicación y reuniones oficiales, Trump no ha escatimado en elogios hacia Bukele. "Está solucionando problemas que nos costarían mucho resolver internamente”, dijo el exmandatario. Esta declaración resume el pragmatismo geopolítico con que se están gestionando temas tan delicados como la migración y la justicia internacional.
Cárceles modernas, derechos antiguos
La prisión de Tecoluca, conocida formalmente como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), fue inaugurada en 2023 y puede albergar a cerca de 40,000 reclusos. Construida en respuesta al régimen de excepción decretado por Bukele en 2022, simboliza el rostro más autoritario de su liderazgo. El gobierno ha arrestado a más de 84,000 supuestos pandilleros desde entonces, pero múltiples informes de ONGs como Human Rights Watch y Amnistía Internacional señalan detenciones arbitrarias, tortura y procesos judiciales injustos.
Además, los derechos fundamentales de los salvadoreños han sido suspendidos o limitados durante este régimen, que ya ha sido extendido más de 20 veces. El hecho de incorporar a reclusos venezolanos a esta maquinaria penal ha generado nuevas tensiones entre sectores de la diáspora venezolana y defensores de derechos humanos en la región.
El caso Kilmar Abrego: una mancha en la operación
Uno de los casos que más ha generado controversia es el de Kilmar Abrego García, un residente de Maryland con ciudadanía salvadoreña que fue deportado erróneamente, pese a contar con una orden judicial que impedía su repatriación debido a amenazas de pandillas en su país. La Corte Suprema exigió su retorno, pero hasta ahora el gobierno de Trump no lo ha concretado, afirmando que su rol es "facilitar" la repatriación, pero no "efectuarla".
Aunque Trump dijo que respetará lo que ordene la Corte, el caso pone en evidencia la fragilidad del sistema legal migratorio, especialmente cuando se basa más en percepciones políticas que en hechos verificables.
¿Deportar ciudadanos estadounidenses?
En un giro aún más polémico, Trump ha insinuado la idea de que incluso estadounidenses condenados por crímenes violentos podrían ser deportados a países como El Salvador. "Solamente si es legal", aclaró, aunque no explicó cómo eso sería compatible con las leyes de nacionalidad de Estados Unidos. Esta propuesta ha generado reacciones de desconcierto y alarma en la comunidad jurídica, que la considera una grave desviación del debido proceso.
Diplomacia populista: Trump y Bukele, estilos paralelos
Tanto Donald Trump como Nayib Bukele son líderes populistas con estilos mediáticos altamente eficaces. Bukele ha gobernado en El Salvador casi sin oposición efectiva, tras lograr elecciones arrasadoras gracias a su retórica contra las pandillas y a su uso intensivo de redes sociales. Trump por su parte ha apelado a un discurso nacionalista, antimigratorio y confrontativo con la prensa desde su ascenso político.
Ambos comparten una visión del Estado que prioriza el orden y la seguridad sobre derechos civiles, y han sido acusados de minar la independencia judicial en sus respectivos países. Es lógico entonces que una estrategia de deportaciones masivas, aún si están repletas de lagunas legales, los una bajo una causa común.
Un trato con múltiples consecuencias
Sin embargo, las implicaciones de este acuerdo van más allá del corto plazo. Bukele podría usar su colaboración como moneda de cambio para exigir un alivio sobre los aranceles del 10% que Trump impuso recientemente, una medida que amenaza sectores clave de la economía salvadoreña como la agricultura y la maquila. Los especialistas locales advierten que una economía debilitada podría generar más migración, no menos.
"Es crucial que esta visita vaya más allá de gestos diplomáticos y se traduzca en acciones que beneficien a los salvadoreños dentro y fuera del país", dijo César Ríos, director de la Asociación de Agenda de Inmigrantes Salvadoreños. Una postura que muchos comparten en un contexto donde miles de familias dependen de remesas y libertades básicas amenazadas.
Nivel 1 de seguridad, pero ¿a qué costo?
Poco antes de la visita de Bukele a la Casa Blanca, el Departamento de Estado redujo la alerta de viaje a El Salvador a Nivel 1, indicando que el país es seguro para los ciudadanos estadounidenses. Esto contrasta con los informes de represión policial, censura a la prensa y violaciones de derechos humanos persistentes.
La narrativa del éxito en seguridad interna puede ser efectiva para la opinión pública, pero los datos revelan una realidad más compleja. La criminalidad ha bajado, sí, pero a costa de libertades fundamentales. La pregunta entonces es: ¿puede construirse una relación sólida entre naciones democráticas sobre la base de este tipo de prácticas?
¿Un pacto demagógico o una nueva era diplomática?
La alianza Trump-Bukele refleja un nuevo tipo de realpolitik, donde los resultados en cifras —aunque opacos— pesan más que los principios. A mediano plazo, ambos líderes podrían capitalizar políticamente estos acuerdos. Trump puede mostrar control migratorio; Bukele reafirmar su imagen de "el presidente que erradicó las pandillas".
Pero a largo plazo, el impacto sobre los sistemas de justicia, los derechos humanos y la reputación internacional de ambos países está por verse.
La historia juzgará si esta fue una estrategia inteligente o un peligroso camino hacia el autoritarismo legitimado por conveniencia mutua.