La ley de la barba en Afganistán: intolerancia, economía y control social bajo los talibanes
El regreso de la policía de la moral bajo el régimen talibán está impactando no solo la vida cultural, sino también la economía y las libertades individuales en Afganistán.
Una sociedad bajo el lente de la virtud
Desde que los talibanes retomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, el país ha sido testigo de una preocupante metamorfosis en sus estructuras sociales y políticas. Uno de los instrumentos más visibles de esta transformación es el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, también conocido como la policía de la moral, reintroducido para supervisar la conducta pública bajo una interpretación extremadamente conservadora de la ley islámica.
En agosto de 2023, este ministerio publicó un conjunto de normativas sobre aspectos cotidianos de la vida en Afganistán: desde el uso del transporte público hasta el tamaño de la barba, pasando por el comportamiento en las bodas, el consumo de música y la asistencia obligatoria a las oraciones. La reciente evaluación de seis meses realizada por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha arrojado cifras alarmantes sobre la implementación de estas leyes.
Detenciones arbitrarias por estética e identidad
Uno de los hallazgos más inquietantes del informe es que más de la mitad de las detenciones realizadas en el marco de estas leyes tuvieron que ver con el largo de la barba o el estilo de peinado. Barberos detenidos por ofrecer cortes de pelo considerados “inapropiados”, hombres arrestados por no tener una barba de longitud “islamicamente apropiada”, y ciudadanos humillados públicamente por su apariencia: así es el nuevo orden talibán.
Según el informe, estos arrestos son frecuentemente arbitrarios y carentes de procesos legales adecuados, lo que instala un clima generalizado de miedo e incertidumbre.
“Estos actos representan una violación de los derechos humanos fundamentales y reflejan un uso abusivo del sistema legal para imponer una visión coercitiva de la moralidad”, señaló un representante de derechos humanos de la ONU.
El Ramadán y la vigilancia espiritual
Durante el sagrado mes musulmán del Ramadán, la policía de la moral intensificó sus acciones, exigiendo asistencia obligatoria a las oraciones congregacionales. Aquellos hombres que no acudieron a las mezquitas fueron, en varias ocasiones, arrestados por violar la observancia religiosa. Esta medida va más allá de un simple acto de control espiritual; representa la imposición estatal de prácticas religiosas que deben surgir voluntariamente del individuo.
En un país profundamente religioso como Afganistán, esto podría parecer poco problemático a primera vista. Sin embargo, forzar la religiosidad a través de la coerción elimina su propósito esencial: la devoción sincera.
Los sectores afectados: la economía informal y los trabajadores independientes
Las restricciones no solo han afectado a los individuos en su vida personal. Propietarios de pequeños negocios—como salones de belleza, escuelas privadas, sastres, organizadores de bodas y restaurantes—han sido severamente impactados. Algunos han visto una reducción significativa de ingresos, mientras que otros se han visto forzados a cerrar completamente.
El impacto económico está lejos de ser trivial. Según un estudio del Banco Mundial, la prohibición del empleo femenino y otras restricciones paralelas podrían llegar a costar a la economía afgana más de 1.400 millones de dólares al año.
Mujeres invisibilizadas: sin voz ni rostro en público
Aunque el centro de atención mediática ha estado últimamente sobre las restricciones a los hombres, las mujeres continúan siendo uno de los grupos más afectados. Se les prohíbe mostrar el rostro o la voz en espacios públicos. Esto ha afectado su participación en medios de comunicación, educación y cualquier forma de expresión pública.
La combinación de estas leyes hace que la mujer afgana contemporánea viva en un entorno represivo donde la posibilidad de una vida pública queda casi anulada.
Una policía numerosa y omnipresente
De acuerdo con el informe de la ONU, más de 3.300 inspectores, en su mayoría hombres, han sido desplegados como agentes de la moral. Su tarea es doble: informar a los ciudadanos sobre las nuevas normas y hacerlas cumplir. Esto ha creado un entorno de hipervigilancia que recuerda más a sistemas totalitarios que a una república islámica moderna.
La función de estos agentes ha ido mutando desde la educación hacia la represión pura y dura. Las conversaciones casuales, los comportamientos espontáneos y los actos cotidianos ahora son objeto de escrutinio constante.
¿Una visión para el futuro?
El líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, defendió recientemente estas leyes en un comunicado previo a la festividad de Eid Al-Fitr. Según Akhundzada, estas medidas buscan "establecer una sociedad libre de corrupción y proteger a las futuras generaciones de creencias desviadas y malos valores".
Sin embargo, los organismos internacionales y gran parte de la comunidad mundial tienen otra visión: consideran que esto está llevando a Afganistán al aislamiento y la ruina, tanto en lo social como en lo económico.
Reacciones internacionales: entre la condena y la impotencia
Numerosos países y organizaciones, incluyendo la ONU y la Unión Europea, han expresado su preocupación por el rumbo que ha tomado el régimen talibán. Sin embargo, hay poca presión eficaz para detener o siquiera moderar las políticas del Ministerio de Virtud y Vicio.
La ausencia de reconocimiento oficial del régimen por parte de la mayoría de los países no ha impedido que los talibanes actúen con una fuerza monumental dentro de sus fronteras.
¿Qué puede esperarse a corto plazo?
Dados los actuales niveles de control social y represión, sumados a un colapso casi total de la economía formal, el futuro cercano de Afganistán parece sombrío. El acoso a ciudadanos por su estilo de barba o presencia en la mezquita no es solo una medida superficial, sino un símbolo de un Estado que ha renunciado a gobernar con derechos, y ha optado por el adoctrinamiento obligatorio.
Los informes como el de la ONU cumplen una función crítica: documentar y preservar la memoria de estas injusticias en un momento en que el pueblo afgano parece literalmente silenciado. Es responsabilidad de la comunidad internacional mantener viva esta conversación.
