La nueva cruzada de Trump contra las leyes estatales del clima: ¿quién tiene el poder de regular la energía en EE.UU.?

Una declaración de emergencia energética con implicaciones jurídicas

Donald Trump, en su intento por reposicionar a Estados Unidos como potencia energética, firmó una orden ejecutiva que podría significar un enfrentamiento frontal con los estados que legislan contra el cambio climático. Al declarar una "emergencia energética nacional", el exmandatario ha pedido a su fiscal general que actúe contra las leyes estatales que, según él, exceden su autoridad constitucional al limitar el desarrollo energético de combustibles fósiles.

En palabras de Trump: “La dominación energética estadounidense está amenazada cuando los gobiernos estatales y locales buscan regular la energía más allá de sus facultades legales.”

Este decreto no solo es un gesto político. Implica que el Departamento de Justicia podría iniciar o intervenir en demandas contra leyes estatales –sobre todo aquellas relacionadas con los llamados “superfondos climáticos”, una herramienta que busca hacer responsables a las grandes petroleras por los daños provocados por sus emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué son los superfondos climáticos y por qué molestan a Trump?

Modeladas a partir de la Ley Federal Superfund de 1980 que grababa a industrias contaminantes para financiar la limpieza de residuos tóxicos, las leyes de superfondo climático buscan el mismo objetivo: responsabilizar a las empresas de combustibles fósiles por sus emisiones de carbono históricas y obligarlas a cubrir costos derivados de los efectos del cambio climático.

Estados como Vermont y New York ya han aprobado este tipo de leyes, y enfrentan demandas impulsadas por la American Petroleum Institute y otros grupos industriales. A su vez, estados como New Jersey, California y Oregón estudian proyectos similares.

Trump ha calificado estas leyes como un intento de "extorsión" a las empresas energéticas, argumentando que ponen en riesgo la seguridad energética y económica del país.

Una estrategia legal sin precedentes

Según Michael Gerrard, director del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, sería una “jugada extremadamente audaz” por parte del gobierno federal impugnar directamente una ley estatal climática en los tribunales.

“Hasta ahora, muchos de estos desafíos legales habían venido desde organizaciones privadas o coaliciones de estados conservadores. El hecho de que el propio Departamento de Justicia pudiera sumarse a estas demandas marca un cambio radical”, explicó Gerrard.

Y es que este no sería el primer frente judicial en esta lucha. En la actualidad:

• Vermont enfrenta una demanda interpuesta por la American Petroleum Institute y la Cámara de Comercio de EE.UU.
• Nueva York es objeto de una demanda por parte del estado de West Virginia, junto con intereses del carbón y gas, apoyados por 21 estados liderados por republicanos.
• Más de 40 ciudades y estados han interpuesto demandas contra las grandes petroleras exigiendo compensaciones por daños producidos por incendios forestales, oleadas de calor, huracanes y aumento del nivel del mar.

En dos de estos casos, la Corte Suprema de EE.UU. decidió no intervenir, permitiendo que las demandas contra las petroleras continuaran en cortes estatales. Esto ha sido considerado como una victoria para los defensores del medio ambiente.

Los estados no se rinden: “Seguiremos luchando”

Desde California, el gobernador Gavin Newsom calificó la orden de Trump como un intento de “hacer retroceder el reloj climático” y prometió continuar con la implementación de políticas para reducir emisiones.

En la misma línea, las gobernadoras Kathy Hochul (Nueva York) y Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), copresidentas de la U.S. Climate Alliance, reafirmaron su compromiso con el clima: “Seguiremos impulsando soluciones ante la crisis climática.”

Mientras tanto, activistas y organizaciones como Make Polluters Pay acusan a Trump de estar al servicio de los intereses corporativos de las industrias contaminantes. Para ellos, esta orden ejecutiva representa una “captura corporativa del gobierno” y es una peligrosa “instrumentalización del Departamento de Justicia”.

La economía en el centro del debate

En paralelo al anuncio energético, se conocieron estimaciones que indican una posible disminución en la inflación: 2.6% en marzo en comparación con el 2.8% de febrero. Aunque la inflación núcleo aún se mantiene por encima del objetivo de la Reserva Federal (3% vs. 2%), algunos sectores, como energía y autos usados, han visto una baja.

Pero persisten las tensiones. El anuncio de Trump del retorno de los aranceles universales (aunque con una pausa de 90 días) y nuevas tarifas al acero, aluminio y productos farmacéuticos eleva la incertidumbre. Las importaciones desde China, que totalizan más de $60 mil millones en móviles, ropa y tecnología, representan una zona crítica en cuanto a precios al consumidor.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, admitió: “Estamos esperando y viendo cómo estas políticas afectarán la economía.”

¿Federalismo contra ambientalismo?

La batalla entre estados y gobierno federal replantea una antigua pregunta: ¿cuánto poder tienen los estados para legislar sobre temas que afectan tanto su economía como su salud ambiental?

Históricamente, las leyes medioambientales han sido una competencia compartida. La Clean Air Act, por ejemplo, establece estándares federales, pero permite que los estados promulguen normas más estrictas. En este contexto, el intento de Trump por frenar leyes estatales mediante el Departamento de Justicia podría sentar un precedente peligroso.

En Pensilvania, uno de los más grandes productores de combustibles fósiles del país, hay preocupación. El exsecretario de medio ambiente del estado, John Quigley, advirtió: “Esta clase de orden ejecutiva no tiene límites claros. Podría significar que el gobierno federal comience a desafiar toda legislación estatal sobre aire y agua.”

Una elección decisiva para el futuro climático del país

En plena campaña electoral, el nuevo movimiento judicial de Trump le habla directamente a su electorado energético, especialmente en estados extractivistas. Pero también enfrenta una oleada de resistencia desde gobernadores progresistas, activistas climáticos y la comunidad científica.

La tensión solo crecerá, y el destino de estas batallas podría terminar decidiéndose en la Corte Suprema. Mientras tanto, la urgencia del cambio climático no espera. En palabras de la ONU: “Nos queda muy poco tiempo para actuar.”