El asalto silencioso: Trump, el poder presidencial y el desmantelamiento del servicio civil en EE.UU.

¿Qué está ocurriendo realmente en las entrañas del gobierno federal estadounidense? Bajo la administración de Donald Trump, el país ha sido testigo de un intento sin precedentes por desmantelar o reconfigurar el aparato estatal desde el interior, reduciendo considerablemente la burocracia mediante la remoción masiva de trabajadores 'en período de prueba' y retando en tribunales los límites del poder presidencial sobre entidades independientes del Estado.

Una purga burocrática sin precedentes

Desde su llegada al poder en enero de 2017, el expresidente Donald Trump inició una cruzada de reorganización del gobierno federal. Según documentos judiciales recientes, más de 24,000 empleados en período de prueba fueron despedidos, amparándose en la legislación laboral federal que permite removerlos sin el mismo nivel de protección que los funcionarios con plaza permanente.

Aunque la ley permite cierta flexibilidad con empleados nuevos, lo inusual fue la escala. Como indicó el fiscal general de California, Xavier Becerra, en su momento: "Estamos contemplando una purga ideológica, más que una reorganización basada en eficiencia administrativa".

El respaldo judicial a la administración

La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito fue clara al manifestar que este tipo de despidos deben apelarse a través del proceso laboral específico, no mediante demandas federales amplias. Esto representa una importante victoria legal para el trumpismo, que ha promovido una visión ejecutiva robusta del poder presidencial, con menor intervención de organismos e instancias que actúan como contrapeso institucional.

Esta decisión judicial se suma a otra del Tribunal Supremo, en la que se determinó que organizaciones sin fines de lucro no tenían recursos legales válidos para impugnar estas decisiones administrativas. En resumen, por ahora, el desmantelamiento avanza con respaldo de las cortes.

¿Cuál es la importancia de los empleados en período de prueba?

Los trabajadores en período de prueba representan la puerta de entrada del empleo federal. No tienen la misma estabilidad laboral —ni protecciones legales— que los empleados de planta. Esto los convierte en un blanco fácil para despidos masivos.

Históricamente, los presidentes no han ejercido esta facultad con tanto ímpetu. De hecho, expertos en gobernanza como Paul Light, del Brookings Institution, afirman que "nunca habíamos visto una política orientada deliberadamente a influir en la composición ideológica de la burocracia mediante despidos en esta escala".

Repercusiones económicas y estatales

Los despidos provocaron una reacción inmediata de 20 estados, incluyendo California, Nueva York, Illinois, Michigan y varios otros, quienes argumentan en su demanda que las terminaciones masivas desembocan en una carga económica adicional para los gobiernos estatales. Se calcula que más de 15,000 empleados fueron reinstalados o colocados en licencias pagadas únicamente gracias a órdenes judiciales previas.

Los estados demandantes han invertido millones en beneficios por desempleo y programas sociales para asistir a los nuevos desempleados, convirtiendo este conflicto político en un problema fiscal de gran escala para muchas entidades federales.

El caso Humphrey’s Executor: ¿el fin de la independencia de las agencias?

Mientras las batallas por los despidos siguen, otro frente judicial se prepara para poner en jaque una piedra angular de la jurisprudencia constitucional: el fallo "Humphrey’s Executor vs United States" de 1935. En esta decisión, el Tribunal Supremo determinó que un presidente no puede despedir a miembros de agencias federales independientes sin causa justificada.

Trump, respaldado por los sectores más conservadores del entorno jurídico, sostiene que esta doctrina viola el principio de control ejecutivo, y ha solicitado a la Corte Suprema revertirla o limitar aún más su alcance. De lograrlo, el inquilino de la Casa Blanca ganaría manos libres para despedir y nombrar líderes de entidades como la Comisión Federal de Comercio (FTC), la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) o incluso la Reserva Federal.

El precedente de 2020: un guiño al desmantelamiento

Ya en 2020, el caso Seila Law vs Consumer Financial Protection Bureau empezó a abrir grietas en Humphrey’s Executor. En esa oportunidad, el fallo del Supremo estableció que un presidente sí puede destituir al director de ciertas agencias, como la CFPB, sin justificación explícita. La actual línea ideológica de la Corte, con una mayoría conservadora, sugiere que podría haber mayores erosiones en la autonomía institucional próximamente.

La diplomacia como escenario paralelo de ideología

En medio de esta tormenta política y judicial, el Senado confirmó recientemente al exgobernador de Arkansas y figura prominente de la derecha religiosa, Mike Huckabee, como embajador en Israel. Su nombramiento refuerza la línea dura del trumpismo en temas como el conflicto palestino-israelí, ya que ha sostenido posturas controvertidas, incluyendo oponerse al concepto de "palestinos" como grupo nacional, y abogar por la anexión completa de Cisjordania.

Sin embargo, durante su audiencia de confirmación, Huckabee moderó el tono declarando que "llevará a cabo las prioridades del presidente, no las suyas propias". A pesar de ello, su historial lo convierte en una figura clave en la redefinición del papel de Estados Unidos en una región que continúa marcada por el conflicto y la tensión diplomática.

Más allá de la política: una transformación duradera del Estado

Lo que algunos ven como una rebelión justificada contra la burocracia ineficiente, otros lo interpretan como un intento autoritario de moldear el gobierno a imagen política del presidente. El hecho de que estas decisiones —desde despidos masivos hasta desafíos constitucionales— se realicen por vía judicial, no por debate legislativo, marca un precedente preocupante para muchos defensores de la transparencia democrática.

La discusión, lejos de limitarse a la política interna de Estados Unidos, también refleja un patrón global. Líderes como Jair Bolsonaro en Brasil o Viktor Orbán en Hungría han impulsado agendas similares de consolidación de poder a través del control de instituciones públicas.

¿Qué está en juego?

• Un cambio radical en el balance de poderes si se revierte el precedente de Humphrey’s Executor.
• Un impacto duradero en la burocracia federal, con un precedente de despidos masivos como herramienta política.
• La redefinición del servicio civil como un cuerpo dependiente ideológicamente del Ejecutivo.
• Erosión de la independencia institucional de las entidades públicas con fines de regulación, control y fiscalización del poder.

Aún quedan capítulos por escribirse

Mientras las cortes deliberan, los despidos se mantienen. Como también lo hace el debate profundo sobre cuál debe ser el límite del poder presidencial en una democracia moderna. Estados Unidos, que históricamente se ha jactado de un sistema de equilibrios y contrapesos, hoy enfrenta una de sus pruebas más complejas desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Será esta una reforma necesaria para una administración más ágil? ¿O una señal de alarma para una democracia cada vez más vulnerable al autoritarismo? La respuesta, como casi todo en la era Trump, dependerá tanto de las leyes como del tribunal de la opinión pública.