El IRS bajo fuego: ¿el nuevo acuerdo con ICE compromete la privacidad de todos?

El reciente memorando de entendimiento firmado entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) —que permite compartir información del IRS con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— ha levantado una tormenta de críticas entre especialistas legales, defensores de derechos civiles y una parte significativa del público. Esta decisión, enmarcada dentro de la estrategia antiinmigración del expresidente Donald Trump, plantea serias preguntas sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la privacidad individual.

¿En qué consiste el acuerdo?

Firmado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la Secretaria del DHS, Kristi Noem, este memorando brinda a ICE acceso a datos del IRS con el propósito de identificar y deportar a inmigrantes indocumentados en el país.

Según el acuerdo, ICE podrá someter nombres y direcciones de personas sospechosas de estar ilegalmente en EE. UU. para que el IRS verifique si coinciden con registros fiscales. Lo que el gobierno presenta como un uso inteligente de recursos para apoyar la vigilancia fronteriza, muchos lo ven como una violación sin precedentes de los principios de privacidad establecidos por décadas.

El legado de Trump y el endurecimiento de la política migratoria

Donald Trump cimentó una política migratoria agresiva durante su primer mandato. Desde las redadas laborales hasta el uso de leyes del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos, su administración se caracterizó por tratar la inmigración no autorizada no solo como un problema de seguridad, sino casi como un delito grave.

Este nuevo acuerdo encaja perfectamente en esa narrativa. En palabras de un funcionario del Tesoro (bajo anonimato): «Este acuerdo se basa en facultades otorgadas por el Congreso que protegen la privacidad de ciudadanos respetuosos de la ley al tiempo que facilitan la persecución de criminales».

La crítica: una amenaza generalizada al derecho a la privacidad

Sin embargo, expertos en derecho fiscal, especialmente los del NYU Tax Law Center, han condenado públicamente este acuerdo. En un comunicado afirman:

«El acuerdo IRS-DHS amenaza con violar los derechos que muchos estadounidenses tienen bajo leyes establecidas hace mucho tiempo que protegen su información fiscal de divulgación indebida o diseminación».

Los abogados añaden que los funcionarios que autoricen el intercambio de datos fiscales en ese contexto pueden estar violando la ley, dado que el Código Fiscal de EE. UU. considera confidencial toda la información personal provista al IRS.

Esta preocupación no es nueva. Desde la aprobación del Bank Secrecy Act en 1970 hasta la Ley de Privacidad de 1974, EE. UU. ha construido un marco legal complejo para proteger la información financiera de sus ciudadanos. Si ahora el IRS puede compartir esos datos libremente con ICE, ¿quién garantiza que mañana no lo haga con otros organismos?

¿Privacidad para quién?

El argumento oficial es que este acuerdo solo afectará a personas inmigrantes no autorizadas. Pero el precedente es preocupante. El hecho de que un organismo como el IRS ceda datos, incluso bajo justificaciones administrativas, debilita la confianza en la confidencialidad del sistema fiscal estadounidense.

Según estadísticas recientes del Migration Policy Institute, más de 11 millones de personas viven en EE. UU. sin estatus migratorio autorizado. Sin embargo, se estima que aproximadamente la mitad de ellos presenta declaraciones fiscales cada año utilizando un número de identificación del contribuyente (ITIN). Esta práctica ha sido impulsada incluso por el propio sistema del IRS con el objetivo de fomentar el cumplimiento tributario.

El miedo a que dicha información termine siendo usada para fines punitivos podría disuadir a millones de presentar declaraciones, reduciendo potencialmente ingresos fiscales federales por encima de 23 mil millones de dólares anuales.

Los antecedentes: el uso de datos fiscales en la historia política de EE. UU.

El IRS ha sido históricamente cauteloso con respecto a la entrega de datos personales. Tras los escándalos de Watergate en la década de 1970, el Congreso introdujo reformas en la ley para asegurar que ninguna administración pueda usar al IRS como herramienta de persecución política o social.

De hecho, el artículo 6103 del Código del IRS establece de forma explícita que las declaraciones y la información tributaria están protegidas, y solo pueden compartirse en circunstancias muy limitadas, y mayormente con mandatos judiciales.

Aun así, en la era post-11 de septiembre, ha habido momentos grises. Tras los ataques terroristas, el Congreso permitió ciertos intercambios de datos en el marco de investigaciones de seguridad nacional. Pero este nuevo acuerdo con DHS no parece enmarcarse dentro de esas excepciones justificadas por amenazas concretas o terrorismo.

¿Resistencia desde adentro?

La controversia tiene un matiz adicional: fuentes internas del IRS han expresado su inquietud respecto al impacto del acuerdo. Algunos oficiales temen que estén quedando expuestos legalmente. De acuerdo a las investigaciones que se desprenden de documentos judiciales, los empleados que avalen estas filtraciones podrían enfrentar sanciones penales y civiles.

Sin una base jurídica sólida y con la presión externa proveniente desde arriba, el IRS se enfrenta a un dilema institucional complejo: obedecer órdenes administrativas o preservar su histórico compromiso con la privacidad.

El miedo como herramienta de política pública

Más allá del caso específico, este acuerdo forma parte de una estrategia gubernamental que ha apostado por el temor como principal disuasivo. Fomentar el miedo entre comunidades migrantes para que se «autodeporten», abandonen sus empleos o incluso se abstengan de participar en censos o votaciones locales parece ser parte del plan.

Pero utilizar instituciones fiscales —cuyo éxito depende de la confianza y cooperación del ciudadano— para tales objetivos puede ser contraproducente. Se erosiona la legitimidad institucional y se intensifica el ambiente de polarización política.

Voces desde la sociedad civil

Numerosos grupos de derechos civiles han alzado su voz contra este memorando. La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), por ejemplo, publicó un comunicado donde se lee:

«Utilizar una agencia como el IRS para perseguir a inmigrantes indocumentados trasgrede los límites constitucionales y pone en riesgo las garantías de todas las personas».

Incluso sectores moderados dentro del Congreso han manifestado preocupación por la iniciativa. Según el senador independiente Angus King, de Maine:

«Hoy utilizan al IRS para seguir a quienes no tienen papeles. Mañana podrían usarlo para perseguir a oponentes políticos mientras controlan sus donaciones o afiliaciones religiosas. Todo parte de la erosión de barreras éticas que deberían ser inquebrantables.»

¿Y ahora qué?

El futuro del memorando, aunque actualmente vigente, está en juego. Varios grupos de abogados especializados ya están preparando recursos judiciales para frenar su implementación. Mientras tanto, crece el llamado para que el Congreso intervenga rápidamente, exigiendo transparencia y respeto al marco legal vigente.

No se trata meramente de una disputa partidista. El debate en torno al memorando IRS-ICE compromete pilares esenciales del acuerdo social estadounidense: la protección de información privada, la separación institucional y las políticas públicas informadas por principios democráticos, no por ideologías extremas.

La línea entre la seguridad y el autoritarismo siempre ha sido delgada —y vigilada cuidadosamente por las democracias maduras. Hoy, si no se actúa a tiempo, podríamos estar cruzándola sin retorno.

Para leer más sobre temas de privacidad y derechos civiles en EE.UU., visita EFF.org o sigue a la ACLU en aclu.org.