¿El fin del DEI en las escuelas? Estados demócratas desafían a Trump en una nueva cruzada educativa

Una amenaza educativa en clave ideológica

El enfrentamiento entre varios estados liderados por demócratas y la administración del expresidente Donald Trump ha alcanzado un nuevo nivel. Esta vez, el campo de batalla es la educación pública y, más específicamente, los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). El Departamento de Educación de Estados Unidos ha exigido a los sistemas escolares que certifiquen la no utilización de lo que considera “prácticas ilegales de DEI”, o enfrentarán posibles recortes de fondos federales.

La orden ha sido fuertemente cuestionada por varios estados, entre ellos Minnesota, Nueva York, California y Vermont. Según sus líderes, la política no solo es un exceso jurisdiccional por parte del Ejecutivo federal, sino que representa un intento claro de imponer una agenda ideológica conservadora a través de la coerción financiera.

¿Qué busca el Departamento de Educación?

El documento enviado por el Departamento de Educación el pasado jueves demanda que cada estado firme una certificación garantizando que cumple con las leyes federales de derechos civiles, y que obtengan la misma garantía por parte de cada distrito escolar bajo su jurisdicción.

Según la carta, las escuelas que incumplan dicha certificación podrían enfrentar acciones legales por parte del Departamento de Justicia, además de la pérdida de subvenciones y contratos federales. Aunque el comunicado no tiene rango legal vinculante, corresponder a un requerimiento administrativo con fuerte peso político lo convierte en una herramienta de presión considerable sobre los sistemas educativos.

Resistencia demócrata: ¿desobediencia o federalismo?

El rechazo ha sido rotundo. Willie Jett, comisionado de Educación de Minnesota, envió una respuesta firme al Departamento, afirmando que su estado no cumplirá con la petición porque esta “carece de respaldo legal” y no se apoya en requisitos establecidos por la ley. Jett agregó que los programas de DEI no son ilegales y forman parte de la misión educativa del estado: construir ambientes escolares más equitativos y seguros.

En la misma línea se expresó el Departamento de Educación de Nueva York, señalando que ya han proporcionado todas las garantías necesarias y que la carta del Departamento federal representa un cambio de posición sin explicación ni base legal.

Otros estados como Vermont y California también se han opuesto, expresando su respaldo a los programas de inclusión y asegurando a las escuelas que no es necesario firmar el documento federal.

Una lucha vieja con nuevas armas

El debate sobre la educación como herramienta de cambio social ha sido recurrente en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, el foco ha estado sobre los programas de DEI implementados en escuelas y universidades en respuesta a movimientos sociales como Black Lives Matter y otras iniciativas para combatir el racismo estructural.

La administración de Trump, tanto en su primer mandato como ahora desde su influencia política, ha centrado sus esfuerzos en eliminar cualquier enfoque educativo que, según su interpretación, transmita una “visión sesgada” de la historia o involucre preferencias raciales, como ocurre en programas de equidad que consideran las condiciones históricas de grupos marginados.

Bajo esta perspectiva, el uso de fondos federales se ha convertido en el principal medio de presión. En 2021, varios estados conservadores ya habían aprobado leyes estatales que limitaban la enseñanza de ciertos contenidos asociados al pensamiento crítico sobre temas raciales o de género. Esto ha creado un efecto dominó en la política educativa del país.

¿Qué es el DEI y por qué molesta tanto?

Los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión tienen como objetivo combatir la discriminación histórica hacia estudiantes de grupos minoritarios fomentando la participación equitativa y ofreciendo apoyo adicional a quienes han sido tradicionalmente desfavorecidos.

Esto puede traducirse, por ejemplo, en contratar profesores de distintas etnias, asegurar que los planes de estudio reflejen historias y perspectivas diversas, así como ofrecer recursos para estudiantes marginados. Grandes universidades, organizaciones no gubernamentales y multinacionales han adoptado medidas similares en los últimos años.

Sus detractores, en cambio, los acusan de crear nuevas formas de discriminación al promover “preferencias raciales inversas” o al obligar a los estudiantes a asumir visiones ideológicas que no comparten.

La postura federal: ¿protección o manipulación?

Según el portavoz del Departamento de Educación federal, esta política no está dirigida específicamente contra el DEI, sino contra el uso de “preferencias raciales o estereotipos dañinos en la educación” que violen la ley federal. Sin embargo, el lenguaje del documento sugiere un ataque más amplio, ya que coloca a todas las prácticas de DEI bajo sospecha legal sin especificar cuáles son exactamente las que violan la ley.

Esta ambigüedad ha sido criticada por varios estados que consideran que se trata de una táctica política para desmontar progresivamente toda política educativa progresista sin necesidad de pasar por el Congreso.

No es la primera vez que Estados Unidos vive una controversia similar. En los años 50 y 60, movimientos por los derechos civiles también encontraron resistencia del gobierno federal cuando las escuelas se negaban a integrar sus aulas. Entonces, fue necesario invocar la autoridad de las enmiendas constitucionales para garantizar la igualdad educativa. Hoy, la discusión gira nuevamente en torno al alcance del poder federal frente a los derechos de los estados, pero la situación parece invertida.

Puerto Rico y la excepción al conflicto

En contraste con la mayoría de los estados demócratas, el Departamento de Educación destacó a Puerto Rico como el primer territorio en presentar la certificación solicitada. La secretaria de Educación, Linda McMahon, elogió la decisión, instando a otros estados a seguir el ejemplo puertorriqueño.

La presentación por parte de Puerto Rico se interpreta como una excepción más simbólica que sustancial. El sistema escolar de la isla, severamente afectado por la crisis económica y dependiente en gran medida de fondos federales, no tiene mucha capacidad para desobedecer una exigencia de Washington sin consecuencias inmediatas.

¿Hasta dónde llegará la batalla legal?

La ciudad de Chicago, liderada por el alcalde demócrata Brandon Johnson, ha declarado su disposición a acudir a los tribunales si se confirma la retirada de fondos. "Esto es una extralimitación federal sin precedentes y no lo aceptaremos", sostuvo Johnson.

También se espera un litigio legal más amplio si el gobierno federal cumple su amenaza. Las bases legales de los programas de DEI en la educación se sustentan, en gran parte, en precedentes constitucionales y estatales que protegen el derecho a una educación inclusiva.

Además, el argumento de los estados se refuerza por contradicciones dentro del propio partido republicano. La exsecretaria de Educación Betsy DeVos, nombrada por Trump durante su primer mandato, firmó en 2020 un memorando en el que enfatizaba “la necesidad de abrazar la diversidad y la inclusión como elementos esenciales para el éxito”.

Una prueba para el futuro del federalismo educativo

La disputa actual puede establecer un precedente trascendental para determinar cuánto poder tiene el gobierno federal para condicionar la financiación escolar a sus lineamientos ideológicos. Aunque el Departamento de Educación asegura que solo busca el cumplimiento de la ley, sus críticos lo acusan de reinterpretarla de manera oportunista.

Este conflicto expone una tensión latente en el modelo federal estadounidense: la del control del poder educativo. Y aunque legalmente gran parte del presupuesto educativo proviene de fuentes estatales o locales (más del 90% según datos del NCES -Centro Nacional de Estadísticas de Educación), el condicionamiento de los fondos federales se convierte en un arma poderosa para imponer cambios.

En resumen, este asunto va más allá del DEI. Es una pugna entre dos visiones de país, entre quienes creen que la educación debe reflejar una sociedad inclusiva y diversa, y quienes insisten en que la igualdad solo puede existir eliminando cualquier diferenciación. Al final, serán los tribunales —y quizá, los votantes— quienes definan cuál será el rumbo de las aulas en los próximos años.