Corrupción e impunidad en el Parlamento Europeo: ¿una amenaza estructural a la democracia?

Marine Le Pen, una de las figuras más influyentes de la ultraderecha europea, ha sido condenada junto con otros 23 miembros de su partido por malversación de fondos del Parlamento Europeo. El escándalo no solo sacude el panorama político francés, sino que pone de relieve una crisis más amplia de transparencia y supervisión en el corazón legislativo de Europa.

Una condena con repercusiones continentales

El reciente fallo judicial en París, que condena a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación para cargos públicos, resuena más allá de las fronteras francesas. Le Pen, líder histórica del Nacional Rally (anteriormente conocido como Frente Nacional), fue hallada culpable junto con otros funcionarios de su partido de haber desviado millones de euros destinados a asistentes parlamentarios de la UE para fines estrictamente partidistas en Francia.

Entre los detalles más escandalosos del caso figura el haber declarado como asistentes parlamentarios a individuos que, en realidad, trabajaban como guardaespaldas o en actividades administrativas del partido en territorio francés, sin realizar tarea alguna vinculada con actividades legislativas en Bruselas o Estrasburgo. Según el tribunal, la malversación se extendió por años y afectó al menos 6,8 millones de euros, según los cálculos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Le Pen se victimiza, la ultraderecha reacciona

Le Pen reaccionó con firmeza ante la sentencia, denunciando que es víctima de una persecución judicial con fines políticos. Aliados internacionales en la extrema derecha, como Viktor Orbán en Hungría y Matteo Salvini en Italia, han calificado la decisión de la justicia francesa como parte de una "campaña de lawfare", es decir, la judicialización de la política para neutralizar adversarios.

No obstante, incluso sectores liberales y de centro han expresado dudas sobre la oportunidad de impedir candidaturas políticas mediante decisiones judiciales, especialmente de cara a las elecciones presidenciales francesas en 2027, donde Le Pen es considerada una de las favoritas.

Una constante: irregularidades más allá de la ideología

Aunque el caso de Le Pen es impresionante por el volumen de dinero implicado, no es un hecho aislado. Diversos miembros del Parlamento Europeo —de todas las ideologías— han sido investigados o incluso procesados por usar los fondos de asistentes parlamentarios de forma indebida.

En 2022, el escándalo conocido como “Qatargate” estalló tras revelarse acusaciones de sobornos de parte de funcionarios de Catar y Marruecos a eurodiputados, asistentes y lobistas. Aún no ha habido condenas, pero el daño reputacional fue considerable. En paralelo, la empresa china Huawei también está bajo escrutinio por presuntos sobornos a legisladores europeos, y un asistente de un eurodiputado alemán fue arrestado por supuestamente actuar como agente chino encubierto.

La laxitud del Parlamento Europeo: ¿autogobierno sin consecuencias?

Cada uno de los 720 eurodiputados dispone de un fondo de aproximadamente €40,000 al mes (algo más de $250 millones anuales en total) para contratar entre cinco y seis asistentes parlamentarios. Oficialmente, estos asistentes tienen funciones ligadas a la elaboración legislativa, la investigación normativa y actividades logísticas en Bruselas, Estrasburgo o en el Estado miembro al que pertenecen.

Sin embargo, como advierte Nick Aiossa de Transparency International, “el Parlamento no tiene un sistema robusto de vigilancia interna”. Las únicas reglas explícitas son que no se puede contratar a familiares y que el trabajo debe estar vinculado a actividades parlamentarias concretas. Más allá de eso, no existen mecanismos de auditoría exhaustiva ni sanciones institucionales automáticas.

El papel limitado de OLAF: investigaciones sin dientes

OLAF, la Oficina Europea Antifraude, solo tiene competencias investigativas, no judiciales. Puede emitir recomendaciones a los Estados miembros y al propio Parlamento, pero no puede procesar. En 2023, esta oficina emitió apenas cinco recomendaciones relacionadas con irregularidades en el uso de fondos en el Parlamento Europeo.

Todo depende, por tanto, de la voluntad de las autoridades judiciales de los países miembros. Aunque algunas investigaciones prosperan —como la que llevó a Le Pen a los tribunales—, muchas otras quedan archivadas por falta de cooperación, pruebas o interés político.

Un sistema que resiste reformas

Después del Qatargate, el Parlamento Europeo implementó algunos cambios cosméticos en sus normas de transparencia, pero se ha resistido sistemáticamente a establecer un órgano de ética pan-europeo con autoridad para fiscalizar y sancionar a los eurodiputados.

Una propuesta en ese sentido fue introducida en 2023 por un grupo de eurodiputados liberales y verdes, pero fue bloqueada por el bloque parlamentario más grande, el Partido Popular Europeo (de centro-derecha). La razón esgrimida: “la soberanía parlamentaria no puede ser limitada por una entidad suprainstitucional”.

El precedente de UKIP y la falta de consecuencias

En 2016, la entonces poderosa formación británica antieuropea UKIP fue obligada a devolver decenas de miles de euros por malversación. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE posteriormente invalidó la orden de devolución, marcando un precedente que debilitó la capacidad del Parlamento para recuperar fondos indebidos.

El mensaje que llega a los partidos políticos europeos es preocupante: malversar fondos es de bajo riesgo y, en muchos casos, sin castigo.

Marine Le Pen: ¿inhabilitada o mártir?

En medio de esta crisis institucional, la figura de Le Pen se fortalece entre sus bases. El relato de una líder perseguida por el sistema judicial europeo en vísperas de unas elecciones cruciales alimenta el victimismo que tan bien ha sabido explotar el populismo ultra en las últimas décadas.

Su delfín político, Jordan Bardella, hoy presidente del partido y candidato potencial a la presidencia en 2027 en su lugar, ya ha comenzado a capitalizar la narrativa. Para muchos analistas, el efecto podría ser similar al que tuvo en Italia el procesamiento de Silvio Berlusconi en su momento: una mayor polarización y consolidación del voto duro.

¿Y ahora qué?: La opción de una reacción institucional real

Frente a la acumulación de escándalos, podría parecer que Europa está despertando a la urgencia de reformarse. Pero los pasos son lentos y las resistencias muchas. El temor entre eurodiputados de todas las ideologías es perder los beneficios discrecionales que ofrecen fondos generosos, sin muchos requisitos ni controles.

Algunos politólogos proponen crear un Tribunal Ético Europeo con capacidad sancionadora y autonomía institucional, una idea que cuenta con el respaldo de ciudadanos y ONGs como Transparency International y EU Integrity Watch. Sin embargo, su implementación requeriría reformas legales profundas y, sobre todo, voluntad política.

Mientras tanto, los escándalos siguen acumulándose. El caso de Le Pen, más allá de su relevancia mediática, no es más que un síntoma visible de un mal sistémico. La lucha contra la corrupción en la UE no podrá avanzar sin una revisión estructural del modelo actual de autogobierno parlamentario.

Como concluye Aiossa, “la excepción de este caso es que se llegó a una condena. En la mayoría de los demás, ni siquiera se alcanza la etapa de juicio. Europa necesita tomar en serio su defensa contra la corrupción política, no solo predicarla”.