Batalla por las elecciones en EE.UU.: Trump, demandas y un futuro electoral incierto

El expresidente Donald Trump ha vuelto a incendiar el panorama político de Estados Unidos al emitir una controvertida orden ejecutiva que pretende cambiar significativamente la manera en que se celebran las elecciones federales. Su iniciativa ha provocado una fuerte reacción por parte de funcionarios demócratas en 19 estados, quienes han presentado una demanda conjunta alegando que se trata de un ataque inconstitucional al sistema democrático y al derecho de los estados a gestionar sus elecciones.

Una orden que sacude el fundamento democrático

La medida, firmada apenas hace una semana, exige entre otras cosas que cualquier persona que quiera registrarse para votar en Estados Unidos debe presentar prueba documental de su ciudadanía, como un pasaporte estadounidense o una licencia de conducir con indicación explícita de ciudadanía. Además, la orden prohíbe a los estados contar boletas por correo que lleguen después del día de la elección, aunque estén mataselladas a tiempo.

El argumento central del exmandatario es el de combatir el supuesto voto ilegal por parte de no ciudadanos, algo que investigaciones estatales y múltiples estudios han demostrado ser extremadamente raro. Sin embargo, Trump ha afirmado que estas medidas son “básicas y necesarias” para proteger las elecciones.

La respuesta de los estados: una ofensiva judicial

La reacción fue inmediata. Los fiscales generales de 19 estados, encabezados por Nueva York, California y Michigan, interpusieron una demanda en un tribunal federal en Massachusetts. En el documento legal se argumenta que la orden es "inconstitucional, antidemocrática y antiamericana".

El fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue aún más directa: “Somos una democracia, no una monarquía, y esta orden ejecutiva es una apropiación autoritaria de poder.”

La principal queja se centra en que la Constitución otorga a los estados la autoridad exclusiva para determinar cómo se llevan a cabo las elecciones, incluyendo detalles como métodos de votación y requisitos de registro.

El contexto histórico: Trump y su cruzada contra las elecciones

Las tensiones en torno a la validez del sistema electoral no son nuevas en la retórica de Donald Trump. Tras ganar las elecciones de 2016, el republicano aseguró sin evidencias que “millones votaron ilegalmente”, una afirmación desmentida por funcionarios electorales y analistas de seguridad electoral.

En 2020, luego de perder ante Joe Biden, Trump desató una campaña sin precedentes de desinformación, alegando fraudes y manipulación de máquinas de votación. La culminación de estas campañas fue el intento violento de revertir los resultados el 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes suyos irrumpieron en el Capitolio.

La nueva orden ejecutiva es vista por muchos analistas como la continuación de esa narrativa que busca generar desconfianza en el sistema electoral, preparando terreno para su eventual retorno como candidato republicano en 2024 o 2028.

El impacto real: ¿quiénes serían los más afectados?

Los críticos argumentan que las medidas propuestas por Trump podrían tener un efecto profundamente excluyente. Según el Centro Brennan para la Justicia, hasta 11% de ciudadanos estadounidenses en edad de votar no tienen una identificación vigente con foto requerida para cumplir con estas nuevas regulaciones.

Las mujeres casadas son un grupo particularmente impactado, ya que muchas no tienen documentos con el mismo apellido, y sería necesario presentar certificados de matrimonio o actas de nacimiento, complicando el acceso al sufragio.

En estados como New Hampshire, donde ya se implementó una ley similar a nivel local, mujeres y ancianos reportaron dificultades para registrarse en elecciones municipales recientes.

El factor republicano: ¿división en las filas?

Mientras que en estados controlados por republicanos ciertas autoridades apoyan la medida, otros muestran dudas. Algunos secretarios de estado han aplaudido la iniciativa como una manera de “mantener la integridad electoral”; otros, más cautelosos, critican el hecho de que se ata el cumplimiento de estas nuevas reglas al financiamiento federal, lo cual, aseguran, es un chantaje institucional.

Por ejemplo, el gobernador republicano de Maryland expresó su preocupación por “la intervención federal excesiva en un asunto claramente estatal”, en tanto ciertos legisladores han optado por evitar cualquier pronunciamiento al respecto, evidenciando la controversia que genera el tema incluso dentro del Partido Republicano.

Datos clave sobre el voto por correo y la supuesta “ola de fraude”

• Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), las elecciones de 2020 fueron “las más seguras en la historia de EE.UU.”.
• En múltiples estudios, incluido uno de la Universidad de Stanford, se concluyó que el porcentaje de fraude electoral es de aproximadamente 0.00004%.
• Las boletas por correo han sido usadas sin irregularidades significativas en estados como Utah, Washington y Colorado por más de una década.

El relato de que existe un fraude sistemático ha sido desmentido en tribunales de todos los niveles. De hecho, el propio Departamento de Justicia bajo la administración Trump no encontró evidencia de fraude capaz de alterar los resultados electorales.

¿Qué viene ahora? Escenarios posibles

Las consecuencias políticas y legales de esta orden están por definirse. Expertos constitucionalistas estiman que existe un alto nivel de probabilidad de que la iniciativa sea bloqueada por los tribunales. Hasta ahora, la mayoría de demandas contra órdenes similares en ciclos anteriores han favorecido la autonomía estatal.

Sin embargo, la polarización actual podría llevar a un choque institucional de mayor envergadura. En caso de que el Tribunal Supremo intervenga sobre el fondo del caso, su decisión puede definir el marco administrativo bajo el cual se conduzcan las elecciones federales en el futuro cercano.

El voto como campo de batalla política

El derecho al voto ha sido y sigue siendo uno de los principales ejes de conflicto político en Estados Unidos. Desde la Ley de Derechos Electorales de 1965 hasta los más recientes intentos legislativos de expansión o restricción del sufragio, las gestiones sobre el voto reflejan disputas más amplias: control político, representación demográfica, y la definición misma de quién pertenece al cuerpo cívico del país.

En esta nueva etapa, Trump apuesta por una estrategia que combina el discurso de seguridad electoral con políticas de exclusión, mientras los estados demócratas buscan reforzar las garantías de acceso al voto.

Una nación mirando hacia 2024

Con las elecciones presidenciales de 2024 cada vez más cerca, cada paso cuenta. Las decisiones tomadas hoy podrían determinar quién vota, cómo vota y si su voto cuenta. El presente litigio no es sólo jurídico: es, sobre todo, simbólico y reflejo de una democracia que disputa activamente sus valores fundamentales.

Ahora más que nunca, el escenario político estadounidense se define en los tribunales tanto como en las urnas.