¿Opacidad Legislativa? El polémico intento de Georgia para limitar el acceso público a registros gubernamentales

En los últimos días de la sesión legislativa de 2024, el Capitolio de Georgia se ha convertido nuevamente en el escenario de una estrategia política que recuerda a las tácticas de medianoche más controvertidas en la historia de la gobernanza estadounidense. Legisladores republicanos han introducido apresuradamente un proyecto de ley que busca limitar aún más el acceso del público a los registros relacionados con miembros de la legislatura estatal.

La propuesta no fue procesada a través del canal convencional: no se envió a comité para su discusión pública ni se ofreció una explicación clara tras su adición a un proyecto de ley ya existente. El resultado es una creciente preocupación entre expertos legales, defensores del acceso a la información y legisladores demócratas, que señalan que la medida constituye un asalto directo a la transparencia gubernamental.

¿De qué trata exactamente la propuesta?

El nuevo proyecto de ley pretende modificar la Ley de Registros Públicos de Georgia. Entre sus propuestas más significativas se encuentran:

• Negar el acceso a cualquier comunicación entre legisladores y sus empleados con agencias, funcionarios o compañías privadas.
• Proteger los registros de entradas y salidas a edificios gubernamentales.
• Restringir el acceso a datos creados para actividades legislativas, incluyendo aquellos elaborados por agencias del Estado como parte del proceso de toma de decisiones presupuestarias.
• Limitar los informes que las dependencias policiales tienen que divulgar durante investigaciones abiertas; solo se requeriría publicar el primer informe de incidentes, con frecuencia un documento superficial y limitado.

Es decir, la legislación podría impedir a periodistas y ciudadanos acceder a comunicaciones clave y datos fundamentales que podrían arrojar luz sobre cómo trabajan los legisladores, cómo gastan los recursos del Estado y cómo responden a situaciones de interés público.

Un proceso legislativo opaco y criticado

La manera en que se introdujo esta iniciativa ha sido objeto de críticas. Fue adherida a un proyecto de ley ya en trámite, sin acudir al cauce ordinario del proceso legislativo. No se presentó a un comité para su evaluación técnica ni se abrió a debate público.

“Los republicanos siempre intentan introducir provisiones dañinas bajo la oscuridad, sin transparencia ni debate público”, denunció el representante demócrata Sam Park, líder de la minoría de la cámara estatal.

Rob Leverett, uno de los legisladores republicanos que defendió públicamente la medida, describió la propuesta como una mera “limpieza lingüística” para resolver asuntos legales recientes relacionados con el acceso a registros. Pero los críticos consideran que esta calificación minimiza el impacto que puede tener sobre la rendición de cuentas en el estado.

Un legado de opacidad en el Legislativo

Georgia ya es uno de los estados donde el poder legislativo goza de importantes exenciones en cuanto a la Ley de Registros Públicos. Históricamente, los legisladores del estado han estado exentos de múltiples requisitos de divulgación —una práctica que ha generado polémica por años.

Sin embargo, esta nueva propuesta profundiza esa zona gris legal al intentar extender las limitaciones incluso a registros que actualmente se consideran públicos y que —en ocasiones— ni siquiera están en poder de la legislatura, sino en manos del poder ejecutivo o agencias estatales.

Casos recientes que encendieron las alarmas

Uno de los detonantes recientes de esta iniciativa fue el caso de Appen Media, una cadena de medios locales que demandó a la ciudad de Sandy Springs por restringir el acceso de sus reporteros a información detallada sobre reportes policiales. Un juez de condado falló inicialmente a favor del gobierno local, pero la Corte de Apelaciones del estado revirtió esa decisión preliminar en marzo de 2024.

En palabras de Sarah Brewerton-Palmer, presidenta de la Georgia First Amendment Foundation, el proyecto de ley en debate “básicamente bendice la práctica restrictiva que adoptó la policía de Sandy Springs”. Agregó que, de aprobarse, cualquier departamento policial del estado podría ocultar casi toda la información sobre incidentes bajo el pretexto de una investigación en curso, con la única obligación de liberar un primer informe por lo general incompleto.

Impacto potencial sobre la democracia local

Expertos legales y académicos siguen expresando preocupación sobre cómo esta medida puede debilitar la supervisión civil. La rendición de cuentas depende del escrutinio público, y medidas como esta parecen diseñadas para dificultarlo deliberadamente.

En palabras de Brewerton-Palmer: “Siempre nos ha parecido problemático que la legislatura proteja sus propios asuntos con exenciones completas a la ley. Pero ahora están tratando de ampliarlo incluso a registros que actualmente son públicos y están en poder del poder ejecutivo”.

La oposición crece y se organiza

A pesar del hermetismo en torno al origen del proyecto, diversos grupos ciudadanos, organizaciones periodísticas y legisladores opositores se han movilizado rápidamente. Grupos como la organización Common Cause Georgia, periodistas locales y nacionales, y representantes del Partido Demócrata en el Capitolio de Georgia han alzado la voz para advertir a la ciudadanía sobre lo que consideran una maniobra para blindar la impunidad y reducir la vigilancia ciudadana.

La línea entre transparencia y secretismo está en juego, y en el contexto político polarizado de Estados Unidos, medidas como esta reflejan una tendencia más amplia a restringir los canales que garantizan la participación cívica y la transparencia institucional.

¿Qué sigue?

Hasta el momento, la propuesta fue reenviada al Comité de Reglas en la Cámara, lo cual podría indicar fisuras internas incluso entre los proponentes del proyecto. No obstante, el último día del período legislativo podría traer sorpresas, y el regreso del proyecto a la Cámara para su votación aún es posible.

El debate sobre acceso a la información no es nuevo, pero la velocidad con la que podrían cambiar las reglas del juego en Georgia exige atención inmediata. Mientras los defensores del derecho a saber luchan contra un entorno político cada vez más hostil a la transparencia, la ciudadanía debe estar alerta y movilizada.

Como dijo el juez Louis Brandeis hace más de un siglo: “La luz del sol es el mejor desinfectante”. Pero si las ventanas del poder se cierran una a una, incluso esa luz podría volverse inaccesible.