¿Guerra contra la diversidad? El polémico proyecto de ley que sacude a Georgia

Un momento decisivo para Georgia

En un proceso marcado por la polémica y el secretismo, el Senado de Georgia aprobó de forma partidista el proyecto de ley HB127, el cual propone prohibir una vasta gama de iniciativas relacionadas con la diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en instituciones educativas públicas, desde escuelas primarias hasta universidades estatales. La medida aún necesita ser ratificada por la Cámara de Representantes, pero representa ya un punto de inflexión en un debate nacional que ha polarizado a Estados Unidos.

¿Qué propone exactamente el proyecto de ley?

El HB127 estipula que ninguna política o procedimiento en las instituciones educativas públicas podrá ser implementado con referencia a características como raza, color, sexo, etnicidad, origen nacional, identidad de género u orientación sexual. Además, prohíbe explícitamente la promoción de conceptos como justicia social, privilegio racial o interseccionalidad.

De aprobarse, las escuelas y universidades que no se ajusten a esta normativa podrían perder fondos estatales y federales administrados por el estado. Sin embargo, el proyecto no especifica cómo se evaluará el cumplimiento.

La inspiración detrás del texto: un patrón nacional

La propuesta en Georgia no es aislada. Es parte de una ola legislativa impulsada por grupos conservadores, como el Goldwater Institute de Arizona, que han promovido leyes similares en al menos nueve estados este año. De hecho, según un análisis publicado en marzo de 2025 usando el software Plural, al menos 16 estados ya han implementado leyes, normas o restricciones presupuestarias contra las prácticas DEI.

Iowa, por ejemplo, aprobó una ley casi idéntica en 2024, y otros estados, como Texas y Florida, han seguido caminos similares. Estas acciones responden en gran medida a una narrativa conservadora que percibe el enfoque DEI como un sistema que impone ideologías y discrimina a ciertos grupos bajo la apariencia de promover inclusión.

Las voces a favor: una cruzada contra la "discriminación inversa"

El senador estatal Max Burns (R-Sylvania), uno de los defensores más vocales del HB127, argumentó que el DEI ha perdido el rumbo y, en lugar de nivelar el campo de juego, introduce nuevas formas de discriminación.

“La educación en Georgia debe abordar conceptos que, aunque bienintencionados, resultan fundamentalmente discriminatorios en el entorno académico”, declaró Burns.

Según él, eliminar estas iniciativas aseguraría igualdad de oportunidades para todos los georgianos, eliminando lo que percibe como intervenciones gubernamentales que categorizan a los estudiantes según su identidad en lugar de su mérito individual.

Críticas encendidas: una traición al legado de los derechos civiles

Las reacciones en contra del proyecto han sido intensas, tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad civil. Activistas, académicos y estudiantes denuncian que la medida representa un retroceso en los logros alcanzados desde la época del movimiento por los derechos civiles.

Chase Pettiford, representante del capítulo estudiantil de la NAACP en Georgia Tech, subrayó en una conferencia de prensa el impacto emocional de estas políticas:

“Estamos viendo cómo nuestras instituciones, que han avanzado muchísimo en los últimos 50 años, retroceden ante nuestros ojos. Es desgarrador.”

Pettiford, que se identifica como mujer negra, explicó que los programas DEI no solo no otorgan ventajas indebidas, sino que “nos hacen sentir bienvenidos y vistos en un lugar en el que somos minoría”. Cabe destacar que solo el 8% de los estudiantes de Georgia Tech son afroamericanos.

Implicaciones confusas e incógnitas legales

Uno de los aspectos más alarmantes del HB127 es la gran ambigüedad en su redacción. No queda claro, por ejemplo, si su aplicación afectará directamente a las tres universidades públicas históricamente negras del estado: Albany State University, Fort Valley State University y Savannah State University.

Asimismo, no especifica si se permitirá financiar con fondos públicos a organizaciones estudiantiles con afiliaciones raciales o culturales como fraternidades negras históricas o asociaciones de estudiantes asiático-americanos. Tampoco hay claridad sobre si se podrán celebrar eventos de conmemoración como el Mes de la Historia Negra, ni si bibliotecarios escolares podrán hacer exhibiciones de autoras mujeres.

Ni siquiera la libertad académica parece a salvo. Un ejemplo citado frecuentemente es el caso de un estudiante en Georgia College and State University que fue requerido a compartir sus pronombres. El senador republicano Marty Harbin ha utilizado este ejemplo para justificar la necesidad de la ley, aunque este requerimiento fue parte de una dinámica pedagógica —no una política institucional.

La batalla cultural: Trump, DEI y el nuevo orden federal

Esta propuesta de ley surge como parte de una ofensiva más amplia promovida por la administración del expresidente Donald Trump, quien —tras regresar al poder— ha intensificado medidas contra las políticas DEI en diversas esferas, incluyendo agencias públicas y empresas privadas.

El mismo jueves que se discutía el HB127 en Georgia, el Departamento de Educación de su gobierno exigió que estados y distritos escolares firmaran una certificación obligatoria de cumplimiento con su interpretación de las leyes de derechos civiles federales. El que no cumpla podría perder fondos o enfrentar demandas civiles por fraude al gobierno federal.

Esta medida federal ha sido recibida con consternación por defensores de los derechos civiles que ven en estas acciones un intento sistemático por eliminar décadas de avances en lucha contra discriminaciones estructurales.

Un país dividido: reverberaciones más allá de Georgia

Georgia no es una excepción. En Carolina del Sur, otro evento revela la intensidad del debate sobre salud pública, inclusión y ciencia. El Comité de Asuntos Médicos del Senado estatal rechazó recientemente al nominado del gobernador Henry McMaster —el Dr. Edward Simmer— como director del nuevo Departamento de Salud Pública, debido a su gestión de la pandemia del COVID-19.

Simmer fue criticado por recomendar el uso de mascarillas y vacunas, lo cual fue interpretado como una continuidad de las políticas del Dr. Anthony Fauci. En palabras del senador Harvey Peeler:

“Fauci explotó. Tú fuiste alcanzado por la metralla.”

Este rechazo es considerado por muchos un castigo político a decisiones basadas en ciencia en tiempos de incertidumbre. El caso de Simmer demuestra que el rechazo actual a políticas DEI y de salud pública no solo se basa en hechos recientes, sino en una transformación general de la política republicana hacia posiciones más identitarias, nacionalistas y contrarias a cualquier indicio de progresismo cultural.

Lo que está en juego

Más allá de los titulares de prensa y las luchas partidistas, la discusión sobre el HB127 plantea una pregunta fundamental para el futuro de la sociedad estadounidense: ¿queremos instituciones educativas que reflejen la complejidad y diversidad de la ciudadanía o instituciones que busquen borrar las identidades en aras de una abstracción de igualdad?

La historia de Georgia está íntimamente ligada a la lucha por los derechos civiles. El hecho de que en su capital se debata un proyecto de ley que podría limitar la enseñanza crítica sobre raza, eliminar iniciativas de inclusión y censurar a profesores revela la profundidad de los desafíos contemporáneos. Como dijo Pettiford: “Nos quieren hacer sentir invisibles otra vez”.

Hay un riesgo real de que esta legislación inaugure una nueva era de políticas regresivas, disfrazadas de neutralidad, pero cargadas de consecuencias emocionales, pedagógicas y sociales devastadoras para millones de estudiantes, académicos y ciudadanos.