La batalla por TikTok: ¿Libertad de expresión o amenaza a la seguridad nacional?

TikTok sigue en pie, a pesar de haber sido formalmente prohibida en Estados Unidos, gracias a una decisión polémica del presidente Donald Trump que desafía lo estipulado por una ley federal, respaldada incluso por la Corte Suprema. En este artículo, ofrecemos un análisis profundo de la batalla legal, política y económica que rodea a TikTok: una aplicación que, más allá de las coreografías virales y los retos absurdos, representa el epicentro de una lucha entre libertad de expresión, intereses empresariales y preocupaciones de seguridad nacional.

Una ley que prometía dar de baja a TikTok

En enero de 2024, el Congreso de EE. UU. aprobó por abrumadora mayoría una ley que obligaba a ByteDance —el conglomerado chino propietario de TikTok— a vender la plataforma a una empresa estadounidense antes del 19 de abril de 2024. De lo contrario, TikTok sería eliminado de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, y su funcionamiento sería considerado ilegal dentro del país.

Esta ley fue avalada por la Corte Suprema de forma unánime, que determinó que la amenaza a la seguridad nacional —por el supuesto acceso del gobierno chino a los datos de usuarios estadounidenses— era más importante que las reclamaciones sobre libertad de expresión por parte de usuarios y creadores.

Trump, TikTok y un cambio de postura sorprendente

Pero apenas asumió su segundo mandato, Donald Trump emitió una orden ejecutiva para suspender la aplicación de la ley durante 75 días. La medida buscaba dar más tiempo a ByteDance para negociar una venta adecuada de TikTok en Estados Unidos.

Esto sorprendió a muchos, dado que fue el mismo Trump quien en su primer mandato intentó prohibir la app. En 2020, justificó esas acciones con argumentos similares: la necesidad de proteger los datos de ciudadanos estadounidenses de una supuesta vigilancia china. Incluso intentó forzar una venta de TikTok a Oracle, pero sin éxito.

En 2024, el discurso cambió. Durante su campaña, Trump dijo que quería "salvar TikTok", alabando su impacto entre los jóvenes y su potencial como herramienta electoral. Su decisión de suspender la ley, sin una base legal clara, ha sido interpretada por expertos como un caso claro de abuso de poder ejecutivo.

¿La seguridad nacional realmente está en riesgo?

La razón fundamental para prohibir TikTok está en sus vínculos con China, país que Estados Unidos considera un adversario estratégico. Investigaciones del FBI han señalado que la aplicación recopila datos sensibles y de gran escala —incluidos contactos, información de ubicación e incluso datos sobre personas que no usan TikTok pero están relacionadas con quienes sí lo hacen.

El juez Neil Gorsuch apuntó que esta capacidad de minería de datos permitiría a actores hostiles "rastrear ubicaciones de empleados federales y contratistas estratégicos".

Desde China, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha negado cualquier implicación, asegurando que "ninguna empresa china está obligada a compartir datos del extranjero con el gobierno". TikTok, por su parte, sostiene que almacena los datos de usuarios estadounidenses en servidores fuera de China, incluidos los de Oracle en EE. UU.

Las empresas tecnológicas atrapadas en el fuego cruzado

Oracle, Apple y Google han sido arrastradas al centro de la polémica. Inicialmente, Apple y Google se rehusaron a volver a publicar TikTok en sus tiendas, mientras que Oracle continuó brindando servicios en la nube. Sin embargo, todas las compañías terminaron por reincorporar TikTok a sus plataformas, al recibir garantías por escrito del Departamento de Justicia de Trump.

Los senadores demócratas Cory Booker, Chris Van Hollen y Ed Markey enviaron una carta al presidente advirtiendo que estas empresas podrían estar arriesgando cientos de miles de millones en sanciones futuras si una administración posterior decide cumplir la ley al pie de la letra. ¿Puede cambiarse la ley solo con una orden ejecutiva? El consenso académico es que no.

La cuestión legal: ¿una pausa ilegal?

Alan Rozenshtein, profesor asociado de derecho en la Universidad de Minnesota, señaló que la ley que prohíbe TikTok solo permite una extensión de 90 días si hay una oferta concreta de compra sobre la mesa, y si se notifica formalmente al Congreso. Nada de esto ha ocurrido aún.

"La ley no permite el tipo de 'extensión’ que Trump ha anunciado", dijo Rozenshtein. Aun así, tanto él como Sarah Kreps, directora del Instituto de Políticas Tecnológicas de Cornell, admiten que es poco probable que alguien presente una demanda.”

"¿Quién sería el demandante?", planteó Rozenshtein. "Al final, tienes a 170 millones de estadounidenses que simplemente quieren seguir usando la app... y no están enojados porque siga activa".

¿Quién podría comprar TikTok en EE. UU.?

Varios grupos han mostrado interés en adquirir TikTok y garantizar su funcionamiento dentro de los parámetros legales. Entre los postulantes:

• Oracle y Blackstone: El gigante tecnológico y el fondo de inversión han expresado interés en una adquisición parcial o total.
• Un consorcio liderado por Frank McCourt: El multimillonario busca aplicar blockchain para descentralizar el uso de datos en la plataforma. Ya ha reclutado a Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, como asesor estratégico.
• Employer.com: Su fundador Jesse Tinsley propuso una oferta de más de $30 mil millones, integrando al CEO de Roblox en el equipo negociador.

La gran pregunta es: ¿aceptará ByteDance alguna de estas propuestas? Hasta ahora, la empresa china ha declarado que prefiere ver la plataforma cerrada antes que vender bajo presión del gobierno estadounidense, algo que considera una violación del derecho internacional comercial.

Implicaciones políticas y sociales del caso TikTok

Lo que comenzó como una simple batalla sobre una app se ha transformado en una compleja disputa legal, una guerra cultural digital, y una oportunidad de oro para medir la coherencia y límites del poder presidencial.

Trump busca conservar a los usuarios jóvenes que forman parte de su base electoral emergente, pero también se arriesga a ser acusado de autoritarismo y selectividad al violar una ley federal ya aprobada.

Al mismo tiempo, se plantea un debate importante: ¿puede una herramienta tecnológica tan influyente estar bajo propiedad extranjera sin comprometer la soberanía de sus datos? ¿O estamos simplemente creando un precedente peligroso para censurar plataformas con las que no estamos de acuerdo?

Esta historia está lejos de terminar. El sábado vence la prórroga de 75 días dada por Trump. Si no hay un acuerdo de venta concreto, los litigios legales podrían reactivarse y la app podría enfrentar nuevas restricciones —o la Casa Blanca podría, una vez más, reinventar las reglas del juego.