Errores que cuestan vidas: el caso de Kilmar Abrego Garcia y el endurecimiento migratorio en EE.UU.

Por años, Kilmar Abrego Garcia trabajó, vivió y construyó una familia en Maryland. Hoy, su hijo autista busca consuelo en sus camisas, y su esposa clama por justicia.

La deportación equivocada que nadie quiere corregir

El 12 de marzo de 2024, Kilmar Abrego Garcia, un aprendiz de hojalatero de 29 años, fue arrestado en un estacionamiento de Ikea con su hijo autista de cinco años en el automóvil. A pesar de haber recibido en 2019 una protección judicial contra deportación a El Salvador —debido al riesgo real de persecución por pandillas— fue deportado erróneamente a dicho país, donde fue encarcelado en una prisión notoriamente violenta.

La administración actual reconoció más tarde que se trató de un “error administrativo”. No obstante, se ha negado a rectificarlo, alegando, sin pruebas, supuestos vínculos con la pandilla MS-13. Mientras tanto, su esposa, Jennifer Vasquez Sura, y sus tres hijos —uno biológico y dos de una relación anterior— continúan viviendo con la ausencia traumática de Kilmar.

Una familia rota por el sistema

Vasquez Sura describió en documentos ante la corte cómo el hijo autista de la pareja no ha dejado de buscar consuelo en las camisas de trabajo de su padre, oliéndolas y llorando, incapaz de verbalizar su pérdida. "Aunque no puede hablar, me muestra cuánto extraña a Kilmar", escribió.

El trauma que sufre esta familia es uno de muchos ejemplos del alto costo de las políticas migratorias imprecisas, muchas veces alimentadas por prejuicios y no por hechos.

¿Criminalización sin pruebas?

Desde su llegada a EE. UU. alrededor de 2011 escapando de la violencia en El Salvador, Abrego Garcia había vivido una vida de trabajo. Fue arrestado inicialmente acusado de tener afiliación a pandillas. Sin embargo, su abogado presentó documentación extensiva refutando dichas acusaciones. Así, mientras se le denegó el asilo, se le reconoció protección contra la deportación precisamente porque un juez encontró que su vida estaba en peligro de volver a El Salvador.

Aun así, sin que ICE apelara el fallo, Abrego fue repentinamente deportado —años después— en lo que el gobierno denominó un “error” pero defendió con acusaciones sin fundamento.

Un error que no se quiere remediar

El gobernador de Maryland, el demócrata Wes Moore, resumió la indignación pública al declarar: “Es indignante que el debido proceso no signifique nada para la administración federal. Han admitido haber cometido un error y los insto a corregirlo”.

Moore agregó: “Podemos ser proseguridad pública y pro-Constitución al mismo tiempo”. Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que no tiene facultades para solicitar su regreso a El Salvador, a pesar de ser responsable de su deportación equivocada.

Política migratoria: ¿seguridad o racismo institucionalizado?

Mientras tanto, en Texas, el Senado estatal aprobó el controversial proyecto de ley SB 8, que obligaría a muchos alguaciles a colaborar directamente con ICE bajo el programa 287(g), una herramienta que permite a agentes locales actuar como autoridades de inmigración.

Este movimiento responde al creciente impulso dentro del ala republicana para endurecer la persecución contra migrantes indocumentados —aunque muchas veces sin distinción clara entre el crimen y el estatus migratorio. Según el vicegobernador republicano Dan Patrick, el SB 8 fue prioridad incluso antes de ser presentado.

El programa 287(g) y su legado de discriminación

El programa 287(g) ha sido criticado ampliamente. En casos como el del exalguacil de Arizona, Joe Arpaio, derivó en operativos de perfilamiento racial extremo contra latinos. En 2011, un juez federal determinó que los agentes de Arpaio discriminaban a hispanos basándose solo en su apariencia física al aplicar leyes migratorias.

Arpaio fue más tarde condenado por desacato criminal en 2017 por desobedecer una orden judicial anterior, y finalmente fue indultado por el expresidente Donald Trump. Desde entonces, la Oficina del Sheriff de Maricopa fue despojada de su autoridad para aplicar leyes migratorias.

Hoy, Texas, el estado con la mayor participación en 287(g), busca expandir aún más este modelo mediante incentivos financieros ($20 millones en fondos de subsidio) y amenazas legales por parte del Fiscal General contra quienes no cooperen.

¿Seguridad o inseguridad jurídica?

Defensores del proyecto, como el senador Charles Schwertner, afirmaron que 287(g) busca «identificar criminalidad, no nacionalidad». Sin embargo, numerosas organizaciones y senadores demócratas alertan sobre violaciones sistemáticas de derechos civiles bajo este programa.

El mensaje que se envía es preocupante: las personas sin ciudadanía parecen no tener acceso a un debido proceso equitativo, como lo demuestra la historia de Kilmar Abrego.

Las consecuencias humanas del error

Más que un error administrativo, la deportación de Kilmar es el reflejo de un sistema migratorio donde los derechos individuales y la justicia pierden fuerza ante la narrativa dominante de “seguridad nacional”. Irónicamente, al intentar asegurar supuestamente al país, se siembra inseguridad jurídica y se rompe con uno de los fundamentos del sistema estadounidense: la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso.

Casos como el de Kilmar Abrego deben servir como punto de inflexión. Como ciudadanos, legisladores, y seres humanos, tenemos la responsabilidad de preguntar: ¿es aceptable que un error burocrático condene a una persona a la violencia o a la muerte, y que el sistema no haga nada por corregirlo?

¿Cuántos niños más deben dormir abrazando una camisa perfumada con el olor de un padre desaparecido?

Este artículo es un comentario editorial sobre las políticas migratorias actuales en Estados Unidos y sus consecuencias humanas irreparables. Las declaraciones de funcionarios y documentos legales están citadas de registros públicos y reportes judiciales.