Crisis en EE.UU.: ¿Puede la política poner en riesgo programas públicos vitales?

Política en la Seguridad Social: ¿Vendetta o mala gestión?

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se vio envuelta en un escándalo político cuando su comisionado interino, Leland Dudek, emitió una orden que exigía a los padres de Maine registrar a sus recién nacidos personalmente en oficinas federales, eliminando la posibilidad de hacerlo desde hospitales. Esta práctica, conocida como Enumeration at Birth (EAB), ha estado vigente durante décadas en pro de la eficiencia y la prevención del robo de identidad.

La orden de Dudek fue rescindida rápidamente, pero el daño estaba hecho. Correos electrónicos revelaron que su motivación fue represalia política contra la gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, quien desafió al expresidente Donald Trump al oponerse a su orden ejecutiva que prohibía a atletas transgénero participar en deportes femeninos. Dudek escribió en un correo electrónico interno: “No se le dará dinero del fideicomiso público a un niño petulante”.

Reacciones inmediatas e indignación política

La respuesta de representantes demócratas fue contundente. La congresista Chellie Pingree exigió la renuncia inmediata de Dudek, llamando su actuación una traición fundamental a la confianza pública. Por su parte, Mills afirmó que la Seguridad Social es un pacto solemne entre el gobierno y los ciudadanos, especialmente relevante en Maine, que tiene una de las poblaciones más envejecidas del país.

Gerry Connolly, demócrata de Virginia y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara, también pidió la dimisión de Dudek y exigió que se investigaran sus actos. Subrayó la sospechosa proximidad temporal entre la amenaza pública de Trump el 21 de febrero de 2025 y la orden de cancelación de los contratos de EAB en Maine el 27 de febrero.

En su defensa, Dudek declaró que era nuevo en el cargo y que simplemente interpretó de manera errónea el contenido del contrato conmaine. Sin embargo, también reconoció estar molesto por el comportamiento de Mills, debilitando su propio argumento de neutralidad política.

Un país sin datos: el caso del sondeo sobre drogas

Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) anunció los despidos de los 17 miembros del equipo encargado de uno de los pilares en la recolección de datos sobre salud pública: la National Survey on Drug Use and Health (NSDUH). Este sondeo recoge datos de alrededor de 70,000 personas al año y es vital para orientar políticas públicas, conceder fondos y entender tendencias de salud mental y consumo de sustancias.

Jennifer Hoenig, exdirectora de la Oficina de Encuestas Poblacionales, advirtió que los datos de 2024, los primeros íntegros desde la pandemia, podrían quedarse sin ser analizados. Lindsey Vuolo, del grupo Partnership to End Addiction, añadió: “Usamos estos datos casi a diario para investigación, educación y programación”.

En los últimos años, este sondeo ha arrojado datos reveladores:

• En 2023, 7 de cada 10 adolescentes no consumieron sustancias ilícitas ni alcohol.
• Los hombres de más de 60 años fueron más propensos a tener trastornos por uso de sustancias, mientras que las mujeres en ese grupo sufrieron más episodios depresivos mayores.
• Jóvenes LGB fueron el doble de propensos que sus pares heterosexuales a sufrir trastornos por uso de sustancias.
• El uso de cannabis entre adultos casi se duplicó en las últimas dos décadas (de 11% en 2002 a 21,9% en 2022).

La desaparición de este equipo amenaza con dejar a la nación sin datos cruciales para enfrentar crisis como la epidemia de opioides, la depresión juvenil o la violencia doméstica influida por adicciones.

¿Desmantelamiento sistemático del Estado social?

Las decisiones recientes en la SSA y el HHS revelan una tendencia preocupante: componentes esenciales del bienestar público podrían estar siendo manipulados políticamente o simplemente desmantelados por falta de interés en su preservación.

La amenaza de represalias políticas, como la sufrida por Maine, y los despidos masivos de expertos clave en políticas de salud pública son señales de erosión institucional. Tal erosión, de continuar, podría comprometer tanto la ejecución de programas sociales como la producción de evidencia empírica sobre la cual se deberían basar las decisiones de gobierno.

La instrumentalización de las agencias públicas

La instrumentalización de agencias como la SSA para fines partidistas pone en cuestión la separación entre política y gestión pública. Lo mismo ocurre con la restructuración que pone en riesgo informes vitales, como es el caso del NSDUH bajo el plan de reforma de la Administration for a Healthy America impulsado por el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

“En la resolución de cualquier problema de salud pública, los datos son esenciales”, afirmó Andrew Kessler, de Slingshot Solutions. La supresión de estas funciones técnicas lejos está de lograr eficiencia gubernamental y, muy por el contrario, puede derivar en errores sistemáticos cuya corrección será costosa y lenta —si es que llega a materializarse.

En un país donde cada año mueren más de 100,000 personas por sobredosis según datos de los CDC, eliminar datos fiables acerca del consumo de drogas es poco menos que inadmisible. Del mismo modo, entorpecer el acceso a números de Seguro Social desde el nacimiento puede tener consecuencias nefastas en la protección contra el robo de identidad y el acceso a servicios.

Un llamado urgente a la rendición de cuentas

Estos sucesos han movilizado a diversos sectores políticos —en su mayoría demócratas— a exigir responsabilidades. No sólo de Dudek, sino del conjunto del aparato que permite estos atropellos. Pero también hay un silencio inquietante del lado republicano que, en muchos casos, parece restarle importancia a estos hechos o incluso apoyarlos silenciosamente.

La pregunta que queda en el aire es contundente: ¿qué queda del sistema de pesos y contrapesos si los funcionarios pueden tomar decisiones arbitrarias sin consecuencias inmediatas?

La confianza del público en sus instituciones depende, en gran medida, de que existan normas claras y aplicables para impedir el uso partidista de funciones administrativas. El futuro del contrato social en EE.UU. podría estar en juego si esta tendencia no se revierte con acciones firmes.