¿Cambio legislativo o expropiación encubierta? India y la reforma del waqf bajo la lupa
La inclusión de no musulmanes en las juntas de administración de bienes religiosos islámicos ha desatado un intenso debate sobre derechos de las minorías, patrimonio histórico y el avance del nacionalismo hindú
La madrugada del jueves, el Parlamento de India aprobó en la Cámara Baja una controvertida propuesta de ley impulsada por el gobierno del primer ministro Narendra Modi, cuyo partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), es ampliamente identificado con una agenda nacionalista hindú. La reforma —un cambio a la ley que regula las fundaciones religiosas islámicas conocidas como waqf— tiene el potencial de modificar profundamente la forma en que se administran estos terrenos, desempolvando tensiones históricas y reavivando temores sobre una erosión sistemática de los derechos de la minoría musulmana.
¿Qué es un waqf y por qué importa tanto?
En el contexto islámico, un waqf (plural awqaf) es una fundación caritativa a la que un individuo destina bienes, por lo general terrenos o propiedades, con fines religiosos o benéficos. En India, esto ha significado desde mezquitas hasta cementerios, hospicios para huérfanos o escuelas religiosas. De hecho, se estima que existen:
- 872,000 propiedades pertenecientes a waqfs,
- cubriendo 405,000 hectáreas,
- valoradas colectivamente en unos $14.220 millones de dólares (según cifras oficiales).
Muchos de estos awqaf datan de siglos, y varios carecen de títulos de propiedad modernos, lo que los vuelve vulnerables a usurpaciones, disputas judiciales y reclamos por parte de actores políticos o religiosos.
La enmienda legislativa: ¿transparencia o intervención encubierta?
El proyecto de ley aprobado pretende modificar una legislación clave de 1995 sobre la administración de waqfs. Entre sus cambios más significativos se encuentran:
- La incorporación de personas no musulmanas a los órganos de dirección de las juntas waqf estatales.
- La obligación de estas juntas a someter los títulos de propiedad al aval de funcionarios distritales (no especializados en derecho islámico).
El argumento oficial es que se busca luchar contra la corrupción, fomentar la transparencia e incentivar la diversidad en la administración de estos bienes públicos. El Ministro del Interior, Amit Shah, afirmó que estos nuevos integrantes no intervendrían en temas religiosos sino que supervisarían la legalidad y objetivos de las actividades caritativas.
“Los miembros [no musulmanes] monitorearán si la administración está funcionando conforme a la ley y si las donaciones se usan para lo que fueron destinadas”, señalaba Shah en su discurso.
¿Un caballo de Troya contra las minorías musulmanas?
Varias organizaciones musulmanas y partidos de oposición, liderados por el Congreso Nacional, rechazaron de forma tajante el proyecto. Para muchos, la medida no es neutra:
“El proyecto de ley de Enmienda al Waqf es un arma para marginar a los musulmanes y usurpar sus derechos patrimoniales y religiosos”, expresó el líder opositor Rahul Gandhi.
Los temores se centran en que esta reforma sea utilizada para confiscar mezquitas, santuarios y cementerios que carecen de registros legales actualizados. La historia de India está marcada por conflictos interreligiosos, y recientemente grupos hindúes radicales han presentado demandas para reclamar que ciertas mezquitas se construyeron sobre antiguos templos hindúes.
El nuevo sistema exigiría que los waqfs justifiquen legalmente sus derechos sobre terrenos, algo difícil de hacer cuando se trata de herencias patrimoniales transmitidas oralmente o por costumbre religiosa ancestral.
Contexto político y social: el auge del nacionalismo hindú
Bajo el mandato de Modi, suerte de figura mesiánica para buena parte de la mayoría hindú, diversos analistas e instituciones internacionales han señalado un crecimiento de tensiones religiosas y un retroceso en las libertades civiles.
La Comisión para la Libertad Religiosa de EE.UU., por ejemplo, señaló en 2024 que la situación en India se estaba deteriorando, acusando al gobierno de propagar odio y desinformación contra musulmanes en plena campaña electoral.
Los musulmanes constituyen aproximadamente un 14% de la población india (alrededor de 200 millones de personas), siendo la minoría más numerosa, pero también la más marginada en términos económicos, como lo reveló un estudio gubernamental de 2013.
Los ataques han ido desde linchamientos por supuesto consumo de carne de vaca hasta persecuciones por matrimonios interreligiosos bajo la etiqueta de “jihad romántico”. A esto se suma la eliminación en 2019 del estatus especial de Cachemira, el único estado de mayoría musulmana completo dentro del país, lo que muchos vieron como otro paso en una campaña de asimilación forzada.
¿Una amenaza también para otras religiones?
Varios derechos individuales y principios constitucionales podrían estar en entredicho. Rahul Gandhi advirtió que la medida no solo atenta contra la comunidad musulmana:
“Este proyecto crea un precedente para atacar mañana a otras comunidades religiosas. Si hoy se permite intervenir en las instituciones musulmanas, ¿por qué no mañana las cristianas, sijs o incluso hindúes disidentes?”, advirtió el parlamentario.
En India, existen organismos similares de administración religiosa para otras comunidades, como los Mutts hindúes o los gurudwaras sijs. Hasta ahora, ninguna junta no musulmana ha sido forzada legalmente a incluir representantes de otras religiones en sus consejos administrativos.
Waqfs en cifras: un mapa del poder espiritual y económico
La red de propiedades waqf es vasta, con entidades presentes en todos los estados y territorios federales. Algunas cifras reveladoras:
- El Consejo Central de Waqf afirma que una baja en la actualización de registros ha facilitado apropiaciones indebidas por parte de gobiernos estatales.
- En Nueva Delhi, más de 800 propiedades waqf han sido objeto de litigio judicial en las últimas dos décadas.
- En Maharashtra, según un informe interno, casi el 70% de los inmuebles waqf están “ocupados informalmente”.
Por ese motivo, incluso dentro de sectores musulmanes más progresistas, existe cierto reconocimiento de que los sistemas actuales muestran signos de ineficiencia, corrupción e inacción. Aun así, consideran que la solución no reside en diluir sus órganos internos sino en fortalecerlos desde dentro.
¿Legalidad vs. legitimidad? El dilema jurídico
Con la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto de ley pasará ahora a consideración en la Cámara Alta. Si recibe la mayoría simple y la firma presidencial, se convertirá en ley.
Grupos defensores de derechos humanos ya barajan alternativas judiciales, como elevar recursos ante la Corte Suprema por considerar que:
- Viola los artículos 25 y 26 de la Constitución sobre libertad religiosa.
- Afecta el derecho de las minorías a establecer y administrar sus propias instituciones religiosas.
Pero los expertos advierten que incluso una paralización legal no revertiría de inmediato daños estructurales, como la incertidumbre sobre la tenencia de tierras o la politización de los consejos religiosos.
¿Un avance técnico o una bomba de tiempo comunal?
India se encuentra en una encrucijada. El nacionalismo religioso, alimentado por un gobierno con ambiciones hegemónicas, ha remodelado el paisaje sociopolítico del país, y este proyecto de ley puede ser un punto de inflexión.
Desde fuera, la aprobación puede lucir como un tecnicismo administrativo. Sin embargo, para los musulmanes indios —que ya enfrentan el peso de la sospecha y la discriminación cotidiana—, esta reforma significa un recordatorio más de que sus espacios sagrados también son ahora campos de batalla en una guerra cultural sin tregua.