La guerra de Trump contra la salud reproductiva y la diversidad: ¿una cruzada puritana o estrategia política?

Por años, Donald Trump ha construido su identidad política sobre un discurso duro contra la inmigración, el progresismo social, y todo lo que huela a "corrección política". Ahora, en plena antesala de las elecciones presidenciales de 2024, redobla su ofensiva contra los derechos reproductivos y la diversidad, utilizando el aparato federal para imponer una agenda ultraconservadora que pone en jaque servicios esenciales para millones de estadounidenses.

La congelación de fondos del Título X: un golpe bajo a la salud pública

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) anunció este mes la congelación de 27,5 millones de dólares destinados a organizaciones que prestan servicios de planificación familiar, anticoncepción, exámenes de cáncer y pruebas de infecciones de transmisión sexual. Al menos 16 organizaciones, incluyendo 11 filiales de la Federación Americana de Planned Parenthood y todos los receptores del Título X en siete estados, vieron suspendidos sus fondos mientras se lleva a cabo una investigación sobre su cumplimiento con ciertas leyes federales.

¿El motivo? Aunque no se ha especificado con claridad, se habla de posibles violaciones a regulaciones sobre derechos civiles. Esto se alinea con una serie de órdenes ejecutivas emitidas por Trump que apuntan contra programas que consideran la raza, el género u otras categorías de identidad como factores en sus operaciones.

Un ataque directo al acceso médico para los más vulnerables

"Sabemos qué pasa cuando los proveedores de salud no pueden acceder a los fondos del Título X", afirmó Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund. Cánceres se quedan sin detectar, el acceso a anticonceptivos se reduce drásticamente y la crisis nacional de ITS se agrava.

De hecho, organizaciones en estados como California, Maine, Missouri, Montana, Hawái, Mississippi y Utah confirmaron haber recibido la notificación. En muchos de ellos, como en Mississippi, donde está prohibido el aborto sin excepciones, estos fondos representan el único acceso de muchas mujeres a servicios básicos de salud reproductiva.

George Hill, presidente y director ejecutivo de Maine Family Planning, expresó: "La decisión pone en riesgo el acceso a servicios críticos de salud para miles de habitantes". En Missouri, el Missouri Family Health Council también fue afectado, lo que implica un golpe directo a clínicas en Missouri, Oklahoma y Kansas.

Los motivos políticos detrás del castigo a Planned Parenthood

El conflicto se enmarca en una vieja agenda del Partido Republicano, que ha criticado por años el financiamiento de Planned Parenthood bajo el argumento de que dicha organización realiza abortos, aunque los fondos federales no pueden destinarse a abortos bajo la ley estadounidense desde 1977 (Enmienda Hyde).

Sin embargo, Planned Parenthood proporciona una enorme cantidad de servicios médicos más allá del aborto:

• Más de 2.4 millones de personas atendidas anualmente
• 75% de sus pacientes tienen ingresos menores a 150% del nivel de pobreza federal
• 580,000 exámenes de cáncer al año
• Más de 4.2 millones de pruebas para ITS, incluyendo VIH
• Prescripción de anticonceptivos a más de 1.8 millones de personas

Emily Wales, presidenta de Planned Parenthood Great Plains, fue contundente: "Quieren cerrar nuestros centros de salud para complacer a sus patrocinadores antiaborto, incluso si eso significa quitar el acceso a anticonceptivos, pruebas de cáncer y tratamiento de ITS a gente de bajos recursos".

La purga ideológica alcanza a los bufetes de abogados

Mientras arremete contra la salud reproductiva, Trump también ha comenzado a ejercer presión sobre las firmas legales más influyentes del país. Esta semana, Willkie Farr & Gallagher acordó brindar 100 millones de dólares en servicios legales gratuitos a causas como los veteranos y el combate al antisemitismo para evitar una orden ejecutiva del Ejecutivo.

¿La condición? Que la firma desista del uso de criterios de diversidad, equidad e inclusión en sus procesos de contratación, y que no niegue representación legal "por las opiniones políticas personales de sus abogados".

La movida sigue una serie de acuerdos similares con otros gigantes legales, como Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom y Paul Weiss, bajo amenaza de revocar autorizaciones de seguridad, acceso a contratos federales y hasta la entrada a edificios gubernamentales.

Internamente, Doug Emhoff —esposo de la candidata presidencial Kamala Harris y abogado de Willkie— se opuso firmemente al pacto. Pero el liderazgo de la firma consideró que las condiciones "se alineaban con sus prácticas habituales" y optaron por ceder para evitar las sanciones.

Un activista bajo arresto ejemplar: el caso Mahmoud Khalil

El caso del estudiante Mahmoud Khalil, arrestado por participar en protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, se ha convertido en el ejemplo vivo de la nueva doctrina Trumpiana: castigar políticamente mediante medios legales.

Khalil fue detenido el 8 de marzo y trasladado inmediatamente a un centro de detención en Jena, Luisiana, a miles de kilómetros de su familia y su abogado. El Departamento de Justicia intentó que el caso se juzgara en Luisiana, donde la Corte de Apelaciones es una de las más conservadoras del país.

Sin embargo, el juez federal Michael Farbiarz dictaminó que el caso debe quedarse en Nueva Jersey, donde Khalil fue originalmente detenido. Según el juez, el intento del gobierno por mover la jurisdicción fue "poco persuasivo" y sugerente de una maniobra política.

"Están trasladando el cuerpo como en un proceso kafkiano", dijo su defensor Baher Azmy. Su esposa, ciudadana estadounidense, está embarazada y próxima a dar a luz.

Una estrategia electoral sobre los cuerpos

Lo que sucede no es una coincidencia aislada, sino parte de una estrategia calculada para movilizar el voto conservador cristiano blanco. Al atacar a Planned Parenthood, encerrar estudiantes activistas, y presionar bufetes de abogados, Trump despliega una cruzada política que utiliza los aparatos del Estado como herramienta de ideología.

La narrativa es clara: en su lema de “Make America Great Again”, Trump apuesta por una versión nostálgica y excluyente de Estados Unidos, donde las mujeres, minorías y progresistas retroceden décadas en derechos y representación.

Y en pleno 2024, con los tribunales repletos de jueces designados durante su mandato, la administración juega sus cartas en ámbitos donde el poder ejecutivo se entrelaza con el judicial y hace palanca con represalias económicas.

¿Qué está en juego?

De fondo, la situación pone en relieve una cuestión crítica: ¿Hasta qué punto puede usarse el poder federal para condicionar derechos individuales y de salud al alineamiento político o ideológico?

Si el Estado puede congelar fondos para control de natalidad o salud pública por razones políticas, o condicionar el accionar de firmas legales mediante presiones regulatorias, ¿dónde queda la neutralidad institucional de la democracia?

Lo que está en juego no solo es la salud de millones de mujeres y hombres con escasos recursos, sino también el principio de separación entre ideología política y prestación de servicios básicos.

Y ese es un frente de batalla que no solo se libra en las urnas, sino también en los tribunales, en las clínicas de barrio y en las aulas universitarias.