Georgia y el dilema de la seguridad escolar: ¿protección real o vigilancia excesiva?

Georgia ha aprobado una controvertida ley de seguridad escolar en respuesta al mortal tiroteo en Apalachee High School ocurrido en septiembre de 2024. Si bien legisladores afirman que la ley busca mejorar la seguridad, críticos de diversas corrientes políticas alertan sobre los riesgos a la privacidad, el debido proceso legal y la posible criminalización de menores.

¿Qué pasó en Apalachee High School?

En septiembre de 2024, Colt Gray, un alumno de 14 años, fue acusado de asesinar a dos estudiantes y dos docentes en Apalachee High School, en Winder, Georgia. El caso estremeció a la comunidad local y puso en evidencia fallos sistémicos en la comunicación entre agencias escolares, policiales y de salud mental.

Según las investigaciones, Gray ya había sido entrevistado por un sheriff en el condado de Jackson en mayo, tras recibir información del FBI indicando que el adolescente podría estar planeando un tiroteo escolar. Sin embargo, esta advertencia nunca llegó a las autoridades educativas del distrito de Barrow, en el cual Gray estaba inscrito como estudiante de primer año de secundaria.

La respuesta legislativa: House Bill 268

Tras la tragedia, la Asamblea Legislativa de Georgia aprobó el House Bill 268, una ley que propone importantes cambios al sistema de seguridad escolar estatal. El promotor del proyecto, el republicano Holt Persinger, afirmó: “Después de lo ocurrido en Apalachee, esta Cámara se comprometió con una legislación para fortalecer la seguridad, mejorar la comunicación entre escuelas y proporcionar recursos críticos de salud mental”.

¿Qué contempla la ley?

Si bien se descartó la creación de una base de datos centralizada —rechazada fuertemente por defensores de derechos civiles—, la ley aún incluye elementos ampliamente debatidos:

• Establecimiento de un sistema estatal de alerta, gestionado por la Agencia de Seguridad Nacional de Georgia (GEMA), que contendría los nombres de estudiantes acusados de amenazas o actos de violencia.
• Creación de criterios para eliminar nombres del sistema y control de acceso exclusivo para personal seleccionado de escuelas.
• Exigencia a las agencias de policía de notificar a los colegios de cualquier amenaza hecha por estudiantes.
• Requisitos para la transferencia rápida de registros académicos cuando un alumno cambia de escuela.
• Asignación de puestos de salud mental en los 180 distritos escolares del estado.
• Implementación de un sistema anónimo de denuncias a nivel estatal.
• Distribución de botones de pánico portátiles para docentes y personal educativo.
• Condición predeterminada para procesar como adultos a los jóvenes de 13 a 16 años acusados de actos terroristas, agresiones con armas o intentos de asesinato dentro de escuelas.

El fantasma de la vigilancia masiva

Aunque los legisladores republicanos aseguran que la versión final de la ley elimina los elementos más polémicos del plan original —como la base de datos permanente en GEMA—, organizaciones defensoras de las libertades civiles, incluyendo la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), han manifestado su preocupación.

“Los componentes que sobreviven en la ley siguen permitiendo la creación de listas de estudiantes en base a acusaciones y no hechos comprobados, sin garantía de debido proceso”, dijo un portavoz de la ACLU de Georgia.

Esta preocupación es compartida por padres, educadores e incluso algunos legisladores conservadores, quienes alertan sobre un uso desproporcionado del aparato estatal para vigilar a menores, y sobre el riesgo de discriminar tanto a estudiantes de color como a aquellos con condiciones mentales.

¿Protección o criminalización de menores?

Uno de los puntos más controvertidos de la ley es precisamente el que contempla que los adolescentes entre 13 y 16 años puedan ser procesados automáticamente como adultos si cometen ciertos delitos de violencia dentro de escuelas.

Estudios han demostrado que los menores procesados como adultos tienen más probabilidades de reincidir y de sufrir daño psicológico. Según el Instituto de Justicia Juvenil, los adolescentes enviados a cárceles para adultos tienen cinco veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual.

“La respuesta al trauma no puede ser más trauma. No podemos responder a la tragedia de Apalachee con una política que intensifica la criminalización de los niños”, opinó la senadora demócrata Tonya Anderson.

El desequilibrio presupuestal

La implementación de esta amplia reforma dependerá de la financiación estatal. La Cámara propuso $25 millones en el nuevo presupuesto con inicio en julio de 2024, pero el Senado bloqueó esos fondos. Por ahora, la aplicación dependerá de lo que acuerden ambas cámaras.

Esto genera incertidumbre. Por ejemplo, sin fondos adecuados no sería posible contratar coordinadores de salud mental ni implementar botones de pánico o sistemas de alerta.

Voces desde las escuelas

La comunidad escolar está dividida. Algunos directores celebran tener más herramientas para la seguridad. Otros temen que se impongan cargas adicionales sin recursos, o que se fomente un ambiente de vigilancia.

Un director del condado de Fulton comentó bajo anonimato: “Nos piden hacer de psicólogos, sanitarios y ahora oficiales de inteligencia. Necesitamos ayuda real, no solo legislación punitiva”.

También preocupa que el sistema de alertas —incluso sin la base de datos original— marque para siempre a estudiantes con historial de conflictos, dificultando su reintegración social o académica.

La implicación nacional

La legislación de Georgia se inscribe dentro de un contexto nacional cada vez más polarizado en torno al control de armas, la seguridad escolar y los derechos individuales. Estados como Texas, Florida y Arizona han adoptado medidas similares, con distintos grados de éxito y crítica.

Tras la masacre de Uvalde, Texas implementó sistemas de policía escolar armada. En Florida, bajo la administración DeSantis, se autorizó a ciertos docentes a portar armas. Ambos modelos han generado polémica y resultados mixtos.

Expertos en políticas públicas recuerdan que el enfoque más efectivo combina prevención, apoyo psicológico y participación familiar, más que vigilancia y castigos.

La importancia del equilibrio

Los padres tienen derecho a saber que sus hijos están seguros en la escuela. Pero también los niños tienen derecho a ir a la escuela sin sentir que están siendo vigilados como sospechosos potenciales.

Cuando el miedo guía la legislación, se corre el riesgo de crear políticas de “mano dura” que no abordan las raíces del problema: el abandono emocional, la salud mental desatendida y el fácil acceso a armas de fuego.

Georgia está ante una encrucijada. Puede convertirse en un modelo de prevención inteligente e inclusiva, o en un experimento fallido de criminalización temprana disfrazada de seguridad escolar.

La historia juzgará.