Trump contra la energía limpia y la protección financiera: ¿una cruzada ideológica o una estrategia política?

La administración de Donald Trump ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica al intentar desmantelar tanto la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) como varios proyectos clave de energía limpia. Entre despidos masivos, cancelación de subvenciones multimillonarias e intentos de minimizar el rol de agencias creadas para proteger tanto al consumidor como al planeta, muchos se preguntan: ¿es esta una cruzada ideológica o una calculada estrategia política?

Una ofensiva contra la CFPB: el ataque a los derechos del consumidor

La CPFB fue creada en 2010 como resultado de la Ley Dodd-Frank tras la crisis financiera de 2008 bajo la administración de Barack Obama. Desde entonces ha sido un pilar en la protección de consumidores frente a prácticas bancarias abusivas, fraudes financieros y explotación en el sector de préstamos estudiantiles. Hasta la fecha, ha devuelto más de $12 mil millones de dólares a aproximadamente 29 millones de consumidores, según datos de la propia agencia.

En un reciente acontecimiento, la jueza federal Amy Berman Jackson bloqueó temporalmente el intento del gobierno de Trump de eliminar la CFPB. “El tribunal puede y debe actuar para salvar a esta agencia antes de que sea completamente desmantelada”, dictaminó Jackson, refiriéndose a la urgencia de impedir que se consumara una acción de facto antes del veredicto legal.

Esta decisión judicial surgió tras testimonios internos que revelaron cómo se ordenó a empleados federales cesar sus funciones, cesando contrataciones por $100 millones y comenzado el despido de 70 trabajadores, todo mientras la agencia entraba en lo que se describió como “modo de liquidación”. La Unión Nacional de Empleados del Tesoro, que representa a más de 1,000 trabajadores de la CFPB, demandó al gobierno para detener estos despidos masivos, argumentando que violan la Constitución y los estatutos aprobados por el Congreso.

Trump y su cruzada anti-energía limpia

Por si fuera poco, la administración Trump también ha puesto en la mira al sector de energía renovable. Dos importantes subvenciones fueron eliminadas por el Departamento de Energía (DOE), como parte de una lista de aproximadamente 300 proyectos bajo revisión crítica. Los beneficiarios, incluida la reconocida organización sin ánimo de lucro RMI, fueron notificados de la cancelación de fondos dirigidos a programas como la modernización de edificios de ingresos bajos y la investigación de modelos de negocio para compartir vehículos eléctricos en zonas urbanas.

La ofensiva se alinea con el eslogan de Trump: “drill, baby, drill” (taladra, nena, taladra), promoviendo el desarrollo acelerado de combustibles fósiles. Esto contrasta radicalmente con la trayectoria establecida por Joe Biden, quien se enfocó en transitar hacia una economía verde, asegurando subvenciones para renovables y promoviendo proyectos de viento marino como alternativas energéticas.

Un informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable señala que el 92.5% de la energía eléctrica instalada en 2023 provino de fuentes renovables. China representó un apabullante 64% de esa capacidad, demostrando que el mundo sí avanza hacia un futuro más limpio.... pero Estados Unidos podría estar quedándose atrás.

¿Ideología, impulso populista o presión industrial?

Lo que vincula ambas ofensivas, contra el CFPB y la energía limpia, es un desprecio sistemático por instituciones con objetivos protegidos por ley. ¿Cuál es la lógica detrás? Muchos la atribuyen a la ideología del “peso mínimo del Estado”, donde las regulaciones son vistas como obstáculos para los negocios. Otros, sin embargo, la interpretan como un intento deliberado de satisfacer a los lobbies de la banca y los combustibles fósiles que han sostenido la carrera política de Trump.

Además, estas decisiones van de la mano con la mayor volatilidad económica desde comienzos de siglo. En una semana en que la inflación elevada y el temor a una nueva recesión golpearon Wall Street, el Nasdaq cayó un 2.7%, y el S&P 500 bajó un 2%. La pérdida de confianza de los consumidores, precisamente aquellos que la CFPB busca proteger, es uno de los factores detrás de estas caídas.

Incluso empresas como Lululemon Athletica advirtieron una disminución en la tasa de crecimiento de sus ingresos, en parte por el temor de los consumidores a gastar ante un futuro económico incierto. La recesión climática también afecta el mercado: al ralentizar o eliminar proyectos verdes, se pierden oportunidades de empleo, desarrollo tecnológico y ventajas competitivas frente a potencias como China o la Unión Europea.

Reacciones desde el Congreso: indignación y advertencias

La congresista demócrata Marcy Kaptur, líder de la subcomisión de apropiaciones de energía en la Cámara, ha sido clara: “Suspender proyectos de energía limpia incrementará los costos para las familias y empresas”. Añadió que el Departamento de Energía está obligado legalmente a implementar los presupuestos aprobados por el Congreso y no puede actuar de forma unilateral.

RMI, que opera desde 1982 con proyectos tanto bajo gobiernos demócratas como republicanos, advirtió que cancelar estas iniciativas no solo frena el progreso ecológico, sino que pone en peligro metas como la creación de empleos, la reducción de costos energéticos y el fortalecimiento de comunidades resilientes.

Una Corte que resiste

La batalla no está del todo perdida. La misma Corte Federal ha comenzado a emitir decisiones alineadas con preservar la legalidad y el equilibrio institucional. El bloqueo temporal al desmantelamiento de la CFPB y el freno al fin del programa de subsidios climáticos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) son señales de que el sistema judicial aún puede servir como contrapeso al poder ejecutivo.

Sin embargo, a medida que el calendario electoral se aproxima, muchas de estas resoluciones podrían volverse temas clave en campañas políticas. Lo que está en juego no solo es la existencia de organismos protectores, sino la orientación ecológica, económica y ética de Estados Unidos.

Reflexión final (sin conclusión)

¿Puede una agenda que ignora alertas científicas, vulnera derechos establecidos y sabotea proyectos de interés nacional sobrevivir a largo plazo? La administración Trump apuesta por sí. Pero los jueces, usuarios, científicos, economistas y ciudadanos parecen esperar otro resultado.

Mientras tanto, la historia se escribe entre demandas, fallos, cartas de despido y turbinas eólicas que dejan de girar antes de tiempo.