La nueva guerra cultural en EE.UU.: Prohibiciones, educación y banderas

Una movida silenciosa con grandes repercusiones

En los últimos meses, varios estados de Estados Unidos han adoptado o están considerando políticas que restringen profundamente la expresión política, la enseñanza de diversidad e inclusión, y los programas estudiantiles vinculados a la equidad. Este giro conservador se traduce en leyes que prohíben el uso de banderas del orgullo LGBTQ+ en edificios públicos, eliminan programas de diversidad en universidades y promueven programas de vales escolares que canalizan dinero público a la educación privada.

Utah y la prohibición de banderas no autorizadas

Utah se convirtió recientemente en el primer estado en prohibir formalmente que se enarbolen banderas LGBTQ+ en escuelas y edificios gubernamentales. A partir del 7 de mayo, cualquier edificio estatal o municipal en Utah que despliegue una bandera no autorizada —que no sea la nacional, estatal, militar o de una lista aprobada— sufrirá una multa de $500 por día.

Esta medida ha generado una fuerte tensión con Salt Lake City, la capital del estado, conocida por su postura liberal y su población LGBTQ+ significativa. En respuesta, las autoridades locales han iluminado sus edificios con luces arcoíris como forma de protesta.

El gobernador republicano Spencer Cox permitió que la ley se convirtiera en ley sin su firma, expresando serias reservas sobre el alcance de la medida. En una carta pública afirmó:

“A nuestra comunidad LGBTQ, sé que esta legislación reciente ha sido difícil. Puede que estas palabras parezcan vacías para muchos, pero sepan que lo digo con sinceridad: los amo y estoy agradecido por lo que aportan a nuestro estado.”

Aunque Cox comparte el propósito de mantener los espacios escolares libres de política partidaria, considera que la ley va más allá al limitar también la capacidad de los gobiernos locales para expresarse.

Ohio: el blanco de un asalto a la inclusión educativa

En Ohio, el Senado estatal ha aprobado una legislación que eliminaría los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en las universidades públicas. El llamado “Proyecto de Ley 1” también prohibiría las huelgas del profesorado y obligaría a todos los estudiantes universitarios a tomar un curso obligatorio de educación cívica.

Grupos como la American Civil Liberties Union (ACLU), la American Historical Association y diversas alianzas estudiantiles han instado al gobernador Mike DeWine a vetar la ley. Sin embargo, DeWine, también republicano, ha indicado su intención de firmarla, pese a las protestas y audiencias públicas masivas.

La directora de políticas de la ACLU en Ohio, Jocelyn Rosnick, criticó duramente la medida:

“Este proyecto de ley envía un mensaje claro y dañino a los estudiantes: que sus orígenes, experiencias y perspectivas únicas no son bienvenidos en Ohio.”

Además, advierte sobre el lenguaje vago del texto legal, que podría disuadir a los profesores de tocar temas considerados ‘controvertidos’ en clase, por miedo a represalias.

Vales escolares: ¿libertad de elección o desfinanciamiento educativo?

En Georgia, el debate se centra en el presupuesto que se asignará a un nuevo programa de vales escolares, que permitiría a los padres utilizar recursos estatales para inscribir a sus hijos en escuelas privadas o educarlos en casa.

El Senado estatal propone $141 millones, suficiente para más de 21,000 estudiantes, mientras que la Cámara de Representantes ha establecido un máximo de $46 millones. Este conflicto presupuestario podría influir directamente en el despliegue del programa, cuyo periodo de aplicación está en curso.

El senador republicano Blake Tillery defendió la medida en términos de rendimiento académico:

“Apoyamos un programa de vales porque los niños necesitan poder hacer algo mejor. Sus padres tienen que tener opciones para llevarlos a otro sitio. ¿Por qué? Porque les hemos fallado.”

Por el contrario, figuras demócratas como la senadora Nabilah Islam Parkes acusan al plan de ser un “traspaso de dinero público a manos privadas.”

Este tipo de programas han causado controversia en estados como Florida, Arizona y Ohio donde, tras expandir la elegibilidad de los vales, los presupuestos se desbordaron. Georgia limita el monto a 1% del gasto público en educación, pero muchos temen que sea solo el primer paso hacia algo mayor.

Una agenda compartida: restringir la diversidad para proteger “neutralidad”

Estas medidas no son casos aislados. Estados como Idaho y Florida están siguiendo caminos similares al de Utah al considerar o implementar legislación para restringir el uso de banderas del orgullo u otras que representen puntos de vista políticos. En una movida paralela, Florida ha intentado en sesiones legislativas anteriores –sin éxito– regular el uso de banderas en edificios públicos. Esta vez, los legisladores confían en que el contexto nacional faciliten su aprobación.

Detrás de estas iniciativas está una estrategia cultural clara: limitar el acceso a símbolos, políticas o programas que promuevan la inclusión y diversidad en nombre de una supuesta neutralidad ideológica.

El senador de Ohio, Jerry Cirino, ha defendido su proyecto diciendo que busca proteger la “diversidad intelectual” y que los programas DEI se han convertido en “discriminación institucionalizada” contra perspectivas conservadoras.

El expresidente Donald Trump también ha impulsado esta narrativa a nivel federal, cuestionando con frecuencia las iniciativas DEI. Incluso ha enfrentado demandas colectivas de empleados federales despedidos por su participación en programas de inclusión.

¿Qué significan estas políticas a nivel nacional?

Estas iniciativas reflejan una nueva etapa de la guerra cultural en Estados Unidos, centrada menos en las luchas religiosas tradicionales y más en definiciones contemporáneas de diversidad, representación e identidad cultural y política.

La retirada del Festival de Cine de Sundance de Utah también fue vista como parte del contexto político. Aunque los organizadores negaron cualquier motivación directamente política, sí mencionaron criterios como el ethos progresista y el ambiente acogedor en su decisión de mudarse a Boulder, Colorado.

En resumen, tanto prohibiciones de banderas, como vetos al DEI y expansiones de programas de vales, están entrelazados por una idea central: un sector conservador busca definir qué es apropiado o inaceptable en espacios públicos, educativos y gubernamentales.

Una batalla por el significado de la democracia educativa

En el fondo, lo que está en juego es la visión que tiene EE.UU. sobre su sistema educativo. ¿Debe la educación ser un terreno para reflejar la pluralidad del país o para promover una neutralidad impuesta desde el Estado? ¿Se debe proteger la exposición a diversas ideas, o suprimir aquellas particularmente ‘controvertidas’ para determinados sectores?

A medida que las elecciones presidenciales de 2024 se acercan, este tipo de leyes están destinadas a jugar un papel central en el debate político nacional. No se trata ya solo de educación o símbolos, sino del alma política de la nación: cómo educa, a quién visibiliza y qué narrativa adopta como oficial.

Y mientras Utah, Ohio y Georgia dan pasos firmes en esta dirección, otros estados observan, listos para copiar el modelo o para resistirlo con fuerza.