La guerra judicial de Trump: deportaciones, órdenes ejecutivas y una lucha por el poder
Cómo las recientes acciones legales y políticas de Donald Trump están reconfigurando el sistema judicial y político en Estados Unidos
Una nueva ofensiva legal desde la Casa Blanca
En las últimas semanas, la Casa Blanca bajo el liderazgo de Donald Trump ha intensificado una ofensiva legal y política sin precedentes contra instituciones judiciales, despachos de abogados y comunidades migrantes. Desde la reactivación de leyes de siglos pasados hasta el uso estratégico de órdenes ejecutivas, el expresidente busca consolidar su poder mientras se acerca la carrera por la presidencia de 2024.
La Ley de Enemigos Extranjeros: un fantasma del siglo XVIII
Una de las decisiones más controversiales ha sido el intento de la administración Trump por reactivar la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que otorga al presidente la autoridad para deportar ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra.
Trump utilizó esta ley para justificar la deportación de migrantes venezolanos, calificando a algunos como presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, a los cuales describió como "una fuerza invasora". Esta comparación fue utilizada como base para un decreto presidencial que, según la administración, protege al país de amenazas terroristas foráneas.
Sin embargo, el juez federal James E. Boasberg emitió una orden para detener inmediatamente estas deportaciones y solicitó el regreso de los migrantes que ya habían sido enviados en vuelos fuera del país. El gobierno, en un acto poco común, invocó el privilegio de secretos de Estado para no proporcionar más detalles, generando un conflicto directo con el poder judicial federal.
¿Juicios o linchamientos políticos?
Como consecuencia, un número creciente de aliados de Trump ha pedido el juicio político (impeachment) contra el juez Boasberg, acusándolo de obstaculizar decisiones legítimas del presidente en nombre de la seguridad nacional. Esta medida ha sido criticada ampliamente, incluso por el presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts, quien declaró que “el impeachment no es una respuesta adecuada a desacuerdos con decisiones judiciales”.
El caso ha captado la atención nacional e internacional, al poner en tela de juicio el equilibrio de poderes en el sistema democrático estadounidense.
Despachos de abogados bajo fuego
Simultáneamente, la administración Trump ha lanzado una serie de órdenes ejecutivas dirigidas contra firmas de abogados de renombre como Jenner & Block, Perkins Coie y WilmerHale. ¿La razón? La vinculación de algunos de sus antiguos empleados con investigaciones que apuntaban contra Trump en el pasado, incluyendo la del Fiscal Especial Robert Mueller durante la primera presidencia de Trump.
El caso más reciente involucra a Jenner & Block, una firma de más de 100 años, que ha demandado al gobierno federal alegando que la orden ejecutiva es “un abuso inconstitucional de poder” y representa una amenaza directa a los fundamentos del sistema legal. En su demanda, argumentan que el gobierno está castigando a los bufetes por representar a clientes que han sido críticos de la administración.
Esta serie de medidas ha generado alarma entre juristas y defensores de los derechos civiles. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha calificado esta estrategia de Trump como una forma de coerción estatal contra el sistema de defensa legal.
El epicentro político en Florida
En otro frente caliente, la política estatal de Florida está entrando en una fase decisiva. Con las elecciones de 2026 en el horizonte, el representante Byron Donalds ha lanzado oficialmente su campaña para convertirse en el próximo gobernador del estado, con el respaldo total de Donald Trump.
Donalds inauguró su campaña en un rally en Bonita Springs, Florida, buscando consolidar el apoyo de legisladores estatales y de la delegación republicana del estado. Aunque su nombre no es ampliamente conocido fuera de ciertos círculos conservadores, su cercanía con Trump lo convierte en un contendiente fuerte para la nominación republicana.
¿El regreso de los DeSantis?
Sin embargo, la posible candidatura de Casey DeSantis, esposa del actual gobernador Ron DeSantis, aparece como una sombra alargada sobre la campaña de Donalds.
Casey ha sido una figura clave del gobierno de su esposo, muy visible en medios y altamente influyente. Su aparición como candidata podría representar una fractura dentro del Trumpismo, enfrentando a dos alas del mismo movimiento político.
La familia DeSantis ha mantenido una relación algo ambigua con Trump en los últimos meses. Aunque han compartido momentos sociales —como un juego de golf con Trump en marzo— no han manifestado abiertamente su apoyo a Donalds.
El poder del aval de Trump
Históricamente, un respaldo de Trump ha resultado determinante en elecciones primarias republicanas. En 2018, el respaldo de Trump fue crucial para que Ron DeSantis ganara la gobernación de Florida.
Ahora, se espera que la misma fórmula se aplique en favor de Donalds. El respaldo personal de Trump, sumado al control sobre importantes grupos de donantes, podría cerrar la puerta a otros posibles candidatos republicanos como Matt Gaetz o Wilton Simpson.
Un laboratorio político para 2024
Florida se perfila como un escenario clave no solo para las elecciones estatales de 2026, sino también como campo de pruebas para estrategias de campaña que podrían usarse a nivel nacional en 2024 y más allá. Las ideas impulsadas allí —ya sea sobre inmigración, censura legal o reacciones judiciales— a menudo terminan teniendo eco en debates nacionales.
Todo lo que ocurre en Florida se sigue de cerca desde Washington D.C., ya que cualquier altercado entre figuras políticas podría afectar la agenda nacional del Partido Republicano.
¿Hacia una nueva era del poder presidencial?
Las acciones recientes de Trump indican una visión expansiva del poder presidencial, incluso más allá de lo que sugiere la Constitución. Invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, usar el privilegio de secretos de estado, atacar jueces federales, e implementar órdenes ejecutivas contra bufetes legales son pasos que marcan un nuevo nivel de confrontación institucional.
Algunos analistas consideran estas tácticas parte de un modelo más amplio inspirado en líderes autoritarios que combinan control legal, presión mediática y manipulación de narrativas para consolidarse en el poder.
Como escribió el historiador Timothy Snyder en su libro Sobre la tiranía: "El primer paso para desmantelar una democracia es atacar las instituciones que imponen límites al poder".
Un país al borde de definir su camino
Los próximos meses serán cruciales. Desde las respuestas judiciales a las órdenes ejecutivas hasta los movimientos estratégicos en la arena política de Florida, cada acción propuesta por la administración Trump está resonando con fuerza.
Mientras para unos representa el renacer del nacionalismo conservador estadounidense, para otros es una amenaza directa a los pilares democráticos que han definido al país por más de dos siglos.