Universidades bajo presión: ¿arma política o crisis educativa en EE.UU.?

Una tempestad política en el corazón de la academia

Durante décadas, las universidades estadounidenses han mantenido una relación estratégica con el gobierno federal, dependiendo de sus fondos para llevar adelante investigaciones punteras en ciencias, medicina y tecnología. Sin embargo, bajo la administración de Donald Trump, esa relación se ha tensionado peligrosamente.

En una ofensiva sin precedentes, el gobierno federal ha empezado a congelar o retirar fondos a instituciones de prestigio como Columbia University y la Universidad de Pensilvania, mientras se intensifican las investigaciones por presuntas fallas en el abordaje del antisemitismo o por programaciones «ilegales» de diversidad e inclusión. A medida que las universidades intentan ajustarse a nuevos requerimientos, muchos expertos aseguran que está en juego no solo la autonomía académica, sino el futuro científico del país.

Una economía basada en la investigación

De acuerdo con un análisis del National Center for Education Statistics y reportes federales, con la ayuda del Urban Institute, cerca de $33,000 millones en ingresos federales fueron recibidos por unas 100 universidades actualmente bajo investigación durante el ciclo académico 2022-2023. Estas cifras excluyen becas estudiantiles y ayudas residenciales, lo que implica que el monto real supera ampliamente esta cantidad.

En universidades de élite como Johns Hopkins, los fondos federales representan hasta el 40% de su presupuesto, con aplicaciones que van desde el diseño de misiles hasta investigaciones médicas sobre inmunología y salud mental. Columbia, por su parte, recibió cerca de $1,200 millones, el 20% de su presupuesto anual. Entre sus principales proyectos financiados destacan programas de investigación sobre el SIDA, el envejecimiento y la adicción a drogas.

“Parece que hoy cualquier universidad puede perder todo su financiamiento solo por haber cruzado una línea invisible”, resumió Jonathan Friedman, director de programas de libre expresión en PEN America.

Columbia, un ejemplo de presión estatal

Probablemente ningún caso ilustra mejor esta presión que el de Columbia University, blanco repetido de Donald Trump. La administración retuvo $400 millones en fondos, exigiendo cambios drásticos en su política de gestión de protestas y discursos antisraelíes, algo que muchos calificaron como una injerencia estatal en la autonomía académica.

“Gracias señor, lo apreciamos mucho”, se burló Trump desde la Casa Blanca, al referirse a cómo las universidades estaban cediendo ante sus presiones.

No obstante, las voces desde dentro del campus matizan la historia. Profesores y grupos por la libertad de expresión han señalado que la respuesta de la universidad constituyó una capitulación ante el chantaje financiero.

La ciencia en la cuerda floja

El impacto va más allá de la política. La ciencia estadounidense —una potencia global— se construyó en torno a la conexión entre el Estado y las universidades. Este modelo, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, cimentó la supremacía científica de EE.UU.

Hoy, esa misma infraestructura puede estar resquebrajándose. Johns Hopkins, por ejemplo, tuvo que anunciar 2,200 despidos debido a los recortes en subvenciones provenientes de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y otras agencias. Se trata de una de las instituciones responsables del desarrollo de tecnologías de defensa y tratamientos médicos innovadores.

“Enfrentamos tiempos difíciles, tanto para los pacientes que confían en nosotros como para los investigadores que buscan curas”, comunicó la universidad.

Una nueva estrategia de presión sin precedentes

Si bien la ley federal permite retirar fondos en casos de violación de derechos civiles, el procedimiento exige pasos formales: hallazgos preliminares, audiencia, notificación al Congreso y una espera de 30 días. Sin embargo, el equipo de Trump ha optado por una ruta más directa y agresiva: una lógica de castigo inmediato sin debido proceso.

“Más que decisiones basadas en hallazgos legales sustanciados, esto parece una estrategia de intimidación masiva”, comentó Michael Pillera, del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law.

La Universidad de Pensilvania perdió $175 millones en fondos del Departamento de Defensa y de Salud debido a la controversia en torno a una nadadora transgénero que dejó de competir en 2022. No hay indicios claros de que se haya seguido un procedimiento adecuado en esta decisión.

El daño colateral: los estudiantes

Las repercusiones del colapso en la financiación impactan directamente a estudiantes como Alyssa Johnson, quien planeaba especializarse en enfermedades de anfibios en Purdue University. Aceptada en un programa de investigación financiado por el gobierno, cambió su curso ante el temor de falta de financiamiento.

“Tuve una crisis vocacional causada por la actitud de esta administración hacia la ciencia y la comunicación científica”, explicó.

La situación también ha llevado a disminuir la cantidad de plazas en programas de posgrado en ciencias, limitando las oportunidades de los futuros científicos.

¿Dónde queda la libertad académica?

Más allá del dinero, lo que se ha encendido es un nuevo debate sobre los límites del poder presidencial sobre la educación. Cada acción, cada campaña de presión, genera temor en los claustros que durante décadas se han caracterizado por la libertad de pensamiento e investigación.

El director de universidades de una reconocida asociación de derechos civiles (quien pidió no ser identificado) comentó: “La investigación científica no puede convertirse en rehén de disputas partidistas. Lo que está en juego no es una universidad, sino el conocimiento mismo como bien público”.

En un contexto global donde China, India y la Unión Europea invierten crecientemente en educación superior y ciencia, muchos expertos consideran que EE.UU. no puede darse el lujo de minar su ventaja competitiva desde dentro.

“La clave del liderazgo estadounidense en el siglo XXI ha sido su sistema universitario”, escribió en un artículo reciente Norman Ornstein, politólogo en el American Enterprise Institute. “Debilitarlo por cuestiones ideológicas no solo es miope; es autodestructivo”.

Un dilema nacional

El conflicto no puede reducirse a una cuestión de corrección política o política partidista. La pregunta que atraviesa la situación es profunda: ¿puede un país basarse en el conocimiento mientras erosiona las instituciones que lo producen?

Mientras tanto, cada beca suspendida, cada laboratorio que reduce su actividad, cada estudiante que cambia de rumbo, representan una pérdida intangible en el desarrollo social del país.

La paradoja de este momento es evidente: en un mundo donde el conocimiento es poder, EE.UU. podría estar disparándose en el pie.