Privacidad, protección y política: El debate sobre los derechos transgénero en las escuelas de California

Una batalla legal y cultural en el corazón del sistema educativo

California ha sido desde hace décadas un estado pionero en regulaciones destinadas a proteger a las minorías. En esta ocasión, el frente de batalla se encuentra en las escuelas. El gobierno estatal, dirigido por el gobernador demócrata Gavin Newsom, aprobó una polémica ley en 2023 que prohíbe a los distritos escolares forzar a maestros y empleados a notificar a los padres si un estudiante decide cambiar su identidad de género en el entorno escolar.

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2024, y hoy se ha convertido en el eje de una investigación federal impulsada por la administración de Donald Trump. El Departamento de Educación argumenta que esta política puede violar la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), una ley federal que garantiza el derecho de los padres a acceder a los registros educativos de sus hijos.

¿Qué dice realmente la ley de California?

La legislación californiana impide a las escuelas adoptar políticas que obliguen al personal a revelar información sobre la orientación sexual o identidad de género de un estudiante sin su consentimiento, excepto cuando otra ley lo exija. Eso significa, por ejemplo, que si un adolescente desea ser llamado por un nuevo nombre o pronombres, el profesorado no está obligado a comunicarlo a sus padres.

La ley no prohíbe que el personal escolar opte por compartir la información con los progenitores; simplemente establece que no puede ser obligatorio hacerlo. Además, exige que el Departamento de Educación de California desarrolle recursos de apoyo para estudiantes LGBTQ+ y sus familias.

En palabras de David Goldberg, presidente de la Asociación de Maestros de California:

“La ley asegura que los estudiantes tengan un entorno seguro y de apoyo para aprender y desarrollarse sin temor a represalias.”

El argumento de la privacidad y la protección

Quienes respaldan la ley plantean una defensa de los derechos individuales de los menores. Algunos estudiantes viven en hogares donde su identidad de género no es aceptada, y forzarlos a revelar sus preferencias podría provocar violencia intrafamiliar, angustia emocional o incluso la expulsión de sus hogares.

Chris Ward, asambleísta demócrata y presidente del caucus LGBTQ+ en la Legislatura de California, rechaza de plano las acusaciones de encubrimiento y afirma:

“Requerir la exposición de estudiantes sin su consentimiento infringe la Constitución de EE.UU. Estas son políticas inmoralmente invasivas.”

La ley busca equilibrar el derecho a la privacidad del estudiante con el rol de la escuela como espacio seguro. Estudios, como los publicados por The Trevor Project y la American Psychological Association, muestran que los estudiantes transgénero y no binarios enfrentan tasas significativamente más altas de depresión, ansiedad y suicidio cuando sufren rechazo en sus hogares o escuelas.

¿Qué argumenta la oposición?

Organizaciones conservadoras, algunos padres e incluso autoridades escolares locales, como el distrito de Chino Valley Unified, se han sumado a la oposición, argumentando que esta política viola sus derechos parentales. Incluso han presentado demandas contra el estado de California.

El miembro de la junta escolar de Roseville City, Jonathan Zachreson, expresó:

“Los distritos escolares no deberían tener políticas que mantengan secretos de los padres. Quiero una guía legal clara que impida esto.”

Desde el punto de vista del gobierno de Trump, la ley es parte de lo que consideran una “agenda radical” sobre identidad de género. La secretaria de Educación, Linda McMahon, condenó la política enérgicamente:

“Es inmoral y posiblemente ilegal que las escuelas californianas oculten información crítica sobre el bienestar de un estudiante a padres y tutores.”

La administración, además, amenazó con retirar los fondos federales si se determina que la ley infringe la normativa nacional.

Los antecedentes: ¿Por qué se necesitaba esta ley?

En 2023, el legislador republicano Bill Essayli presentó una propuesta de ley que habría obligado a las escuelas a notificar a los padres dentro de tres días si un estudiante cambiaba su nombre o pronombres. Aunque el legislativo, dominado por los demócratas, bloqueó la iniciativa, algunos distritos comenzaron a aplicar sus propias políticas.

Esto llevó al gobierno estatal a establecer un frente jurídico contra estas medidas locales. La disputa con el distrito escolar de Chino Valley fue la más destacada. Su norma fue luego modificada para referirse únicamente a cualquier cambio solicitado en los registros escolares, sin hacer mención explícita a cuestiones de identidad de género.

¿Y qué implicaciones tiene para el resto del país?

La legislación de California es única en su tipo, convirtiéndose en el primer estado que prohíbe a los distritos imponer políticas de notificación obligatoria. Pero el debate tiene eco nacional en el contexto de una oleada de legislación en estados conservadores que busca restringir los derechos de las personas trans, desde la prohibición de tratamientos de afirmación de género hasta la exclusión de atletas trans en deportes femeninos.

Según Human Rights Campaign, en 2023 se introdujeron más de 550 leyes anti-LGBTQ+ en legislaturas estatales, más del doble que en 2022. Estados como Texas, Florida y Missouri han implementado normas que obligan a notificar a los padres en situaciones similares a las que prohíbe California.

La colisión entre políticas inclusivas y visiones conservadoras sobre el papel de los padres en la educación de sus hijos promete intensificar este debate durante compañías presidenciales como la del propio Trump, que prepara una vuelta a la Casa Blanca con nuevas órdenes ejecutivas dirigidas a los derechos trans.

Otros frentes abiertos: salud y deporte

Además de la ley de privacidad, la administración Trump ha solicitado al estado de California que envíe el material y el currículo de un programa de educación sexual financiado con fondos federales. El Departamento de Salud revisará si estos contenidos son "médicamente precisos y apropiados para la edad".

Y no sólo eso: otro tema candente es el deporte escolar. En 2013, California fue el primer estado en permitir que estudiantes participaran en equipos acorde con su identidad de género, independientemente de su sexo asignado al nacer. Hoy, esa ley está bajo amenaza tras la presentación de un proyecto republicano que quiere revocarla.

El gobernador Newsom, aunque defensor de los derechos LGBTQ+, ha generado polémica por algunas declaraciones donde manifestó que la participación de atletas trans en deportes femeninos puede ser "injusta". Hasta ahora, no ha tomado una postura oficial sobre el nuevo proyecto de ley.

Una tendencia generacional

Según una encuesta de Pew Research Center en 2023, el 65% de los estadounidenses entre 18 y 29 años cree que las personas deberían poder cambiar su género legal, frente al 32% en los mayores de 65 años. La opinión pública muestra una clara división generacional.

Además, el 57% de los jóvenes cree que las personas trans enfrentan mucha discriminación, mientras que sólo el 38% de los mayores comparte esa apreciación. Estas cifras explican en parte por qué legisladores más jóvenes o progresistas buscan robustecer derechos que otros desean desmantelar.

¿Quién tiene la última palabra?

El conflicto entre el gobierno federal y California probablemente escale hasta el sistema judicial. La Corte Suprema, con su composición marcadamente conservadora desde 2020, podría tener en sus manos una decisión histórica sobre los límites del poder estatal versus federal en políticas de identidad de género dentro del sistema escolar.

Mientras tanto, estudiantes, docentes y familias—tanto progresistas como conservadoras—se encuentran en el centro de un debate cultural que va más allá del aula: ¿Deberían los derechos de privacidad y afirmación de los estudiantes prevalecer sobre los derechos parentales? La respuesta, sin duda, reflejará el rumbo político y social de una nación profundamente dividida.