Persecuciones Policiales en Hawái: ¿Seguridad pública o riesgo innecesario?

Por años, la falta de normas claras sobre las persecuciones policiales en Hawái ha dejado un vacío legal que pone en peligro a los ciudadanos. La búsqueda de una política coherente enfrenta tensión entre el poder legislativo y la recién creada Junta de Normas de Cumplimiento de la Ley. ¿Qué hay en juego y qué nos dice esta polémica sobre cómo legislar la seguridad pública?

El caos en la persecución: un problema vivo en las calles de Hawái

Las persecuciones de vehículos por parte de policías en Hawái han sido foco de atención debido a su desenlace trágico en numerosas ocasiones. Lo que podría parecer una decisión de segundos tiene consecuencias profundas. Según un análisis de Civil Beat de 2021, casi un 33% de las persecuciones policiales en la isla de Oʻahu, entre 2017 y 2019, resultaron en colisiones, y cerca de la mitad ocasionaron lesiones a civiles o sospechosos.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2021, cuando agentes del Departamento de Policía de Honolulu (HPD, por sus siglas en inglés) persiguieron a un Honda Civic tras romper una fiesta en Māʻili Beach Park. La persecución, que alcanzó velocidades superiores a los 160 km/h (100 mph), terminó con el automóvil estrellándose contra un muro de concreto. El saldo fue devastador: seis jóvenes heridos de gravedad, uno de ellos paralizado, el conductor en coma durante meses, y tres policías enfrentando cargos criminales.

La ausencia de una política estatal uniforme

Desde 2018, la Junta de Normas de Cumplimiento de la Ley de Hawái (Hawaiʻi Law Enforcement Standards Board) tiene como mandato aprobar políticas estatales sobre temas como las persecuciones policiales. Sin embargo, hasta hoy no ha emitido una política al respecto. Como resultado, cada departamento policial ha desarrollado su propia normativa, con criterios y límites dispares.

Esta falta de estandarización ha motivado a legisladores a intervenir. El proyecto HB 277, impulsado por el representante David Tarnas, plantea imponer ciertos criterios a las agencias del estado, como:

• Requerir autorización del supervisor antes de iniciar una persecución.
• Establecer protocolos para poner fin a una persecución.
• Prohibir persecuciones por delitos menores.
• Obligar a reportar los datos de las persecuciones al estado.

Pero esta iniciativa legislativa ha desatado una batalla de competencia entre el Congreso estatal y la junta de normas.

La resistencia desde los cuerpos policiales

La oposición no solo viene de la Junta, sino también de las policías locales y sus sindicatos. El sindicato policial más grande del estado, State of Hawaii Organization of Police Officers, calificó el proyecto HB 277 como “peligroso y mal concebido”, por considerar que limita la capacidad de respuesta policial.

El mayor James Slayter, del HPD, argumentó que la intervención legislativa ignora las realidades operativas de una persecución: “Estás tomando decisiones basadas en tus observaciones y el total de las circunstancias. No siempre puedes llamar a tu supervisor antes de actuar. Cada segundo cuenta”.

La versión original del proyecto incluso prohibía iniciar persecuciones por infracciones menores, alineándose con recomendaciones de organizaciones nacionales como Police Executive Research Forum. Sin embargo, esa cláusula fue eliminada tras ejercer presión los departamentos y sus portavoces.

¿Qué dice la experiencia nacional?

No es la primera vez que un estado intenta regular las persecuciones por ley. En Míchigan, la policía estatal restringió las persecuciones solo si había causa probable de un delito violento. Washington adoptó un estándar similar, pero tuvo que retroceder a causa del aumento de delitos no interceptados, según dijeron las autoridades.

Este debate sobre cuándo vale la pena perseguir a un delincuente está teñido de matices éticos: ¿vale arriesgar vidas por evitar que alguien huya tras una infracción de tránsito? El propio Tarnas fue claro al justificar su propuesta: “¿Vale la pena poner en riesgo al público por alguien que huye por un delito menor?”

Retrasos y deficiencias administrativas

Parte del problema es que la Junta de Normas de Cumplimiento de la Ley de Hawái no ha estado a la altura de su mandato. Aunque fue creada en 2018, el presupuesto estatal no le asignó fondos suficientes para iniciar operaciones hasta hace relativamente poco. Su primer empleado full-time, el administrador Victor McCraw, fue contratado en octubre de 2024.

Además, la junta tuvo problemas de agenda para reunir a sus miembros, ya que está compuesta por altos funcionarios, dificultando tomar decisiones ejecutivas. Muchos legisladores han perdido la paciencia, como el senador Chris Lee: “Al final del día, el público no se preocupa por qué agencia resuelve un problema, solo quiere que se resuelva correctamente”.

La batalla entre el Capitolio y la junta

La junta, bajo la presidencia del vicefiscal Adrian Dhakhwa, defiende su autonomía para formular políticas con base técnica y consenso institucional. Argumenta que imponer medidas por ley sería contraproducente y menos efectivo.

Dhakhwa usa una metáfora para ilustrar su postura: “¿Es más fácil lograr que los niños coman sus vegetales si ellos mismos los escogen, o prefieres entrar en una guerra para obligarlos?”

Pero el dilema persiste. Mientras la junta trabaja para recopilar datos y políticas ya existentes en todos los condados, no ha dado una fecha concreta para emitir una recomendación. El plazo para que la junta esté totalmente operativa vence en julio de 2026, pero este asunto parece urgente.

Una legislación necesaria, pero ¿imperfecta?

Aunque los legisladores podrían aplazar nuevamente el proyecto de ley a la espera de la propuesta técnica de la junta, la necesidad de actuar sigue presente. Difícilmente desaparecerá del debate público. Tarnas ha insistido en su empeño de regresar con el proyecto en 2025 si no se logran resultados concretos antes de fin de 2024.

“No me voy a rendir. Seré educadamente persistente para lograrlo, pero también quiero asegurarme de que lo hagamos bien”, declaró.

Por ahora, mientras el número de casos sigue creciendo y millones de dólares en demandas siguen golpeando las arcas públicas, Hawái espera que sus líderes políticos y sus agencias de seguridad puedan responder a una pregunta clave: ¿cómo evitar que la persecución de la ley no acabe en la tragedia de los gobernados?

Fuente principal: Reportaje publicado originalmente por Honolulu Civil Beat.