La guerra legal del aborto: Nueva York desafía a Texas en defensa de la telemedicina
Un condado de Nueva York se niega a ejecutar una sentencia de Texas contra una doctora que recetó píldoras abortivas, avivando el debate sobre los derechos reproductivos y las leyes estatales.
El choque entre Texas y Nueva York por el aborto
La lucha por los derechos reproductivos en Estados Unidos tomó un nuevo giro cuando el condado de Ulster, en Nueva York, se negó a aplicar un fallo judicial de Texas contra la doctora Margaret Carpenter. La médica fue condenada a pagar más de $113,000 por prescribir píldoras abortivas a una paciente en Texas a través de telemedicina, una práctica prohibida en ese estado pero protegida por la legislación de Nueva York.
Este caso marca un punto de inflexión en la batalla legal sobre el aborto, ya que enfrenta directamente las leyes restrictivas de Texas con la política de “ley escudo” de Nueva York, diseñada para proteger a los proveedores de servicios de salud reproductiva que atienden a pacientes en estados con prohibiciones del aborto.
¿Qué son las leyes escudo y por qué importan?
Las llamadas “leyes escudo” han sido impulsadas en al menos ocho estados, incluyendo Nueva York, para proteger a médicos y proveedores de aborto frente a demandas o juicios en estados que han prohibido el procedimiento. Estas leyes pretenden bloquear cualquier intento de extraditar o sancionar legalmente a dichos proveedores.
En este caso, la doctora Carpenter no asistió a la audiencia en Texas, lo que llevó a que se emitiera un fallo en su contra por defecto. Texas ahora busca hacer cumplir la sentencia en Nueva York, lo cual parece poco probable dado el rechazo del condado de Ulster.
El papel de los gobernadores en la batalla
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha sido una firme defensora del derecho al aborto y elogió la decisión del condado de Ulster. “New York es un estado seguro para el acceso a la salud reproductiva, y continuaremos defendiendo a quienes brindan este servicio a las mujeres que lo necesiten”, dijo Hochul en un comunicado.
Por otro lado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha tomado una postura agresiva contra la provisión de abortos, incluso fuera de su estado. Su oficina ha buscado hacer cumplir sanciones financieras contra cualquier proveedor que infrinja la ley de Texas, aunque esto ocurra en otro estado.
El precedente que podría sentar este caso
La negativa de Nueva York a ejecutar la sentencia texana podría generar un precedente importante en futuras disputas legales entre estados con posiciones opuestas sobre el aborto. Si Texas pierde este intento de hacer cumplir su fallo en otro estado, esto podría desalentar futuros litigios similares.
Sin embargo, es probable que el caso termine en tribunales federales, donde la composición del sistema judicial puede influir en la interpretación de la ley constitucional en cuanto a los derechos de los estados a hacer cumplir sus propias regulaciones fuera de sus fronteras.
La telemedicina como campo de batalla
El uso de la telemedicina en la provisión de servicios de aborto es una tendencia creciente, especialmente después de la decisión de la Corte Suprema en 2022 que revocó Roe v. Wade. Según el Instituto Guttmacher, los abortos con medicamentos representaron más del 50% de todos los abortos en EE.UU. en 2020, y esta cifra ha ido en aumento.
La doctora Carpenter forma parte de la Abortion Coalition for Telemedicine, una organización dedicada a ofrecer acceso a abortos médicos de forma remota. Su caso pone en evidencia la brecha creciente entre los estados que buscan restringir este acceso y aquellos que protegen su práctica.
El futuro incierto del acceso al aborto en EE.UU.
Este enfrentamiento entre Texas y Nueva York es solo un episodio en la guerra legal más amplia en torno al acceso al aborto en Estados Unidos. Con batallas similares desarrollándose en otros estados, la falta de un marco legal federal uniforme sigue dejando el destino de los derechos reproductivos en manos de gobiernos estatales con agendas radicalmente opuestas.
El resultado de este caso podría reforzar la protección para proveedores de aborto en estados progresistas o, por el contrario, otorgar a estados como Texas nuevas herramientas para perseguir legalmente a quienes faciliten abortos a sus residentes. Lo que está claro es que la lucha por los derechos reproductivos en EE.UU. está lejos de haber terminado.
