Democracia a tiros: las elecciones fantasmas de Myanmar bajo la sombra militar

Por: Autor Invitado

Una celebración marcada por el poderío militar

El 27 de marzo de 2025, Myanmar celebró el 80º aniversario del Día de las Fuerzas Armadas, una fecha cargada de simbolismo nacional que conmemora el alzamiento contra la ocupación japonesa en 1945. El acto principal, realizado en la capital, Naypyitaw, contó con la presencia de más de 7,000 efectivos que desfilaron frente al jefe militar, el General Min Aung Hlaing, al compás de salvas aéreas y banderas ondeantes.

Pero más allá del espectáculo castrense, el evento fue una tribuna política. El general anunció, una vez más, su intención de celebrar elecciones generales en diciembre de 2025, aunque con una salvedad crucial: estarán condicionadas por la seguridad regional.

¿Elecciones libres en un país bajo ocupación interna?

Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, cuando el ejército birmano derrocó al gobierno democráticamente electo de Aung San Suu Kyi, Myanmar se ha sumido en una espiral de violencia. El régimen militar ha sido incapaz de controlar más de la mitad del territorio nacional, encontrando una férrea resistencia armada de diferentes grupos étnicos y milicias prodemocracia.

En este contexto, la promesa de elecciones «libres y justas» suena vacía. Buena parte de las figuras del partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), están encarceladas, exiliadas o han desaparecido. Además, las instituciones democráticas han sido desmanteladas, la prensa libre ha sido clausurada y centenares de presos políticos siguen tras las rejas. Suu Kyi, ícono de la resistencia política birmana, cumple una condena de 27 años de prisión.

La narrativa del régimen: fraude y legalismo a conveniencia

Min Aung Hlaing reiteró en su discurso una versión desacreditada: que el golpe fue necesario por el supuesto fraude electoral en noviembre de 2020. Sin embargo, los observadores internacionales no encontraron irregularidades significativas en los comicios ganados ampliamente por la NLD.

“Nuestra intención es realizar elecciones limpias para transferir el poder”, afirmó el general. La paradoja salta a la vista: ¿cómo garantizar comicios justos si el árbitro, los jueces, los partidos opositores y los medios están bajo el control de un régimen represor?

Represión y guerra: el otro rostro del poder

Más allá de los discursos institucionales, Myanmar vive una guerra civil no declarada. Desde el golpe hasta 2024, más de 3,000 civiles han muerto, según cifras de la ONG Assistance Association for Political Prisoners. Las fuerzas de seguridad ejecutan ataques aéreos, bombardeos y ofensivas terrestres contra poblaciones civiles acusadas de simpatizar con la resistencia armada.

La región de Sagaing, por ejemplo, ha sido epicentro de masacres y quema sistemática de aldeas, una estrategia de tierra arrasada que recuerda los peores episodios del siglo XX. Incluso la minoría rohingya, desplazada tras la limpieza étnica de 2017, sigue siendo víctima de agresiones.

¿Una estrategia internacional para el reconocimiento?

Observadores políticos creen que con la promesa electoral, la junta militar intenta legitimarse internacionalmente y acceder a financiamiento y acuerdos diplomáticos. “El régimen necesita mostrar alguna fachada democrática para romper su aislamiento global”, explicó a Reuters Richard Horsey, analista del International Crisis Group.

La visita de Min Aung Hlaing a Belarús en marzo —uno de sus escasos aliados internacionales— refuerza su intención de construir una red de apoyo entre gobiernos autoritarios. Durante la visita, el general confirmó que 53 partidos políticos han registrado su candidatura, aunque buena parte de ellos son satélites pro-militares.

¿Quién podrá votar?

Uno de los puntos más oscuros de este presunto proceso electoral es la logística y legitimidad del sufragio. Con vastas zonas del país controladas por milicias opositoras, es probable que millones de ciudadanos no tengan acceso a urnas, ni seguridad para ejercer su derecho.

Además, el nuevo sistema electoral aprobado por el régimen favorecería una modalidad proporcional-mixta que podría fragmentar el voto opositor y beneficiar al partido Unión Solidaria y Desarrollo (USDP), brazo político del ejército.

Ametralladoras y urnas: la paradoja de Myanmar

El escenario que plantea el régimen es tan surrealista como inquietante: organizar elecciones generales mientras reprime, tortura y cometió crímenes de lesa humanidad según denuncias de la ONU.

Las elecciones no son en sí mismas garantía democrática. El exsecretario general de la ONU Kofi Annan lo dijo alguna vez: “La democracia no es sólo organizar elecciones, sino garantizar libertades, justicia y participación honesta.” Y en Myanmar, ninguno de esos factores está presente.

La comunidad internacional: ¿testigos silentes?

Desde el golpe, múltiples países han impuesto sanciones y denunciado abusos, pero su impacto ha sido limitado. China y Rusia continúan respaldando al régimen en el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueando resoluciones clave. Por otro lado, el apoyo humanitario es mínimo.

La ONU ha estimado que 17,6 millones de personas —más de un tercio del país— necesitan ayuda humanitaria urgente. La falta de financiamiento internacional ha obligado incluso a racionar alimentos a los refugiados rohingyas en Bangladesh.

¿Qué sigue?

Min Aung Hlaing quiere entrar en la historia como un reformador, pero su legado está teñido de sangre. Las promesas electorales del régimen, lejos de ser un camino hacia la reconciliación, parecen más una estrategia de encubrimiento. Es un intento de blindar al ejército y proteger a sus altos mandos con impunidad legal antes de que sean desplazados o desafiados desde dentro.

Mientras tanto, Aung San Suu Kyi, en prisión desde hace más de tres años, sigue siendo el símbolo de la democracia mancillada. Su figura divide opiniones, pero su rol en la historia birmana es innegable.

En cada esquina de Myanmar, el dilema continúa: ¿cómo puede sembrarse democracia con bayonetas en mano?