¿Educación o Exclusión? El cierre del Departamento de Educación y la batalla por los derechos civiles en EE.UU.

Una orden ejecutiva que sacude décadas de política educativa

El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que busca el cierre del Departamento de Educación de Estados Unidos, argumentando que los programas federales han fallado tanto a estudiantes como a maestros. "El experimento de controlar la educación a través de programas y dólares federales ha fracasado", proclamó. Pero detrás de esta declaración se esconde una batalla de ideologías que se ha desarrollado durante más de 150 años: ¿Debe el gobierno federal garantizar el acceso equitativo a la educación o se debe delegar todo el poder a los estados y comunidades locales?

Una decisión con ecos históricos

La educación ha sido una pieza clave en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. El primer intento de establecer un Departamento de Educación se remonta a 1867, durante la era de la Reconstrucción, como una herramienta para mejorar la alfabetización y formación técnica de la población no blanca, especialmente la afrodescendiente que había sido liberada tras la Guerra Civil. Sin embargo, el departamento fue rápidamente desmantelado por políticos del sur que temían la intervención federal en la educación.

No fue sino hasta 1979, bajo la administración de Jimmy Carter, cuando se restableció un Departamento federal de Educación con plena autoridad. Desde entonces, ha sido una institución clave en la aplicación de leyes de derechos civiles en las escuelas, incluyendo la igualdad de acceso y la lucha contra la discriminación por raza, género, discapacidad, entre otros factores.

¿Igualdad o competencia?

Los defensores del cierre del departamento, incluidos muchos conservadores y republicanos, argumentan que devolver el control a los estados permitirá una mejor adaptación educativa a las necesidades locales. Organizaciones como American Federation for Children, encabezada por Tommy Schultz, celebraron la orden de Trump como un paso hacia la expansión de la llamada “elección escolar”, un enfoque que promueve opciones como escuelas charter, homeschooling y cupones gubernamentales para asistir a escuelas privadas.

Según Schultz, “Trump no solo ha desmontado un aparato burocrático ineficaz en Washington D.C., sino que ha impulsado la libertad educativa en cada estado”. Este enfoque busca aplicar una lógica de mercado al sistema educativo, promoviendo la competencia entre instituciones para mejorar la calidad.

No obstante, críticos argumentan que estas políticas profundizan las desigualdades existentes. Maya Wiley, presidenta de la Leadership Conference on Civil and Human Rights, advirtió: “La orden de Trump atenta directamente contra las escuelas y el derecho a la educación. No se trata de eliminar, sino de mejorar el Departamento, que representa una vía de rendición de cuentas y equidad para las familias marginadas”.

El papel del Departamento en la defensa de derechos

Una de las funciones esenciales del Departamento de Educación ha sido la protección contra la discriminación mediante su Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés). Tras la orden ejecutiva de Trump, se anunció la posibilidad de trasladar esta oficina al Departamento de Justicia, generando inquietud entre activistas.

Janai Nelson, presidenta del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, lo dijo claramente: “La justificación de que el cierre del departamento empoderará a los estados es una falacia que nos lleva a rememorar las épocas de segregación legalizada”.

Michael Pillera, exabogado de la misma oficina, añadió: “La orden destruirá las protecciones civiles que garantizan oportunidades educativas para todos, especialmente para estudiantes afroamericanos y de otras minorías”.

El riesgo de regresar al pasado

Para comunidades históricamente marginadas, como la afroamericana, el acceso a la educación ha sido una herramienta vital de movilidad social. Las universidades y colegios históricamente negros (HBCUs) no solo fortalecieron el desarrollo económico de la comunidad, sino que también fueron semilleros clave para el movimiento por los derechos civiles.

Eliminar las protecciones federales podría dejar a los estudiantes más vulnerables sin recursos legales para enfrentarse a prácticas discriminatorias en sus escuelas. El representante Sharif El-Mekki, fundador del Center for Black Educator Development, lo resumió así: “Confiar exclusivamente en los estados es muy peligroso. El concepto de 'derechos de los estados' a menudo ha significado el derecho a excluir, segregar o abandonar a estudiantes afroamericanos, latinos, indígenas e inmigrantes”.

Un Congreso dividido y una ley cuestionada

La coalición formada por el NAACP, la Asociación Nacional de Educación (NEA) y otros grupos de derechos civiles ha interpuesto una demanda contra Trump. Argumentan que la eliminación del Departamento de Educación es inconstitucional, ya que solo el Congreso puede desmantelarlo, dado que lo estableció en 1979.

La congresista Jahana Hayes, exmaestra y legisladora demócrata por Connecticut, presentó un proyecto de ley para bloquear la orden presidencial, afirmando que “esta medida es incoherente y pone en riesgo una de nuestras instituciones más importantes”. Aunque el proyecto no tiene muchas posibilidades de avanzar en la Cámara baja controlada por los republicanos, destaca el tono combativo que la oposición está dispuesta a adoptar.

Números que reflejan la disparidad

• Más del 70% de las denuncias por discriminación en educación son investigadas por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento.
• Según el National Center for Education Statistics, los estudiantes afroamericanos tienen una probabilidad tres veces mayor de ser suspendidos o expulsados que sus compañeros blancos.
• Un estudio del 2022 de la Brookings Institution determinó que las políticas de “school choice” han aumentado la segregación racial y económica en ciertas ciudades.

¿Qué futuro espera sin un Departamento federal?

Desde la administración se asegura que servicios esenciales como el apoyo a estudiantes con discapacidad no se verán afectados. Linda McMahon, actual Secretaria de Educación, prometió eliminar la “burocracia innecesaria” y preservar ayudas clave. Aun así, las voces críticas señalan que sin un organismo centralizado, resulta incierto quién fiscalizaría a los estados que no cumplan con sus responsabilidades.

Lo que está en juego es mucho más que una agencia gubernamental. Es la idea misma de que el Estado tiene una responsabilidad moral, política y jurídica de garantizar una educación de calidad para todos, especialmente para quienes históricamente han sido excluidos. Como expresó Maya Wiley: “Arreglen el sistema, no lo destruyan. Necesitamos más equidad, no menos”.

Este capítulo, todavía en desarrollo, bien podría redefinir la educación estadounidense para las próximas generaciones. ¿Será recordado como un acto de liberación educativa o como un retroceso histórico en los derechos civiles?